El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este jueves a las autoridades tunecinas que pongan fin al "creciente" empleo de los tribunales con el fin de "restringir derechos y libertades", una práctica que, según ha subrayado, afecta de forma particular a periodistas, letrados y colectivos de la sociedad civil.
“Observamos una tendencia creciente en la que las autoridades tunecinas recurren a sanciones judiciales para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, sin apenas tener en cuenta los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad necesarios para que tales limitaciones sean admisibles”, ha señalado en un comunicado, en el que ha criticado además las suspensiones temporales de “importantes” organizaciones de Derechos Humanos.
En la misma línea, ha precisado que esta semana un tribunal tunecino ha ordenado paralizar durante 30 días la actividad de la organización internacional Abogados Sin Fronteras, “alegando un error normativo”, apenas unos días después de adoptar una decisión análoga contra la Liga Tunecina por los Derechos Humanos --que tuvo un papel clave en la fase de diálogo nacional tras la revolución de 2011, origen de la Primavera Árabe--.
“Las autoridades suelen alegar irregularidades en la financiación y las auditorías como base para dichas suspensiones, que pueden paralizar por completo la labor esencial de las organizaciones en materia de Derechos Humanos”, ha añadido.
A juicio de Turk, estas resoluciones reflejan la “continua represión y las restricciones al espacio cívico” por parte del Gobierno, erosionando los derechos de la población “protegidos por la Constitución” del país y las obligaciones internacionales asumidas por Túnez en el ámbito de los Derechos Humanos.
Por otro lado, el jurista austriaco ha advertido de que “las restricciones gubernamentales a los medios de comunicación siguen intensificándose”, recordando que cerca de una treintena de profesionales de la información fueron arrestados el año pasado y sentenciados a distintas penas de cárcel por hechos “vinculados” a su labor periodística, en aplicación de “disposiciones de redacción ambigua de un decreto ley de 2022 sobre 'combate de los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación' y otra legislación".
“Las restricciones a las libertades fundamentales deben seguir siendo excepcionales, fundamentadas en una ley clara, necesarias y proporcionadas para alcanzar un objetivo legítimo, no discriminatorias y acompañadas del debido proceso y una supervisión judicial efectiva”, ha recalcado, al tiempo que ha solicitado la excarcelación “inmediata y sin condiciones” de todas las personas detenidas o presas por “haber expresado sus opiniones, protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Turk ha instado igualmente a levantar “todas las restricciones arbitrarias a las libertades de expresión y asociación” y ha remarcado que “la falta de un tribunal constitucional en funcionamiento sigue siendo una importante deficiencia institucional para garantizar salvaguardias efectivas de los Derechos Humanos”.
“Defender el Estado de derecho en Túnez requiere mayores garantías institucionales, la protección del espacio cívico y una reforma legislativa inclusiva y basada en los derechos, en consonancia con los compromisos internacionales del país en materia de Derechos Humanos (...) Los avances democráticos y en materia de Derechos Humanos logrados por Túnez después de 2011 deben mantenerse, no desmantelarse progresivamente”, ha concluido.