Un tribunal de República Centroafricana (RCA) ha puesto en marcha el juicio por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el expresidente François Bozizé, que vive exiliado en Guinea Bissau desde 2023 y no ha comparecido en la vista. En la causa figuran también como acusados otros tres antiguos mandos de las Fuerzas Armadas.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Penal Especial (CPS, por sus siglas en francés), creado en junio de 2015 con el objetivo de investigar, procesar y juzgar las “violaciones graves de Derechos Humanos” cometidas en el país desde 2003. Este órgano mixto cuenta con 25 jueces --trece centroafricanos y doce internacionales-- y opera con el apoyo de Naciones Unidas.
La corte emitió en abril de 2024 una orden internacional de arresto contra Bozizé por crímenes de guerra y contra la humanidad que habrían sido perpetrados entre 2009 y 2013 --en el marco de su mandato presidencial entre 2003 y 2013-- por la Guardia Presidencial y las fuerzas de seguridad en la prisión y el centro de entrenamiento militar de Bossembélé.
Junto al exmandatario se sientan en el banquillo tres antiguos altos responsables militares --Firmin Junior Danboy, Eugène Ngaikosset y Vianney Semndiro--, a quienes se atribuyen delitos de asesinato, desaparición forzosa y torturas. Los tres fueron arrestados entre 2021 y 2022 y permanecen en detención preventiva.
El director regional de Amnistía Internacional para África occidental y central, Marceau Sivieude, ha subrayado que la apertura del proceso contra Bozizé “demuestra una notable voluntad por parte de la CPS para luchar contra la impunidad y administrar justicia para que se haga realidad el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación”.
“Sin embargo, el hecho que Bozizé sea juzgado in absentia empaña considerablemente este proceso judicial. Es fundamental que el expresidente sea detenido, extraditado y juzgado en persona”, ha señalado, antes de añadir que la corte “solo puede cumplir su mandato si las autoridades nacionales y todos los Estados, especialmente aquellos que acogen a sospechosos, cooperan plenamente”.
En esta línea, ha recordado que “más de 30 sospechosos contra los que el CPS ha dictado órdenes de detención siguen en libertad en otros casos”. “Todos deben ser detenidos y llevados ante el tribunal competente”, ha recalcado Sivieude, según un comunicado difundido por Amnistía Internacional.
“La ejecución de las órdenes de detención garantiza juicios justos en los que víctimas y supervivientes pueden encontrarse cara a cara con los acusados, y los acusados tienen la oportunidad de defenderse”, ha explicado. “Y un elemento crucial: también significa que quienes sean declarados culpables de los más atroces crímenes se enfrentarán a las consecuencias de sus actos”, ha concluido.