La pregunta sobre la crisis de Ceuta ha cambiado en apenas unas horas. Hasta la publicación de los documentos desclasificados, la batalla política giraba alrededor de una cuestión aparentemente binaria: si el Gobierno había recibido o no avisos antes de que más de 70.000 personas cruzaran la frontera los días 30 y 31 de julio.
Ahora que se sabe que el CNI comunicó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno que en redes circulaba un llamamiento para entrar al día siguiente “por valla y mar” en la ciudad autónoma y que también trasladó información a la Guardia Civil y envió una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes sobre convocatorias coincidentes con la Fiesta del Trono no se trata únicamente de quién sabía algo sino de quién debía interpretar aquellos indicios, determinar su gravedad y hacer que la advertencia subiera por la estructura del Estado.
Es ahí donde la secuencia política del miércoles adquiere relevancia. Sánchez había empezado a construir el marco seis días antes
La estrategia no nació ayer
Cuando el presidente del Gobierno compareció ante el Congreso el 3 de septiembre, aseguró haber revisado informes, mensajes y notas recibidos durante los días anteriores a la crisis migratoria de Ceuta y sostuvo que ninguno había previsto “ni la escala ni la probabilidad” de lo que terminó ocurriendo.
También estableció una diferencia que acabaría siendo central seis días después: detectar un incremento de entradas no era equivalente a anticipar la llegada de decenas de miles de personas en pocas horas.
Ese dato obliga a matizar cualquier lectura que presente la jornada del miércoles como una reacción improvisada del Gobierno después de descubrir qué contenían los documentos. Moncloa conocía el material antes de publicarlo. Sánchez también. Lo que ocurrió el miércoles fue una escalada.
Primer movimiento del miércoles: Sánchez pone el problema en la anticipación
A las 11.00 horas, Sánchez fue entrevistado en Mañaneros 360, de TVE. La documentación sobre lo que se conocía de Marruecos aún no se había hecho pública. La periodista Esther Palomera le preguntó directamente si algún departamento había podido dar una voz de alarma que no dio. El presidente respondió que los informes habían detectado un “ligero pico” de llegadas a nado, pero insistió en que se hablaba de cientos de personas y no de las más de 70.000 que finalmente cruzaron.
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Ahí situó la autocrítica en un punto concreto: España necesita mejorar su capacidad para anticipar fenómenos de esta naturaleza y disponer de una inteligencia más sofisticada para comprender movimientos que nacen y crecen en el entorno digital. Todavía no acusaba al CNI de haber incumplido su responsabilidad, pero el terreno estaba delimitado: el problema había estado en la anticipación.
Segundo movimiento: los documentos demuestran que sí hubo advertencias
La publicación de los 40 documentos en la tarde de ayer alteró inevitablemente la discusión. El repositorio oficial de Moncloa incluye informes y comunicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS y permite reconstruir qué información circuló durante julio y hacia qué organismos. Uno de los elementos más comprometidos aparece el 29 de julio.
A las 13.52, el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno que existía un llamamiento para entrar en Ceuta al día siguiente “por valla y mar”. También informó de dos grupos en redes sociales que sumaban aproximadamente 180.000 seguidores. La cifra no significaba que 180.000 personas fueran a presentarse en la frontera. Era el alcance potencial de los grupos en los que circulaban las convocatorias. Pero la información contenía tres elementos concretos: lugar, fecha y métodos previstos de entrada.
Ese mismo día el CNI avisó también a la Guardia Civil y remitió una comunicación urgente a los servicios de inteligencia marroquíes sobre los llamamientos.
Por lo tanto, avisos hubo. Lo que no hubo, según la explicación posterior del Ejecutivo, fue una valoración que estimara que aquella convocatoria podía desembocar en un episodio de las dimensiones del 30 de julio.
Tercer movimiento: Moncloa estrecha el foco y señala la cadena de mando
Después de conocerse los documentos apareció la pieza políticamente más importante de la jornada. Moncloa sostuvo que las comunicaciones del CNI nunca constituyeron una alerta formal sobre una entrada de semejante magnitud.
Y añadió algo mucho más concreto: el servicio no elevó aquella información por su propia cadena de mando.
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“Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se comunica por mensajería instantánea: lo eleva”, trasladaron fuentes gubernamentales. La conclusión de esas mismas fuentes fue directa: “Esa es su responsabilidad y su competencia”.
El Gobierno no niega que el CNI conocía las convocatorias. Lo que sostiene es que el propio comportamiento del Centro demuestra que tampoco sus analistas interpretaron aquello como una amenaza comparable a la que finalmente se produjo.
