Sumar, como socio minoritario del Ejecutivo, ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley que endurece de forma notable el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno. El texto plantea que no puedan integrarse en consejos de administración de empresas consideradas estratégicas hasta pasados diez años desde su salida de La Moncloa, frente a los dos años de limitación que rigen en la actualidad.
La iniciativa también establece que los exmandatarios que pasen al Consejo de Estado deberán mantener una dedicación exclusiva, de modo que quedarán automáticamente fuera de este órgano si comienzan a percibir cualquier remuneración en el sector privado. Además, prevé que pierdan la pensión indemnizatoria, así como la oficina y el personal de apoyo que ahora disfrutan como prerrogativa ligada a su condición de expresidentes, en caso de optar por una actividad privada lucrativa que no esté relacionada con el ámbito académico o divulgativo. En todo caso, conservarían el servicio de escolta.
El articulado incorpora una disposición adicional para que la nueva normativa tenga efecto retroactivo, de manera que alcanzaría a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
La proposición ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa en la Cámara Baja por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y el dirigente de IU y portavoz de Interior y Justicia del grupo plurinacional, Enrique Santiago.
Reforma en clave de regeneración democrática
Sumar impulsa en solitario esta modificación legal dentro de su paquete de medidas de regeneración democrática, que se activa tras la imputación de Zapatero en el “caso Plus Ultra”. La propuesta contempla la modificación de tres leyes con el objetivo de reforzar los controles sobre la actividad de los expresidentes y trazar una frontera nítida entre la actuación de los grupos de interés y el eventual tráfico de influencias en el que pudieran incurrir.
“Es imperativo transitar hacia una estrategia integral de prevención (...) Esta depuración democrática exige mecanismos independientes que velen por la detección temprana de irregularidades y eviten cualquier aprovechamiento derivado del uso en beneficio de informaciones privilegiadas obtenidas en el ejercicio de funciones públicas. Se trata, por ende, de impedir que las instituciones sean objeto de una utilización clientelar o de capturas corporativas por parte de élites económicas que operan de espaldas al control parlamentario-democrático”, recoge el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento recuerda, además, que la Presidencia del Gobierno es “la más alta dirección política del Estado” y que su legitimidad descansa en “un compromiso ético que no termina con el cese en el cargo”.
Elevar el listón ético de los expresidentes
Durante su intervención, Urtasun ha señalado que la imputación de Zapatero ha puesto de relieve la existencia de actividades “poco éticas” por parte de antiguos jefes del Ejecutivo y que ha llegado el momento de poner fin a “viejas prácticas” del bipartidismo mediante una reforma que refuerce la ejemplaridad en el desempeño de la función pública. A su juicio, “es imprescindible para no seguir promoviendo la desafección ciudadana”.
El ministro de Cultura ha defendido que la propuesta debería concitar el respaldo de la mayoría de grupos parlamentarios y, aunque ha admitido la inquietud generada por los casos que afectan al PSOE, ha explicado que su objetivo es que “nadie tenga que elegir entre la resignación a la llegada de PP y Vox o dejar de creer en la política”. Por ello considera “imprescindible” trasladar a la ciudadanía que se responde con “la máxima ética y transparencia”.
Urtasun ha reiterado su apuesta por la continuidad del actual Ejecutivo, pero ha advertido al PSOE de que “el inmovilismo no es una opción”. En la misma línea que el pasado sábado, ha manifestado que están cansados de que el ala socialista se convierta en “un lastre para la mayoría progresista”.
Sumar presiona al PSOE para que apoye la ley
Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso ha reconocido que comparten la “preocupación”, “tristeza” y “desconcierto” de la militancia de izquierdas ante la posibilidad de que Zapatero haya cometido un presunto delito de corrupción, aunque también han subrayado que perciben una operación para “desestabilizar” y “tumbar” al actual Gobierno por parte de las derechas, siguiendo la consigna lanzada por Aznar de “quien puede hacer que haga”.
En este contexto, ha señalado que le resultaría incomprensible que el PSOE no respaldara la proposición en plena crisis que le afecta y ha insistido en que no se puede normalizar que los expresidentes se sienten en los consejos de administración de grandes compañías energéticas.
Enrique Santiago ha añadido que la reforma se inscribe en su objetivo de reforzar la prevención de la corrupción y ha lamentado que, hasta ahora, apenas se hayan implementado las medidas del plan de regeneración democrática que Sumar y el PSOE pactaron hace un año.
Señalan las puertas giratorias de Aznar y González
Santiago ha explicado que la sociedad “está alarmada con la denuncia sobre el presunto tráfico de influencias” que afecta a Zapatero y que, por ello, resulta imprescindible separar con claridad la labor institucional de los expresidentes de cualquier actividad lobbista que pueda derivar en conductas delictivas.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el hecho de que José María Aznar fichara como asesor de Endesa, empresa que fue privatizada por completo durante su etapa en el Gobierno, o que Felipe González ocupara un asiento en el consejo de Naturgy y, al mismo tiempo, en el consejo rector de Doñana mientras se tramitaba un almacén de gas en ese espacio protegido, además de sus inversiones en Marruecos.
Por todo ello, ha recalcado que los expresidentes disponen de una retribución elevada y vitalicia en el Consejo de Estado y que esa responsabilidad debe ser incompatible con actividades orientadas al lucro en el sector privado, salvo en lo relativo a tareas académicas o de divulgación.