QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Human Rights Watch (HRW) ha emitido un comunicado este lunes acusando al gobierno venezolano de someter a decenas de presos políticos a condiciones de «aislamiento» y «tortura». Según HRW, estos individuos están siendo reprimidos de manera «brutal» y mantenidos incomunicados por períodos extendidos, incluyendo meses o incluso años.
«La falta de comunicación y la negativa a recibir visitas se ha convertido en una forma de tortura que provoca sufrimiento a aquellos que están entre rejas, pero también a sus familiares y allegados», explica la organización en un documento redactado junto al Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).
HRW y el CLIPPVE han instado a la comunidad internacional a «utilizar los foros existentes para presionar a favor de los derechos de estos presos», tras documentar al menos 19 casos de incomunicación total en prisiones venezolanas. «En la mayoría de estos casos, los detenidos tienen vínculos con partidos de la oposición», señalan desde estas organizaciones.
Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, ha hecho un llamamiento para que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos para asegurar la liberación de estos detenidos. Desde agosto, las autoridades han liberado a 13 presos políticos, incluido Américo de Grazia, un líder opositor que fue «secuestrado en 2024 cuando se dirigía a una cita médica». «Su familia se pasó 380 días sin saber de él», revela el informe, añadiendo que la mayoría de los detenidos están en la prisión del Helicoide, en Caracas, donde, según la misión de la ONU, existen «cámaras de tortura».
Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, sigue incomunicado desde su arresto en julio de 2024. Su familia ha sido informada de que fue trasladado desde el Helicoide junto con el periodista Roland Carreño, pero las autoridades no han confirmado su paradero actual.
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS
Las familias de los detenidos han iniciado «medidas de búsqueda» en centros de detención y morgues para tratar de obtener información sobre sus seres queridos, recurriendo a veces a «sobornos» para los guardias de seguridad. Sairam Rivas, coordinadora de la CLIPPVE y pareja del preso político Jesús Armas, describe la situación como una «continua angustia e incertidumbre», mientras esperan cualquier señal de vida de los prisioneros.
A pesar de los esfuerzos, cuando las familias consiguen algo de información, las visitas son frecuentemente rechazadas. «Se les entrega la ropa sucia de sus seres queridos y notas en las que les piden objetos. Esa es la única prueba que tienen de que están vivos. Algunas familias tienen que viajar y atravesar miles de kilómetros para lograr estas mínimas interacciones», concluye el comunicado.
