Coincidiendo con el Día Internacional de la Justicia Penal, la Unión Europea ha reiterado este jueves su “apoyo inquebrantable” al sistema internacional de justicia penal, en el que se incluye el Tribunal Penal Internacional (TPI), los tribunales 'ad hoc' y las cortes híbridas, insistiendo en que estas instancias deben poder trabajar sin “presiones, intimidaciones o injerencias”.
En una declaración emitida en nombre de los Veintisiete, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha descrito al TPI como “piedra angular” del entramado internacional de justicia penal y ha remarcado que esta corte asegura la rendición de cuentas “por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional”, además de salvaguardar los derechos y la dignidad de las víctimas.
“La independencia, la imparcialidad y el funcionamiento eficaz del TPI deben preservarse y protegerse, y el tribunal debe poder cumplir su mandato libre de presiones, intimidaciones o injerencias. Es de suma importancia que la corte pueda continuar con las investigaciones en curso y los casos que se encuentran actualmente bajo consideración judicial, derivados de situaciones en todo el mundo”, recoge el comunicado.
Kallas ha añadido que, en un contexto en el que las vulneraciones del Derecho Internacional siguen provocando “un sufrimiento inmenso”, la rendición de cuentas resulta “indispensable para la justicia, para la prevención de futuras atrocidades y para una paz sostenible”.
Tras enfatizar que la justicia “debe situar a las víctimas en el centro” y que sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición “son una parte vital de la justicia penal internacional”, ha reiterado el compromiso de la UE con el TPI, con “la justicia internacional” y con la lucha “contra la impunidad”.
Las palabras de la UE se enmarcan en un contexto de tensión con el TPI, después de que tres magistradas de la corte presentaran en junio una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la imposición de sanciones dirigidas contra ellas.
El tribunal con sede en La Haya dictó en noviembre de 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes señala por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la ofensiva sobre la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En reacción a estas actuaciones, Trump rubricó en 2025 una orden ejecutiva para aplicar sanciones a altos responsables y empleados del TPI, así como a personas colaboradoras, entre ellas la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese. Las medidas contemplan el bloqueo de bienes y activos y la prohibición de entrada en Estados Unidos, que se extiende también a sus familiares directos.