Un tribunal sirio ha comenzado este miércoles el proceso judicial contra Uasim al Assad, primo del derrocado presidente de Siria, Bashar al Assad, tras su arresto en junio de 2025 durante una operación realizada en las proximidades de la frontera con Líbano.
De acuerdo con los datos difundidos por la agencia estatal SANA, el acusado se enfrenta a cargos por "numerosos crímenes contra el pueblo sirio", entre ellos la creación de milicias implicadas en delitos contra la población civil.
La vista inicial del juicio contra Al Assad se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Damasco, donde el familiar del exmandatario ha sido presentado ante el juez para responder igualmente por acusaciones de tortura, secuestro y tráfico de estupefacientes.
El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nurredín al Baba, afirmó tras su captura en una "operación de seguridad precisa" que las nuevas autoridades disponen de pruebas documentales sobre sus actividades y avanzó que las pesquisas en marcha podrían derivar en nuevos cargos.
Las autoridades consideran que el primo de Al Assad estaría vinculado a "grupos armados irregulares" dirigidos por Guiaz Dala, un comandante de una unidad del Ejército que respondía ante Maher al Assad, hermano del expresidente y señalado como uno de los pilares del aparato represivo de Damasco.
Este procedimiento se enmarca en los mecanismos de justicia transicional puestos en marcha tras la caída de Al Assad, quien abandonó el país rumbo a Rusia a comienzos de diciembre de 2024, huyendo de una ofensiva de yihadistas y rebeldes liderados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo dirigente, Ahmed al Shara, ocupa actualmente la Presidencia del país.
En mayo de 2025, la Presidencia siria comunicó igualmente la creación de dos comisiones destinadas a impulsar la reparación y la búsqueda de desaparecidos y a juzgar crímenes cometidos durante el régimen de Al Assad, en un contexto de críticas por su mandato restringido, que excluye los abusos perpetrados por grupos opositores al exmandatario, incluidos los yihadistas, y limita las opciones de una rendición de cuentas plena y de compensaciones adecuadas para las víctimas.