En una significativa jornada, los representantes del Parlamento Europeo y los gobiernos miembros han alcanzado un acuerdo para homogeneizar las legislaciones penales contra la corrupción. Esto permitirá extender la categoría de prácticas corruptas consideradas delitos a lo largo de toda la Unión Europea, así como estandarizar las penas y sanciones aplicables.
La medida, que aún precisa de la aprobación formal del pleno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete para convertirse en ley, ampliará el abanico de delitos de corrupción perseguidos en toda la UE. Incorporará delitos como el cohecho tanto en el sector público como en el privado, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia, entre otros.
Además, se establecerá que los Estados miembros fijen idénticas penalizaciones para los infractores, con penas máximas que oscilarán entre tres y cinco años dependiendo del delito, además de la posibilidad de imponer multas adicionales o medidas como la inhabilitación para cargos públicos o la exclusión de licitaciones y ayudas públicas.
Las empresas también se verán afectadas por estas sanciones armonizadas, que podrían llegar a multas de hasta el 5% de su facturación mundial o entre 24 y 40 millones de euros. También se especificará en qué circunstancias un Estado miembro debe asumir jurisdicción sobre un delito y comenzar los procedimientos correspondientes.
«Esta norma actualizará y reforzará el marco jurídico de la UE en materia de corrupción y constituye un paso importante en nuestra lucha común contra la corrupción y el crimen organizado», declaró el ministro de Justicia de Dinamarca y presidente de turno del Consejo de la UE, Peter Humelgaard.
La directiva, que actualiza y combina dos regulaciones europeas previas, también exigirá a los Estados miembros implementar medidas adicionales para combatir la corrupción y minimizar su impacto, así como garantizar protección y asistencia a quienes denuncien o cooperen en procesos penales relacionados con estos delitos.