Abascal gana a Sánchez y es el líder con más poder digital de España en plena crisis de Ceuta

En España no existe hoy una ley única y cerrada que regule de forma específica y completa toda la actividad digital de los representantes públicos (su uso de redes sociales, canales personales, etc.). El marco es un mosaico de reformas reglamentarias ya vigentes y de varias iniciativas en tramitación que inciden en cómo se comportan y se proyectan digitalmente diputados, senadores y altos cargos.

A agosto de 2026, las piezas clave son: una reforma del Reglamento del Congreso ya aprobada que adapta la Cámara al entorno digital, un gran proyecto de ley sobre servicios digitales y medios de comunicación en fase de enmiendas, y una ley orgánica sobre honor e imagen frente a deepfakes que acaba de iniciar su tramitación. Paralelamente, avanza la reforma del Reglamento para regular los lobbies y las sanciones a diputados, con impacto indirecto en su actividad en línea.

1. Reglamentos de las Cámaras: marco ya vigente

El Reglamento del Congreso de los Diputados ha sido reformado en profundidad en la XV Legislatura, pero no contiene un “título digital” autónomo sobre redes sociales de los diputados. Sí incorpora elementos directamente relacionados con la actividad en entornos digitales:

• La proposición de reforma del Reglamento 410/000007 (impulsada por varios grupos) fue aprobada definitivamente en 2025. Modifica, entre otros, los artículos sobre voto telemático y credenciales de prensa. El texto, accesible en la web del Congreso (detalle de la iniciativa), prevé sanciones cuando se publiquen en medios o redes sociales imágenes o audios obtenidos vulnerando la normativa de la Cámara.
• La misma reforma amplía el voto telemático y regula mejor el uso de medios electrónicos en la actividad interna, consolidando un Congreso más “digitalizado”.

Aunque estas normas se centran en periodistas y en la organización interna, configuran el ecosistema digital parlamentario en el que se mueven los representantes y marcan límites sobre qué puede grabarse y difundirse online desde la sede parlamentaria.

2. Proyecto de ley sobre servicios digitales y medios de comunicación

El elemento de mayor calado en tramitación es el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, registrado en el Congreso con el identificador 121/000068 (ficha parlamentaria).

• Procede del Gobierno y adapta el ordenamiento español al Reglamento europeo de servicios digitales (DSA) y al Reglamento (UE) 2024/1083 sobre servicios de medios de comunicación.
• Refuerza las competencias de la CNMC como coordinador de servicios digitales y regula la supervisión de plataformas, medios y sistemas de medición de audiencia.
• Según los registros del Congreso, el proyecto está en fase de tramitación en la Cámara Baja, con el plazo de enmiendas ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que sigue en trámite parlamentario ordinario.

Aunque se dirige sobre todo a plataformas y medios, sus efectos alcanzan de lleno la actividad digital de los representantes (moderación de contenidos, transparencia, responsabilidad en servicios en los que ellos son actores muy visibles).

3. Ley orgánica sobre honor, intimidad e imagen frente a deepfakes

Otro pilar relevante es el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Su tramitación se resume así:

• El Consejo de Ministros aprobó el proyecto el 7 de julio de 2026, destacando que el texto considera por primera vez ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona, mediante inteligencia artificial o deepfakes, sin su autorización con fines publicitarios o comerciales (referencia de Moncloa).
• El proyecto fue registrado en el Congreso el 13 de julio de 2026 y el texto se publicó el 27 de julio de 2026, iniciando su tramitación parlamentaria.

Se trata todavía de una fase inicial de tramitación (registro y publicación del texto, a la espera de los primeros hitos parlamentarios posteriores). Esta ley afectará tanto a la protección de los representantes como a la responsabilidad por el uso que ellos hagan de la imagen de terceros en entornos digitales.

4. Reforma del Reglamento del Congreso sobre lobbies y sanciones a diputados

La digitalización también se cruza con la transparencia y la huella legislativa. La Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV sobre grupos de interés y régimen sancionador a diputados y grupos, identificada como 410/000009, se encuentra:

• Con trabajos de ponencia ya realizados y un informe de ponencia publicado el 25 de junio de 2026, según la base del Congreso (última publicación).
• En consecuencia, la iniciativa está en tramitación en Comisión, pendiente de dictamen y posterior Pleno, donde se requiere mayoría absoluta para su aprobación definitiva.

El texto obliga a registrar electrónicamente reuniones, documentos y actividades de influencia, lo que incide en la trazabilidad digital de la actuación de los representantes (incluidas interacciones telemáticas).

