Representantes de varias formaciones en Reino Unido han instado al Ejecutivo del primer ministro Keir Starmer a promover una norma específica que saque al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión al trono, mientras sigue bajo investigación por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
El dirigente de los demócratas liberales, Ed Davey, ha señalado que el foco inmediato debe estar en las pesquisas abiertas sobre Andrés, aunque ha recalcado que el Parlamento tendrá que abordar este asunto más adelante, ya que “la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey”, tal y como ha informado la cadena BBC.
Asimismo, el secretario de Estado para Escocia en la sombra, Andrew Bowie, ha indicado que, en caso de que Andrés sea declarado culpable, la Cámara de los Comunes tendría “derecho” a intervenir. “Debemos dejar que la investigación policial siga su curso”, ha añadido, pidiendo prudencia por ahora.
En términos similares se ha expresado la diputada laborista Rachael Maskell, quien ha remarcado que Andrés ya ha perdido diversos títulos, entre ellos el de duque de York. “Confío en que se pueda aprobar una legislación para lograrlo”, ha manifestado.
El colíder del Partido Verde, Zack Polanski, ha apuntado que “hay muchas preguntas” en torno al caso y ha reclamado una investigación exhaustiva. “Creo que cuestiones como esta ciertamente no ayudan a la monarquía”, ha enfatizado.
La eventual exclusión de Andrés —octavo en la línea sucesoria tras los príncipes Guillermo y Enrique y sus descendientes— exigiría no solo un cambio legislativo, sino también consultas y acuerdos con otros territorios de la Commonwealth que reconocen al monarca británico como jefe de Estado.
El expríncipe quedó en libertad el día anterior después de permanecer más de once horas bajo custodia en una comisaría de Aylsham. Este viernes, la Policía ha registrado la Royal Lodge, antigua residencia oficial del que fuera duque de York, y la víspera llevó a cabo otro registro en una casa de campo situada en el condado de Norfolk. Ambas propiedades están vinculadas a la familia real británica.
Las diligencias se centran en una presunta “conducta indebida en el ejercicio de cargo público”, ya que habría facilitado supuestamente a Epstein información sensible del Gobierno cuando ejercía como enviado especial de comercio. Las investigaciones abarcan también su posible participación en un caso de trata de personas.