Mediados de agosto. La temperatura sigue apretando y las playas continúan abarrotadas, pero ya asoma en el horizonte la vuelta al cole. Esta será la última semana sin la actividad habitual puesto que la próxima el Gobierno regresa con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, previsto para el martes 25, se reúne en el Congreso la Diputación Permanente y varios ministros desfilarán ante sus respectivas comisiones de la Cámara Baja.
La primera piedra de toque será la crisis migratoria de Ceuta, el evento que ha copado buena parte del foco mediático este verano. El Partido Popular no ceja en su intento de llevar al Senado a los titulares de Exteriores, Defensa e Interior, José Luis Albares, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska respectivamente; pero ninguno de ellos acudirá a la citación. Darán explicaciones, sí, pero en el Congreso y con el siguiente calendario:
- Albares comparecerá ante la Comisión de Defensa el 25 de agosto.
- Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, hará lo propio ante la de Seguridad Nacional el 27 de agosto.
- Robles y Marlaska acudirán a sus comisiones el 28 de agosto.
La Diputación Permanente se reunirá el 26 de agosto, hora aún por determinar, y el orden del día de la sesión se cerrará tras recibir las propuestas de todos los grupos parlamentarios, que tienen de plazo hasta el 24.
Dos leyes aguardan
Superada la última semana caliente y con los motores ya al ralentí, la Mesa del Congreso habrá de reunirse para aprobar el calendario de sesiones hasta diciembre. Y hechas las presentaciones, la Cámara desplegará velas y afrontará los compases finales de la legislatura con muchas asignaturas pendientes.
Antes del parón estival, el Ejecutivo aceleró dos iniciativas con el propósito de encauzarlas a lo largo del mes de septiembre: el Proyecto de Ley de Protección de menores en entornos digitales y el Proyecto de Ley del Cine.
La ponencia de la iniciativa que pretende garantizar la protección de los niños, niñas y jóvenes en internet ya está constituida, tras meses de parálisis, y antes de las vacaciones el Grupo Socialista impulsó dos enmiendas que serán objeto de negociación en septiembre. La primera, para tipificar la manipulación algorítmica, y la segunda, para blindar el veto a menores en redes sociales.
Sumar ve con buenos ojos su incorporación al texto y las conversaciones se dirigirán a Partido Popular y Junts, cuyo apoyo no está ni mucho menos asegurado no ya al texto, sino a las enmiendas transaccionales en cuestión. Los socialistas salieron “satisfechos” de la última reunión de la ponencia, aunque según explican fuentes de la ponencia a DEMÓCRATA, no hay un calendario de trabajo cerrado.
Un elemento a tener en cuenta es que, si bien la diputada del PSOE Inés Plaza es la ponente que está pilotando las conversaciones, su compañera de bancada y también ponente Adriana Maldonado ocupa un rol nuclear y se encuentra de baja por maternidad.
En lo que al Proyecto de Ley del Cine se refiere, el verano interrumpió unas conversaciones que habían comenzada para cincelar el informe de ponencia. Los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, registraron varias enmiendas para impulsar las lenguas cooficiales, un gesto también para atraer a Junts hacia el ‘sí’. El Ejecutivo apuesta de igual forma por medidas para atajar las violencias sexuales, disponer ayudas al medio rural, fomentar la industria audiovisual en Canarias y Baleares y esbozar una minoración de ayudas para empresas productoras que incumplan requisitos.
Por su parte, Junts demanda un paquete fiscal mucho más amplio que incluye, entre otras cosas, un IVA reducido y ayudas a los artistas; mientras que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) calienta precisamente los dos puntos que más fricción suscita el proyecto de ley: la cuota de pantalla y la ventana de exhibición. En ambas aristas, los republicanos catalanes han registrado enmiendas más exigentes.
En cualquier caso, todos los grupos quedaron en retomar los trabajos en el mes de septiembre. Una vez se encaucen, se desbloquearía también el Proyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, encallada por un pulso fiscal con dos elementos: deducciones del 25% y cotizaciones reducidas para músicos.
Hasta que Sánchez decida: los Presupuestos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que no renuncia a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La fecha tope legal para que el Gobierno los remita al Congreso es el 1 de octubre, aunque no sería la primera vez que incumple el plazo o que, incluso, ni presenta cuentas.
Si en esta ocasión cumpliera su compromiso de, aunque no salga adelante, al menos presente un proyecto de PGE, el resto de iniciativas quedarían en stand by porque las cuentas públicas tienen prioridad.
Fuentes de los aliados habituales del Gobierno consultadas por DEMÓCRATA dudan de las intenciones de Sánchez. Interpretan que prevé utilizar las negociaciones presupuestarias para exhibir proyecto en una suerte de primer acto de campaña de cara a las próximas elecciones generales, cuya fecha ronda el mes de febrero.
