QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que habilita a comunidades autónomas y entidades locales a emplear el superávit generado en 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027. La medida, acordada entre el Gobierno y Junts per Catalunya, busca “facilitar y flexibilizar” la capacidad inversora de ayuntamientos y gobiernos autonómicos en un contexto de saneamiento de sus cuentas públicas.
Una vía excepcional para impulsar la inversión territorial
El Ejecutivo abre así la puerta a que los remanentes acumulados en los últimos años se canalicen hacia proyectos de interés público sin que computen en la regla de gasto de los próximos tres ejercicios, aunque sí lo harán en el objetivo de estabilidad presupuestaria. Los recursos deberán dirigirse exclusivamente a inversiones financieramente sostenibles.
Los proyectos tendrán que estar iniciados antes del 31 de diciembre de 2026. Si una actuación no pudiera ejecutarse completamente dentro de ese plazo, la parte restante podrá comprometerse en el año siguiente, siempre con cargo al remanente inmediatamente anterior y dentro del límite del superávit de 2024.
Condiciones: morosidad y destino del gasto
Para acogerse a esta regla especial, las administraciones territoriales deberán cumplir el periodo medio de pago a proveedores, fijado en un máximo de 30 días por la normativa de morosidad.
En el caso de los ayuntamientos, las inversiones podrán dirigirse a servicios esenciales: abastecimiento y saneamiento de agua, recogida de residuos, alumbrado público, vivienda, infraestructuras de transporte, centros docentes, recursos hidráulicos, asistencia social primaria o sociedad de la información, entre otros.
Las comunidades autónomas, por su parte, podrán impulsar actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética o la reducción de gastos futuros, siempre dentro de sus competencias.
Una demanda de los municipios y un compromiso político
El Gobierno subraya que esta flexibilización permite aprovechar la “buena posición financiera” de numerosos territorios y da respuesta a una demanda reiterada por ayuntamientos y comunidades, especialmente en un momento de presión inversora en vivienda, agua, transición energética o infraestructuras sociales.
Pedro Sánchez recordó que el acuerdo formaba parte de los compromisos asumidos con Junts, una pieza clave en la gobernabilidad de la legislatura.
