El grupo de expertos creado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para estudiar nuevas fórmulas que restrinjan el acceso de los menores a las redes sociales entregará su informe definitivo el próximo 13 de julio. El documento incluirá recomendaciones concretas para que Bruselas valore si impulsa cambios legislativos antes de que termine el año.
Según han señalado los servicios comunitarios tras la tercera y última reunión de este panel, durante estos meses de trabajo sus integrantes han mantenido encuentros con jóvenes, docentes, asociaciones de madres y padres, juristas, especialistas en informática, personal sanitario y organizaciones de defensa de los derechos de la infancia.
“Las redes sociales pueden conectar e inspirar. Pero cuando uno de cada tres jóvenes dice que les deja estresados, tristes o excluidos, no podemos ignorar el impacto en su salud mental y bienestar. Y cuando una cuarta parte de nuestros jóvenes se enfrenta a contenidos problemáticos online, desde la incitación al odio hasta la presión corporal y la violencia inesperada, es una señal clara de que es hora de cambiar”, ha advertido Von der Leyen en un comunicado difundido tras anunciarse la fecha de publicación del informe.
En una intervención previa desde Évian (Francia), la jefa del Ejecutivo comunitario ya había defendido que se acumulan los argumentos “sólidos” para retrasar el acceso de los menores a estas plataformas, debido a los riesgos que entrañan en etapas “fundamentales” de su desarrollo.
La Unión Europea dispone ya de un marco normativo específico para el entorno digital, entre el que destaca la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). En base a esta norma, Bruselas ha abierto procedimientos contra grandes plataformas como TikTok o Instagram por no reducir adecuadamente los riesgos ni garantizar controles eficaces de verificación de edad.
La dirigente conservadora alemana avanzó en septiembre que su equipo examinaría con detalle los peligros que supone la exposición de los menores a las redes sociales, citando el precedente de Australia, pionera en fijar una prohibición de acceso hasta los 16 años.
No obstante, Von der Leyen ha insistido en mantener la cautela sobre el alcance de una posible prohibición general y sobre la fijación de una edad concreta, a la espera de escuchar a gobiernos, organizaciones, expertos, familias y sociedad civil. La determinación de la edad mínima corresponde a los Estados miembros, lo que dificulta un enfoque político uniforme y plantea además retos prácticos, por ejemplo cuando un usuario se desplaza de un país de la UE a otro.
Algunos Estados, como España y Francia, ya tramitan reformas legales en esta línea, una orientación que Bruselas ha respaldado, aunque recordando que “no pueden imponer obligaciones adicionales (a las que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea”.
Paralelamente, y partiendo de la premisa de que cualquier cambio normativo exige antes soluciones tecnológicas viables, la Comisión Europea ha desarrollado junto con varios países, entre ellos España, una herramienta capaz de comprobar la edad real de quienes intentan acceder a redes sociales desde teléfonos móviles u otros dispositivos.