QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un subsidio que cotiza por encima del salario mínimo
Como vienen recogiendo gran parte de los medios este mes, hay un debate abierto sobre el subsidio para mayores de 52 años, gestionado por el SEPE, garantiza una prestación mensual de 480 euros.
Además, el Estado asume por cada beneficiario una cotización equivalente al 125% de la base mínima del régimen general, es decir, sobre 1.726 euros mensuales.
Esto supone que, a efectos de jubilación, el beneficiario acumula una base de cotización más alta que un trabajador que cobre el salario mínimo. En conjunto, el Estado destina alrededor de 982 euros por beneficiario entre la ayuda directa y la cotización.
El dilema entre subsidio y empleo
Con estos datos, muchos desempleados próximos a la jubilación se plantean si les conviene aceptar un empleo con sueldo bajo o mantener la ayuda. Para igualar la aportación total del subsidio, el salario mínimo a partir del cual compensa trabajar se sitúa en torno a los 1.450 euros mensuales.
Por debajo de esa cifra, la diferencia en cotización puede reducir la pensión futura hasta un 5%, según cálculos de economistas especializados. A largo plazo, esta brecha se traduce en una pérdida estimada de 27.000 euros en una pensión de 20 años.
Los expertos piden ajustar el sistema
Algunos expertos ya han advertido de que el subsidio desincentiva el regreso al trabajo y que posiblemente habría que reformar el modelo reduciendo la base de cotización y subiendo ligeramente la cuantía del susbidio para equilibriar.
Entre los autónomos, la situación es más compleja. Al no existir una cobertura equivalente al subsidio, se enfrentan a mayor vulnerabilidad.
Con todo, hay que recordar que el subsidio es respuesta a la precariedad que sufren los trabajadores mayores de 50 años, en un mercado laboral marcado por el edaísmo y que les condena al paro de larga duración y a la precariedad en muchos casos.
Un debate abierto en plena transición demográfica
El subsidio para mayores de 52 años beneficia actualmente a más de 300.000 personas en España.
Para el SEPE y la Seguridad Social, el reto pasa por equilibrar la protección social con la sostenibilidad del sistema, evitando que la ayuda se convierta en un incentivo involuntario al desempleo prolongado.
