El Pleno del Congreso ha votado en contra este martes, con el respaldo de PSOE, Sumar y sus socios habituales, de la reforma legislativa registrada por el PP que planteaba que fuera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y no el Ejecutivo, quien designara a los jueces que representen a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en otras instancias internacionales.
En su proposición de ley, los populares señalaban que este año concluye el mandato de la actual magistrada española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui. Para su relevo, el Ministerio de Justicia ha elaborado una terna de aspirantes y la elección final recaerá en un comité de selección presidido por el Ministerio de Asuntos Exteriores e integrado por altos cargos del Gobierno.
Según el PP, era preciso modificar el sistema de nombramientos de los candidatos que España envía a estas cortes internacionales, de manera que la elección no dependiera del Gobierno, sino que recayera en el propio Poder Judicial a través del CGPJ, “evitando así la interferencia del Poder Ejecutivo, garantizando la necesaria e irrenunciable independencia tanto del órgano que hace la propuesta como de los propios candidatos, que de este modo queda blindada”.
La propuesta, difundida por Europa Press, buscaba retocar la Ley Orgánica del Poder Judicial introduciendo un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 560, donde se recogen las competencias del Consejo General del Poder Judicial.
Competencias en el TEDH, TJUE y TPI
En particular, el texto otorgaba al CGPJ la facultad de designar “los candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal General de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de representantes ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y ante el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos así como al Tribunal Penal Internacional (TPI), Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Tribunal u órgano de naturaleza jurisdiccional o similar, cuyas decisiones sean de obligado cumplimiento en España”.
Además, el PP fijaba que el procedimiento de elección por parte del CGPJ debía ajustarse a los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad ya previstos en la normativa vigente.