QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso de los Diputados iniciará el debate sobre una reforma legal que, según Junts, ha sido acordada con el Ejecutivo para requerir a las empresas con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios de interés general, la disponibilidad de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, sin importar su ubicación geográfica.
La ponencia de la Comisión de Derechos Sociales, que incluye miembros de diversos grupos parlamentarios, se reunirá en sesión a puerta cerrada el martes 23 de septiembre para organizar y comenzar a incorporar las 234 enmiendas presentadas al texto legislativo.
La reunión se produce una semana después de la cancelación de un primer encuentro y del anuncio de Junts, que ha generado polémica en el sector empresarial y críticas de partidos como el PP y Vox. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, puntualizó que la medida está aún en negociación y busca que las grandes compañías aseguren la atención en catalán, gallego o euskera allí donde estas lenguas sean oficiales, aunque operen a nivel nacional.
Las enmiendas de Junts proponen que las empresas respondan en la lengua en la que se efectuaron las consultas y que la formación en catalán sea obligatoria para el personal de atención al cliente en las empresas afectadas. También se contempla que las comunicaciones escritas se ajusten a la lengua elegida por el cliente.
Además, la reforma incluirá medidas contra el spam telefónico, las reseñas falsas y los precios engañosos online, y establecerá normas para la renovación de contratos y suscripciones online, así como para la baja voluntaria de los servicios.
La ponencia decidirá finalmente la redacción del proyecto que será presentado en comisión y posteriormente en el Pleno del Congreso, para, si es aprobado, continuar su tramitación en el Senado.