5. Panorama general

En conjunto, puede decirse que la regulación parlamentaria de la actividad digital de los representantes públicos se encuentra:

• Parcialmente consolidada en el plano interno (reforma del Reglamento del Congreso de 2025, voto telemático, límites a grabaciones y difusión de imágenes en redes).
• En fase avanzada de tramitación en lo relativo a gobernanza de servicios digitales y medios de comunicación (proyecto 121/000068, en fase de enmiendas) y regulación de lobbies en el Reglamento.
• En fase inicial respecto a la protección frente a deepfakes y al refuerzo del derecho al honor e imagen en entornos digitales (proyecto de ley orgánica de 2026).

No existe todavía un “estatuto digital del representante público” plenamente cerrado, pero el núcleo de esa regulación se está construyendo a través de estas reformas combinadas, hoy aún en distintas fases de tramitación parlamentaria.

La Constitución española de 1978 configura al presidente del Gobierno como la pieza central del Poder Ejecutivo y, en buena medida, del sistema político. Sus competencias y funciones están repartidas, principalmente, entre los artículos 97, 98 y 99, y se completan con otras referencias dispersas en el texto constitucional.

1. Dirección de la política y del Gobierno (art. 97 CE)

El artículo 97 establece la función nuclear: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese Gobierno, el presidente es quien asume la dirección efectiva:

• Fijación de la línea política general: orienta la acción del Gobierno, marca prioridades, define estrategias y coordina las políticas públicas.
• Dirección de la acción de los ministros: cada ministro gestiona su departamento, pero subordinado a la línea marcada por el presidente.
• Coordinación de la Administración: aunque formalmente es el Gobierno en su conjunto, en la práctica se articula bajo la jefatura del presidente.

2. Relaciones con el Rey y nombramiento del Gobierno (arts. 99 y 100 CE)

El presidente del Gobierno es el resultado de un procedimiento de investidura parlamentaria (art. 99 CE). Propuesto por el Rey, debe obtener la confianza del Congreso. Una vez investido, la Constitución le atribuye varias funciones clave en la relación con la Corona:

• Propuesta de nombramiento y cese de ministros (art. 100 CE): los ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta exclusiva del presidente. Esto otorga al presidente el control de la composición del Gobierno.
• Interlocución política principal con el Rey: aunque no esté detallado artículo por artículo, la práctica constitucional sitúa al presidente como el principal consejero político del Jefe del Estado.

3. Responsabilidad política ante el Congreso (arts. 108, 112 y 113 CE)

El presidente es el primer responsable político del Gobierno ante las Cortes Generales, en especial ante el Congreso de los Diputados:

• Responsabilidad solidaria del Gobierno (art. 108): el Gobierno en su conjunto responde políticamente ante el Congreso, pero esa responsabilidad se canaliza esencialmente a través del presidente.
• Cuestión de confianza (art. 112): el presidente puede plantear al Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general. Es un instrumento de iniciativa gubernamental para reforzar o comprobar su respaldo parlamentario.
• Moción de censura (art. 113): el Congreso puede exigir la responsabilidad del Gobierno mediante una moción de censura que, si prospera, implica el cese del presidente y la elección simultánea de un nuevo presidente. La responsabilidad política del Gobierno se concentra así en la figura presidencial.

4. Potestad de disolver las Cortes (art. 115 CE)

Una de las funciones más relevantes es la capacidad de proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales al Rey (art. 115 CE). La decisión formal corresponde al Rey, pero:

• La iniciativa es exclusiva del presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
• Esta potestad permite al presidente anticipar elecciones, dentro de los límites constitucionales (no durante un estado de alarma, excepción o sitio, ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución por el mismo motivo).

5. Dirección del Consejo de Ministros (art. 98 CE)

El artículo 98 indica que el Gobierno está compuesto por el presidente, los vicepresidentes, en su caso, y los ministros. El presidente:

• Convoca y preside el Consejo de Ministros, fijando el orden del día y articulando las decisiones colegiadas.
• Arbitra y dirime las discrepancias entre ministros, asegurando la unidad de acción del Gobierno.

6. Otras funciones y posición constitucional

Además de las competencias claramente enumeradas, la Constitución sitúa al presidente como centro de gravedad del sistema parlamentario:

• Representación política del Gobierno ante las Cortes y ante el exterior, sin perjuicio de las funciones del Rey en la esfera internacional.
• Impulso normativo a través del Gobierno, que aprueba proyectos de ley y reales decretos-ley y reales decretos legislativos, cuya iniciativa política recae fundamentalmente en el presidente.
• Coordinación con las Comunidades Autónomas, en tanto máximo responsable del Ejecutivo estatal, especialmente en conferencias sectoriales y mecanismos de cooperación.

