Naciones Unidas ha salido al paso de las acusaciones sobre su presunta implicación en un plan de reasentamiento de migrantes en Libia, después de la protesta celebrada el jueves frente a la sede del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Trípoli, donde los asistentes lanzaron consignas a favor de la expulsión de extranjeros del país.
El organismo ha recalcado que “ninguna de sus agencias”, incluido ACNUR, “aplica ningún programa de reasentamiento en Libia”, tal y como recoge un comunicado difundido por la Misión de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) en sus redes sociales. “Las acusaciones afirmando lo contrario son categóricamente falsas”, ha subrayado.
En el texto se precisa que “ACNUR trabaja con las autoridades libias y la comunidad internacional, con total respeto a la soberanía libia, para identificar soluciones fuera de Libia para las personas que huyen de la guerra, el conflicto y la persecución, incluida la evacuación a terceros países y el retorno voluntario cuando las condiciones lo permiten”.
La misión ha remarcado igualmente que “todos los libios tienen derecho a acceder a información precisa y expresar pacíficamente sus puntos de vista”, algo que considera “esencial para abordar las preocupaciones públicas”, aunque recuerda que “para que tenga lugar un diálogo significativo, debe haber intención de todas las partes para participar de buena fe para lograr resultados constructivas y sostenibles”.
La UNSMIL ha alertado de que “la UNSMIL está preocupada por la difusión de información errónea, desinformación y discursos de odio en relación con la labor de la ONU “en Libia, lo que ha contribuido a aumentar las tensiones y la incitación contra el personal nacional e internacional de la ONU”, y ha condenado “firmemente” cualquier “incitación a la violencia, amenazas contra el personal de la ONU y actos de vandalismo o ataques contra el personal, instalaciones y personal de Naciones Unidas”.
En la misma línea, ha insistido en que “no hay justificación alguna para la violencia y la intimidación, que no van en línea con la cultura y la tradición libia”. Asimismo, ha reclamado que “se pide a todas las partes que respeten la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, su personal, propiedades y bienes, en línea con el Derecho Internacional”.
La misión ha expresado también su reconocimiento a las autoridades de Trípoli, avaladas por la comunidad internacional, por “sus esfuerzos para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los manifestantes, del personal de la ONU y sus instalaciones”.
La concentración frente a la oficina de ACNUR en la capital libia se organizó para denunciar un supuesto plan de reasentamiento de migrantes en el país, con lemas como “Libia pertenece a los libios” y demandas para cerrar las dependencias del organismo de la ONU.
En paralelo, el general Jalifa Haftar, que encabeza las fuerzas leales a las autoridades paralelas asentadas en el este, ha ordenado la deportación de todos los migrantes en situación irregular en esas zonas, alegando que “la región hace frente a desafíos particulares”.
Haftar ha señalado que “no somos un país grande. Estamos aceptando a millones e incluso miles de millones de personas, mientras que la población libia es solo de ocho millones”. “Vemos presión desde todas las direcciones. Vemos milicias e inestabilidad, con el problema llegando de todas partes”, ha indicado, según el portal de noticias Libya Review.
En este contexto, ha presentado la medida de expulsión como algo “natural”, al afirmar que “Libia no es un lugar para que la gente venga a explotar, dañar o afectar a sus ciudadanos”. “El pueblo libio merece una vida decente, con seguridad, estabilidad y los servicios que necesitan”, ha remachado.
Libia se mantiene como uno de los principales corredores de tránsito y punto de partida para migrantes procedentes del África subsahariana que intentan alcanzar Europa por mar, mientras un número creciente de libios se lanza también a esta ruta a causa de la prolongada crisis política y económica que sufre el país.