Perú amplía 60 días el estado de emergencia en cuatro distritos limítrofes con Chile

Perú prorroga 60 días el estado de emergencia en cuatro distritos fronterizos con Chile para afrontar la crisis de seguridad y limitar ciertos derechos.

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Personal militar de Perú Europa Press/Contacto/Jason Sheil

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El Ejecutivo peruano ha resuelto este jueves prolongar durante 60 días el estado de emergencia en cuatro distritos que hacen frontera con Chile, con el objetivo de afrontar la crisis de seguridad que atraviesa el país. La medida implica limitar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación dentro del territorio nacional y la libertad de reunión.

La decisión figura en un decreto suscrito por el presidente del país, José María Balcázar, y publicado en el diario oficial “El Peruano”. En el documento se detalla que la prórroga entrará en vigor el próximo martes, 9 de junio, y se aplicará en los distritos de Palca, Tarata, La Yarada-Los Palos y Tacna, todos ellos situados en la provincia de Tacna, en el sur de Perú.

Mientras dure este régimen excepcional, la Policía Nacional seguirá al frente del mantenimiento del orden público en las zonas incluidas en la norma, contando para ello con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Además, el cuerpo “determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos”, señala el decreto, que también autoriza la “restricción o suspensión del ejercicio de los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

Las fuerzas de seguridad deberán remitir un informe de balance a las autoridades competentes en los cinco días hábiles posteriores a la finalización del estado de emergencia, con el fin de evaluar los resultados obtenidos bajo este marco legal.

Asimismo, se establece que las actividades que reúnan a un gran número de personas, sin importar su naturaleza —religiosa, cultural, deportiva o no deportiva—, tendrán que ser notificadas a las autoridades, que decidirán si conceden la autorización correspondiente. Esta exigencia no será aplicable a actos o eventos con una participación reducida.

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