QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Amnistía Internacional ha alertado sobre un incremento preocupante en las ejecuciones en Arabia Saudí recientemente, destacando un aumento significativo en casos vinculados a delitos de drogas, donde aproximadamente el 75% de los ejecutados son extranjeros. Desde enero de 2014 hasta junio de 2025, se registraron más de 1.800 ejecuciones, alcanzando un récord el año pasado.
En este periodo, se confirmaron 1.816 ejecuciones, y alrededor de un tercio correspondieron a delitos de drogas, una práctica condenada por las normas internacionales de Derechos Humanos. El año 2024 vio un total de 345 ejecuciones, una cifra sin precedentes, y solo en el primer semestre de 2025 ya se contabilizan 180 ejecuciones, anticipando un posible nuevo récord anual.
En junio, se llevó a cabo la ejecución de 46 personas, incluyendo 37 por delitos de drogas, lo que equivale a más de una ejecución diaria por estos cargos. De estos, 34 eran de nacionalidades como Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia.
Kristine Beckerle, directora adjunta de Amnistía para Oriente Próximo y Norte de África, expresó: ‘No sólo el uso incesante y despiadado de la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos en Arabia Saudí demuestra un escalofriante desprecio por la vida humana, sino que su aplicación por delitos relacionados con drogas es también una atroz violación del derecho y las normas internacionales’. Además, añadió: ‘Estamos presenciando una tendencia realmente aterradora, con personas extranjeras ejecutadas a un ritmo alarmante por delitos que no deberían acarrear la pena capital. En este informe se expone la cruda y letal realidad oculta tras la imagen progresista que las autoridades intentan proyectar hacia el resto del mundo’.
Después de una pausa de 33 meses, las autoridades saudíes reanudaron las ejecuciones por delitos de drogas en noviembre de 2022, sumando más de 260 personas ejecutadas por este motivo desde entonces, casi la mitad del total de ejecuciones por este tipo de delitos en la década analizada.
El informe también destaca la problemática situación de los extranjeros, que enfrentan barreras adicionales para obtener un juicio justo. Un familiar de un reo compartió que ‘no pueden acceder a documentación legal porque no hay nadie en el país que apoye en la causa’. Además, se enfrentan a la barrera del idioma. ‘Mi hermano fue arrestado a la semana de dejar Etiopía, cuando cruzaba la frontera con Yemen. No tenía ni idea de lo que le esperaba en la frontera saudí’, relató.
Amnistía Internacional, junto con organizaciones asociadas como European Saudi Organization for Human Rights y Justice Project Pakistan, ha documentado 25 casos de extranjeros a la espera de ejecución o ya ejecutados, concluyendo que su origen incrementa la probabilidad de ser explotados durante su migración y dificulta su acceso a representación legal en Arabia Saudí.
Al menos cuatro de los casos documentados incluyen personas que sufrieron torturas o malos tratos para obtener ‘confesiones’ usadas posteriormente en juicios. Además, se ha denunciado el impacto psicológico en los condenados y sus familias, quienes frecuentemente desconocen el estado de sus recursos y la fecha potencial de ejecución. Zainab Abú al Jeir, hermana de un ejecutado, compartió una experiencia desgarradora: ‘Fue desolador, sobre todo al no tener el cadáver para llorarlo. Ni un funeral. En Ammán, mi familia estaba sentada en silencio en el salón cuando supo la noticia y todos empezaron a gritar como locos. Esa escena me partió el corazón’.
El informe de Amnistía también revela un uso alarmante de la pena de muerte por delitos de ‘terrorismo’ contra miembros de la minoría chií, que constituyen entre un 10 y un 12% de la población pero representan el 42% de los ejecutados por estos delitos. A pesar de las recientes reformas legales para limitar la pena de muerte en menores, la situación continúa siendo crítica.
‘La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia’, afirmó Beckerle. ‘Además de declarar inmediatamente una suspensión de las ejecuciones, y hasta que se alcance la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben reformar la legislación nacional para eliminar dicha pena y conmutar todas las condenas de muerte’, concluyó. También instó a los aliados internacionales de Arabia Saudí a presionar para detener esta oleada de ejecuciones y asegurar el respeto a los Derechos Humanos.
