En Bolivia continúan activos al menos 27 bloqueos en la red vial del país, pese a la entrada en vigor del estado de excepción y al discurso optimista del Gobierno, que ha cerrado un pacto con una de las principales organizaciones implicadas en las protestas, la Central Obrera Boliviana (COB).
Estos 27 puntos de corte figuran en el portal de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. La cifra supone un descenso respecto a los 40 bloqueos comunicados el sábado y a los 47 registrados el viernes.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha subrayado que los cortes se han reducido en al menos un 60% frente al centenar que se contabilizó en el momento más intenso de la crisis.
“Siguiendo el mandato del Presidente y con el compromiso de devolver la tranquilidad a las familias bolivianas, avanzaremos unidos hasta recuperar la normalidad en todo el territorio nacional”, ha señalado Zamora en un mensaje difundido en redes sociales.
Tras el entendimiento con la COB, otras organizaciones como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa han anunciado una pausa en las movilizaciones y la celebración de un ampliado extraordinario de emergencia el lunes en La Paz.
En esta asamblea se darán cita delegados de las 20 provincias para revisar la situación interna de la organización, valorar la coyuntura nacional y departamental y definir resoluciones en defensa de la unidad y la institucionalidad del sector, según han indicado.
El comunicado de estas organizaciones rechaza el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la COB, firmado igualmente por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), al considerar que se adoptó sin consultar previamente a las bases provinciales.
“Todo se resolvió a puertas cerradas. Fueron a negociar sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento, con el argumento de tratar la situación de nuestros hermanos detenidos, que son la gran mayoría de las provincias, jamás nos pidieron nuestras listas de detenidos, ni nos preguntaron qué exigíamos, ni cuáles eran nuestras prioridades para con nuestros detenidos, aprendidos, cautelados, heridos y fallecidos”, argumenta el texto.
La Asamblea respalda el estado de excepción
En paralelo, en la noche del sábado la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia dio su visto bueno al Decreto Supremo 5636 del presidente Rodrigo Paz, que declara el estado de excepción, tras una extensa sesión marcada por las críticas al vicepresidente Edmand Lara, quien se había manifestado en contra de la medida.
El decreto quedó convalidado a las 2.36 horas de la madrugada —8.36 horas en la España peninsular— con una holgada mayoría de dos tercios, después de varias objeciones de procedimiento y en un clima de fuerte tensión política.
Las primeras intervenciones se centraron en el vicepresidente y presidente de la Asamblea, Edman Lara, que abrió la sesión cuando todavía faltaban varios diputados, incorporados de forma paulatina. Lara defendió la necesidad de convocar la Asamblea dentro de las 24 horas siguientes a la publicación del decreto presidencial. “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”, afirmó.
Cuando los grupos Libre y APB Súmate se inclinaban ya por respaldar la medida y asegurar así la mayoría necesaria, Lara abandonó el pleno alegando un malestar físico, gesto que también generó reproches.
La sesión terminó con un minuto de silencio en memoria de las más de 20 personas fallecidas durante los 52 días de protestas y bloqueos convocados para exigir la renuncia del presidente Paz y oponerse a sus políticas neoliberales.
El Ejecutivo sostiene que buena parte de las reivindicaciones sociales han sido atendidas mediante el diálogo y diferentes acuerdos, por lo que interpreta que los cortes que aún se mantienen obedecen sobre todo a motivaciones políticas.