El propio Sánchez remataba el argumento por la noche
Horas después, el presidente volvió sobre los documentos desclasificados, esta vez desde su cuenta de X.
Lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es esto:
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2026
El 29 de julio, el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del…
Sánchez sostuvo que la información conocida “en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después”.
Y volvió expresamente sobre el recorrido interno del aviso. El CNI, afirmó, “se limitó” a trasladarlo mediante mensajes y una breve llamada al Gabinete de la Delegación del Gobierno y a una unidad de la Guardia Civil, pero “no emitió ninguna alerta mayor” hacia su cadena de mando.
La versión del CNI
El movimiento más crucial llegó desde el propio servicio de inteligencia. El Centro defendió, tras las reacciones a la publicación de los informes desclasificados por la tarde, que la documentación demostraba que había “emitido información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta”. No negó, por tanto, haber advertido. Sin embargo, incorporó inmediatamente la frase que terminó dominando el cierre de la jornada: “no anticipó la magnitud y naturaleza” de lo que ocurrió el 30 de julio porque se trató de un fenómeno inusual que no se correspondía con las crisis migratorias conocidas hasta ese momento.
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Eso no equivale a que el CNI haya asumido la responsabilidad política de la crisis pero sí supone reconocer algo mucho más preciso: dispuso de información previa sobre convocatorias de entrada, pero no calculó correctamente la dimensión que acabarían alcanzando.
Es decir, cogen el 'peso' del relato y lo asumen en parte para que encaje en el marco que Sánchez había defendido durante toda la jornada.
Pero los documentos y el comentario tampoco absuelven automáticamente al Gobierno. Que el CNI no anticipara la llegada de más de 70.000 personas no significa que no existieran señales que exigieran una respuesta.
Los documentos muestran convocatorias para una fecha concreta, referencias a entradas por tierra y mar, grupos con una difusión masiva y comunicaciones tanto con autoridades españolas como marroquíes.
La documentación revela también una presión creciente en los días anteriores. Hay incluso una aparente paradoja que tendrá que aclararse.
Moncloa utiliza como argumento que el CNI no realizó una alerta formal hacia arriba dentro de la estructura española. Sin embargo, el Centro sí remitió una comunicación urgente a sus homólogos marroquíes sobre las convocatorias.
Por tanto, la investigación sobre responsabilidades no puede cerrarse simplemente concluyendo que el servicio de inteligencia no previó la cifra final. La pregunta es qué nivel de reacción exigía la información que sí existía.
Robles queda al otro lado de la batalla
Por su parte, la posición de la ministra de Defensa, Margarita Robles, introduce otro elemento incómodo para el Gobierno. Robles había defendido públicamente que el CNI realizó la labor que le correspondía y que la información disponible fue compartida con las Fuerzas de Seguridad y con la Delegación del Gobierno.
Los documentos confirman al menos esa segunda parte: hubo comunicaciones del CNI con esas estructuras.
El problema Marruecos tampoco está cerrado
Los documentos incorporan otra cautela necesaria. Los informes españoles describieron la pasividad de efectivos marroquíes en determinados momentos de la crisis, pero también recogieron que las fuerzas del país vecino llegaron a estar desbordadas y que, posteriormente, colaboraron en recuperar el control y aceptar devoluciones.
Un informe del CIFAS consideró probable que las autoridades marroquíes no estuvieran favoreciendo activamente la oleada, aunque describió como negligente y pasivo el comportamiento de algunos efectivos en el terreno.
Los documentos, por tanto, tampoco permiten resolver de manera definitiva la cuestión de una eventual participación directa de Rabat.
De “quién sabía” a “quién debía elevarlo”
La publicación de los papeles ha movido la frontera política de la crisis. El CNI puede sostener que avisó. Moncloa puede responder que el propio CNI no consideró esos avisos suficientemente graves como para elevarlos a la cadena de mandos. Interior puede afirmar que no recibió una previsión capaz de anticipar el escenario de 70.000 entradas y Defensa puede defender que sus servicios cumplieron la función de recopilar y compartir la información disponible.
Por eso, el punto central del asunto ya no está en demostrar si hubo o no señales antes del 30 de julio. Los documentos acreditan que las hubo. La incógnita a despejar ahorase encuentra dentro de la maquinaria del Estado: quién recibió cada señal, qué valoración hizo, quién tenía capacidad para aumentar el nivel de alerta y por qué aquella información no terminó transformándose en una respuesta proporcional a lo que estaba a punto de ocurrir.