En síntesis, la Constitución configura al presidente del Gobierno como el jefe del Poder Ejecutivo, director de la política general y principal responsable ante el Parlamento, dotado de instrumentos decisivos como la propuesta de nombramiento y cese de ministros, la iniciativa para disolver las Cámaras y la capacidad de someterse o someter a las Cortes a decisiones de confianza.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023 (el llamado 23J), Vox obtuvo a nivel estatal aproximadamente un 12,4 % de los votos y 33 escaños en el Congreso de los Diputados. Con ese resultado se situó como tercera fuerza parlamentaria, por detrás del Partido Popular y del PSOE.

Este dato aparece de forma reiterada en los análisis demoscópicos posteriores, que utilizan el 23J como punto de referencia. Por ejemplo, un estudio recogido por el periódico Demócrata explica que, en las generales de 2023, Vox logró el 12,4 % del voto y 33 diputados, y que las encuestas posteriores proyectan subidas sobre esa base (análisis de NC Report). Otro promedio de encuestas publicado también por Demócrata recuerda igualmente que en julio de 2023 Vox se quedó en ese 12,4 % y 33 escaños, dato frente al cual se mide su evolución en la legislatura (promedio de encuestas de 2025).

En términos comparados, el 23J supuso un retroceso respecto al máximo histórico estatal de Vox, que se había producido en las elecciones generales de noviembre de 2019. En esas elecciones previas, según recuerda el propio Demócrata, el partido alcanzó alrededor de 52 escaños y un 15,2 % de los votos a nivel nacional (mismo análisis demoscópico). El resultado de 2023, por tanto, consolidó la presencia de Vox en el Congreso, pero con menos peso que en 2019.

Desde el punto de vista de la representación parlamentaria, los 33 diputados de Vox en la XV Legislatura se distribuyen por diversas circunscripciones provinciales, en función de la aplicación de la Ley D’Hondt y del tamaño de cada provincia. Los artículos consultados no detallan provincia a provincia el reparto específico del 23J, pero sí dejan claro que:

• Ese resultado de 33 escaños se toma como la “foto de partida” para toda la legislatura y para las proyecciones posteriores. Los distintos sondeos que Demócrata recopila describen escenarios en los que Vox podría prácticamente duplicar su representación si se celebrasen hoy nuevas generales, al pasar de esos 33 diputados actuales a horquillas que se sitúan en torno a los 60-66 escaños en diversas encuestas (NC Report, GAD3).
• El porcentaje del 12,4 % en 2023 actúa igualmente como umbral de referencia: varios barómetros señalan que, en la actualidad, Vox se movería entre el 16 % y cerca del 18 % de voto estimado, es decir, entre unos 4 y 6 puntos por encima del resultado efectivo que obtuvo en esas últimas generales (Hamalgama, Sigma Dos).

Sobre los principales datos territoriales del 23J, la información utilizada aquí procede de análisis posteriores y no reproduce el cuadro oficial completo por provincias. Esos análisis se centran más en proyectar escenarios futuros que en detallar exhaustivamente el reparto territorial de 2023. Lo que sí puede afirmarse, con base en esos textos, es que:

• El resultado de Vox en 2023 se convirtió en la referencia para evaluar dónde tendría más margen de crecimiento posterior, especialmente en circunscripciones medianas y pequeñas, donde los estudios demoscópicos señalan que la “rentabilidad” de su voto puede aumentar si refuerza sus apoyos.
• Diversos sondeos reconstruyen escenarios en los que Vox gana peso en comunidades como Andalucía, Castilla‑La Mancha, Aragón o la Comunidad Valenciana respecto a la foto del 23J, lo que indica que ya partía de una presencia apreciable en estas regiones y que sus 33 escaños de 2023 estaban repartidos de forma significativa entre territorios de gran peso demográfico.

Para un desglose exacto y oficial del voto de Vox por provincias y comunidades autónomas en las elecciones generales de 2023 —incluyendo número de votos, porcentajes y escaños en cada circunscripción— la referencia canónica es el recuento publicado por el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central. Los artículos de Demócrata consultados corroboran la cifra clave (12,4 % y 33 escaños), pero remiten a esas fuentes oficiales para el detalle territorial fino.