Los fiscales de la Cámara de Representantes encargados del juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte han asegurado este sábado que los fundamentos para su destitución han quedado sólidamente reforzados tras completar la primera semana de vistas en el Senado. A juicio de los legisladores, el procedimiento ha progresado con éxito al transformar las acusaciones formales en elementos probatorios consistentes ante el tribunal.
La representante del Partido Mamamayang (liberales), Leila de Lima, ha resaltado en Ciudad Quezón que la apertura del proceso ha sido "significativa" gracias a la declaración del primer testigo, el agente John Mark Calilong, de la Oficina Nacional de Investigación.
"La primera semana fue significativa porque la Fiscalía comenzó a convertir las acusaciones descritas en los artículos de acusación en pruebas que luego fueron analizadas y sometidas a contrainterrogatorio. Esto involucró al primer testigo, el agente John Mark Calilong", ha explicado la parlamentaria, subrayando el peso de este testimonio inicial.
Según lo expuesto en las audiencias, Calilong habría aportado las grabaciones de vídeo en las que Duterte lanzaba amenazas de muerte contra el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y el expresidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, material que se ha incorporado al expediente.
A continuación, De Lima ha recalcado que la conversión de los cargos en evidencias "irá seguida de otros testigos que corroborarán las pruebas o explicarán el significado de esas grabaciones", anticipando una cadena de comparecencias para apuntalar la acusación.
Por su lado, el representante del partido Akbayan (progresistas), Chel Diokno, ha equiparado la táctica de la Fiscalía con la "construcción de una casa", destacando que los cimientos del caso ya están asentados y que a partir de ahora se irán levantando las distintas plantas del relato acusatorio.
Diokno ha avanzado que las próximas sesiones servirán para mostrar ante los senadores y la opinión pública "cómo las acciones de la vicepresidenta supusieron una violación constitucional y una traición a la confianza pública", en previsión de nuevas declaraciones de testigos que respaldarán los señalamientos formulados.
"Queremos que todos, no solo los senadores-jueces, sino también el público que nos ve, comprendan el fundamento real de estos artículos de destitución, cómo implican violaciones de nuestra constitución o una traición a la confianza pública. Esto es lo que demostraremos en las próximas semanas. La fiscalía desempeñará el mismo papel para cada uno de los artículos de la acusación", ha matizado el dirigente progresista, insistiendo en que seguirán el mismo patrón con cada cargo.
Duterte está imputada por presunta malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes. La vicepresidenta ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que se trata de una maniobra puramente política dirigida contra ella.
Si finalmente el Senado la declara culpable, podría ser destituida e inhabilitada para ocupar puestos en la administración, lo que frustraría sus planes de competir por la Presidencia en 2028 y alteraría el tablero político filipino de cara a ese ciclo electoral.