El socio de coalición, Sumar, insiste en que la voluntad es aprobar unos Presupuestos y, por su parte, no quedará. En una entrevista con DEMÓCRATA, la portavoz parlamentaria y co-coodirnadora de Movimiento Sumar, Verónica M. Barbero, aseguró tener “la firme convicción” de que Moncloa presentará unos PGE “para aprobarlos”. “Espero una negociación que será dura, pero tenemos muchas ganas de sacarla adelante y tener Presupuestos”, remachó.
Entre prioridades y tensiones
En los próximos meses se augura un endurecimiento del tono en Sumar con respecto al PSOE. El acecho de las elecciones generales siempre tensa la cuerda de la cordialidad en cualquier coalición. Porque cuando las campanas de las urnas repican, se aprietan los dientes. Asimismo, los magenta presionan porque hay prioridades que quieren concretar antes de echar el telón a la legislatura y, bien por tiempo o por falta de voluntad de los socialistas, corren el riesgo de quedarse por el camino.
Es el caso del registro laboral. Tanto el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo como el de Transformación Digital y Función Pública, de Óscar López, ambos socialistas, han manifestado reservas a la propuesta formulada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La discusión entre socios es habitual en una coalición, pero en este caso, Sumar lo considera una deslealtad y una vulneración del propio acuerdo de coalición. Trabajo continuará con su hoja de ruta y asegura que no modificará sus dos puntos clave: que el registro sea digital para garantizar que sea un método objetivo y no manipulable para controlar la jornada, y que este sea accesible por la Inspección de Trabajo para su verificación.
Otro asunto es la prestación universal por crianza. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, quiere incluirla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Su destino, por tanto, se antoja aciago.
Las otras dos iniciativas que Sumar quiere dejar aprobadas son dos caras de la misma moneda: su proposición de ley de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, que básicamente, derogaría los delitos de injurias a la Corona y de ofensa a los sentimientos religiosos; y la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como Mordaza.
Estos son los mínimos de Sumar, pero el listado de normas que quedarían por el camino es enorme. A Yolanda Díaz le quedaría pendiente el Estatuto del Becario, actualmente en fase de ampliación de enmiendas.
El Ministerio de Sanidad de Mónica García sería uno de los más perjudicados. Es una de las carteras con más iniciativas abiertas, una voluntad rebosante de optimismo que, sin embargo, no se traduce en novedades en el BOE. El trío de leyes sanitarias (Universalidad, Cohesión y Antiprivatizaciones), la reforma Antitabaco y la Ley de Medicamentos podrían quedarse por el camino.
El Proyecto de Ley de Familias, la norma de Consumo Sostenible (ambas de Bustinduy) y la protección de menores en entornos digitales (de Justicia, pero con la participación del Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego) sufrirían el mismo destino.
Algunas voces ya asumen que muchas de estas propuestas no aterrizarán en el BOE, otras, insisten en empujar porque “hay tiempo”. Pero este se acaba, la mayoría parlamentaria sigue siendo exigua e inestable y los últimos compases de las legislaturas suelen estar marcados por la confrontación política como preludio de la contienda electoral. Y para más inri, Sumar y PSOE han comenzado el nuevo curso con un choque protagonizado por la decisión de Sánchez de prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz.
En busca de Hacienda
Desde hace meses existe un consenso político en torno a la necesidad de reformar la Ley de Contratación Pública para permitir la revisión de precios cuando se produzcan incrementos de costes sobrevenidos, especialmente los derivados de cambios regulatorios. La patronal del sector atesora el beneplácito de sindicatos y patronales, así como del arco parlamentario, incluidos PSOE y Sumar. Entonces, ¿por qué no se ha hecho?
En una entrevista con DEMÓCRATA Javier Sigüenza, presidente de alianzAS, la confederación que agrupa a doce organizaciones empresariales de servicios esenciales, señala a un alto cargo de Hacienda. Asegura que es el ministerio que está bloqueando, desconocen el motivo y trabajan para que el departamento de Arcadi España les reciba junto a los sindicatos para abordar la revisión.
La vuelta al curso político devuelve así al Gobierno a un escenario que conoce bien: una agenda cargada, una mayoría parlamentaria que obliga a negociar cada iniciativa y unos socios que empiezan a mirar más al horizonte electoral. Septiembre servirá para comprobar cuántas de las reformas pendientes consiguen sobrevivir a la aritmética del Congreso. Porque, a estas alturas de la legislatura, el problema para Moncloa ya no es solo qué quiere aprobar, sino qué le queda de tiempo para aprobar.