El Congreso de los Diputados tiene previsto reactivar esta semana la reforma de su Reglamento destinada a regular de forma específica las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y a endurecer el régimen sancionador aplicable a los diputados que incumplan sus obligaciones.
La ponencia encargada de estudiar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios ha sido convocada para este martes, con el objetivo de avanzar en una proposición promovida por el PSOE hace un año.
Una reforma paralela tras las expulsiones del Pleno
La reactivación de esta iniciativa llega justo después de que el Congreso aprobara la toma en consideración de otra reforma reglamentaria, también impulsada por los socialistas, para permitir la suspensión temporal y la imposición de multas de hasta 2.000 euros a los diputados expulsados del Pleno por alterar el orden.
Esta última modificación se registró tras la expulsión, a mediados de abril, del diputado de Vox José María Sánchez, que fue obligado a abandonar el hemiciclo después de subir a la zona de la tribuna donde se sitúa la Mesa del Congreso y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía entonces la sesión.
Sanciones por incumplir el Código de Conducta
La reforma que ahora se reactiva pretende actuar contra diputados o grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones derivadas del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales.
El texto pone el foco especialmente en quienes no registren sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, oculten información relevante o incluyan datos falsos.
Las posibles infracciones podrán ser trasladadas a la Comisión del Estatuto de los Diputados por un grupo parlamentario, por la Mesa del Congreso, por una comisión o por la Secretaría General de la Cámara.
Procedimiento de investigación
La Comisión del Estatuto de los Diputados será la encargada de decidir si abre o no un procedimiento sancionador. Si rechaza hacerlo, deberá comunicarlo a la Mesa del Congreso, que tendrá un mes para revocar esa decisión si lo considera oportuno.
En caso de que la Comisión aprecie motivos suficientes para investigar, deberá escuchar al diputado afectado, practicar las pruebas que estime necesarias y cerrar la instrucción en un plazo máximo de cuatro meses.
Castigos graduados
La propuesta prevé un sistema de sanciones graduadas en función de la gravedad de la infracción. Las medidas podrían ir desde un apercibimiento y la publicación de la infracción en la web del Congreso hasta la retirada de cargos internos y de complementos retributivos.
La última palabra corresponderá al Pleno del Congreso. En el supuesto más severo, un diputado sancionado podría quedarse percibiendo únicamente su asignación constitucional básica.
ERC y Bildu quieren frenar las puertas giratorias
Aunque el esquema sancionador no ha recibido enmiendas de gran calado, sí se han registrado propuestas relevantes sobre la regulación de los grupos de interés.
ERC y EH Bildu plantean que los ex altos cargos del Gobierno, exdiputados y exsenadores no puedan representar a lobbies en el Congreso hasta que hayan pasado cuatro años desde que abandonaron sus puestos.
El texto del PSOE fija actualmente un periodo de incompatibilidad de dos años, pero ambas formaciones consideran que ese plazo es insuficiente para evitar las llamadas puertas giratorias entre la Administración, el Parlamento y el sector privado.
Más garantías de integridad
En su enmienda, ERC y Bildu argumentan que ampliar el plazo a cuatro años reforzaría las garantías de integridad, ayudaría a prevenir conflictos de interés y permitiría avanzar hacia un marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés.
También sostienen que la medida responde a una demanda social para limitar las puertas giratorias y se alinea con recomendaciones internacionales en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.
El PNV no cuestiona el plazo de dos años propuesto por el PSOE, pero sí pretende ampliar el ámbito de personas que no podrían ejercer labores de lobby en el Congreso tras dejar sus cargos.
Los nacionalistas vascos quieren incluir a todo el personal público susceptible de influencia, en línea con el proyecto de ley sobre grupos de interés que permanece paralizado en la Cámara.
Esa categoría abarcaría a miembros de gabinetes con funciones de confianza o asesoramiento especial al Gobierno, personal directivo público y empleados de la Administración General del Estado y de su sector público que participen en la toma de decisiones, la elaboración de normas o la ejecución de políticas públicas.
La propuesta del PP para exdiputados
El PP ha presentado una enmienda centrada en los exdiputados que desarrollen actividades de representación de intereses directamente vinculadas al proceso de decisión parlamentaria.
Su propuesta exige que informen a la Cámara de esas tareas y que no puedan beneficiarse, mientras las ejerzan, de las prerrogativas reconocidas a los antiguos diputados para actividades de influencia, sin perjuicio del periodo de incompatibilidad que se establezca.
Junts pide acotar la actividad profesional
Junts ha registrado enmiendas para precisar que la actividad de influencia regulada en el ámbito parlamentario debe realizarse de forma profesional.
El objetivo de esta precisión es delimitar mejor qué contactos deben quedar incluidos en el futuro marco de regulación de lobbies y evitar que cualquier interacción con diputados pueda ser considerada actividad de influencia formal.
Excluir al tejido social sin ánimo de lucro
PNV, ERC, Bildu y BNG también han planteado excluir de esta regulación a entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro.
Con esta modificación, estas organizaciones podrían seguir manteniendo contactos con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el futuro Registro de lobbies que se quiere poner en marcha.
La reforma del Reglamento del Congreso combina dos objetivos: reforzar la transparencia en la relación entre diputados y grupos de interés, y dotar a la Cámara de herramientas más claras para sancionar incumplimientos internos.
El debate llega en un momento en el que la actividad parlamentaria está marcada por la tensión política, los episodios de alteración del orden en el hemiciclo y la presión para aumentar los controles sobre conflictos de interés y puertas giratorias.