La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que contratistas militares privados colombianos, presuntamente fichados por una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), habrían transitado por instalaciones castrenses emiratíes antes de ser enviados a Sudán para respaldar a las “abusivas Fuerzas de Apoyo Rápido” (RSF).
“EAU está ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra”, ha recalcado la ONG en un comunicado en el que presenta su informe ‘De Bogotá a El Fasher: El papel de EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán’.
En dicho informe, HRW sostiene que “desde 2024” la empresa de seguridad Global Security Services Group (GSSG, por sus siglas en inglés), con sede en Abu Dabi, “contrató a cientos de contratistas militares privados colombianos que fueron desplegados en Sudán para participar en hostilidades junto a las RSF, que combaten contra las Fuerzas Armadas sudanesas”.
La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, vincula este reclutamiento con el “creciente conjunto de evidencias de que EAU brinda apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, a las que atribuye la comisión “repetida” de “crímenes atroces” en el país africano. Por ello, reclama a los gobiernos de todo el mundo “exigir públicamente” que Emiratos “deje de suministrar armas, equipo, personal y otro tipo de apoyo militar” a las RSF.
Según el documento, esta campaña de contratación habría sido organizada por actores privados y los efectivos “pasaban por una base militar de EAU en Giyazi y lo que parece ser una instalación militar en Al Wazba”, ambas en el Emirato de Abu Dabi. Un contratista colombiano relató a la ONG que, al aterrizar en Emiratos, “se saltó los controles de inmigración” y fue trasladado directamente a la base, donde recibió instrucción de personal emiratí.
La presencia de colombianos en Sudán salió a la luz a raíz de varios vídeos difundidos en redes sociales en noviembre de 2024. Las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados, una alianza de grupos armados próximos al Ejército sudanés, grabaron la interceptación de un convoy de colombianos que había entrado en Sudán desde Libia.
HRW, por su parte, “verificó y geolocalizó” grabaciones en las que se observa a contratistas militares privados extranjeros, aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher durante la ofensiva con la que las RSF tomaron la ciudad en el otoño de 2025. La ONG subraya que, durante esa operación, la población civil sufrió abusos generalizados, como asesinatos, violaciones, hambruna y ataques dirigidos contra personas con discapacidad.
Seis testigos presenciales aseguraron haber visto combatientes foráneos “blancos” en el escenario de las matanzas atribuidas a las milicias. Según el comunicado de Human Rights Watch, estos hombres llevaban el mismo equipamiento de protección que se aprecia en los vídeos: cascos, chalecos antibalas y rodilleras.
Reclutamiento de menores y respuesta de Emiratos
Otro contratista colombiano entrevistado por la organización afirmó haber instruido a reclutas de las RSF en campamentos situados en los alrededores de Nyala, en el oeste de Sudán, utilizados habitualmente por las fuerzas paramilitares como su “base principal” en Darfur del Sur. En estas sesiones de entrenamiento, indicó, “muchos reclutas eran niños pequeños”.
El Derecho Internacional prohíbe el reclutamiento y uso de menores en hostilidades, y considera crimen de guerra la incorporación de niños menores de 15 años a grupos armados. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya había confirmado al menos 16 casos de reclutamiento de menores por parte de las RSF en 2024, motivo por el que incluyó al grupo en la “lista de la vergüenza” de Naciones Unidas por “graves violaciones” contra la infancia en conflictos armados.
EAU ha rechazado tajantemente haber proporcionado apoyo militar directo a las Fuerzas de Apoyo Rápido y sostiene que su intervención se limita a asistencia humanitaria. HRW cuestiona esta versión y argumenta que “las autoridades estatales emiratíes deberían estar, y parecerían estar, plenamente al tanto de las actividades que tienen lugar en territorio emiratí, y específicamente en propiedades gubernamentales y bases militares” porque se trata de un “Estado autoritario altamente centralizado”.
La ONG afirma haber remitido, sin obtener contestación, resúmenes de sus hallazgos a Global Security Services Group, a las autoridades de Emiratos y a otros actores implicados. Además, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a “pedir a su grupo de Expertos sobre Sudán que investigue a GSSG, incluido Mohamed Hamdan al Zabi --a quien el fundador Ahmed Mohamed al Humairi transfirió sus acciones--, por su aparente papel de apoyo a las RSF en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU de 2004 sobre Darfur.
HRW también reclama que el Consejo encargue al Grupo de Expertos indagar sobre otros actores, incluidas empresas privadas que puedan estar colaborando con las Fuerzas de Apoyo Rápido, y que se impongan sanciones a personas y entidades que sostengan a las RSF. Asimismo, pide que la Unión Europea y la Unión Africana abran investigaciones sobre la compañía de seguridad y sobre Al Zabi “con miras a adoptar sanciones específicas”.
“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, ha concluido Segun, llamando a los “gobiernos a nivel global” a “dejar de aceptar las negativas poco creíbles de EAU respecto a su apoyo a las RSF” y a “poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.