El Pleno del Congreso decidirá este jueves si da luz verde a la propuesta de la Comisión de Interior para constituir en su seno una subcomisión encargada de preparar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, una iniciativa que ya contó con el apoyo de una amplia mayoría de la Cámara en su primer trámite.
Esta nueva subcomisión orientará sus trabajos, entre otros aspectos, a analizar el marco normativo que actualmente regula la situación de las personas desaparecidas en España y a identificar las reformas legales que hagan falta. Asimismo, revisará propuestas e iniciativas previas y recabará la colaboración del Tercer Sector Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), las administraciones públicas, la Abogacía y la Psicología.
La finalidad última será presentar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Para ello, la subcomisión elaborará un informe con conclusiones sobre las medidas a adoptar, con la posibilidad de convocar comparecencias y requerir documentación. Este órgano tendrá un plazo máximo de seis meses desde su constitución para elevar sus conclusiones a la Comisión de Interior.
La Comisión de Interior decidió el pasado mes de julio elevar al Pleno la creación de esta subcomisión. La propuesta prosperó con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN, mientras que Vox, ERC y Junts optaron por la abstención. Posteriormente, la Mesa del Congreso remitió la petición a la Junta de Portavoces para que se incluyera en el orden del día de una sesión plenaria.
Una cuestión considerada política de Estado
En la exposición de motivos de la iniciativa del PSOE se subraya que la desaparición de una persona repercute tanto en quien desaparece como en sus familias y entorno cercano, y se destaca que los problemas que afloran cuando una persona desaparece sin causa aparente abarcan ámbitos psicológicos, jurídicos, administrativos, sociales y económicos.
El documento rememora que en 2010 el Congreso aprobó por unanimidad declarar el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente y que, tres años más tarde, el Senado puso en marcha una Comisión Especial para analizar esta realidad, que concluyó que debía tratarse de forma integral como una política de Estado.
El texto también menciona la posterior integración del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) en la Secretaría de Estado de Seguridad, los planes estratégicos desarrollados en este ámbito y la revisión del protocolo policial de actuación ante desapariciones.
Aun así, los socialistas sostienen que siguen pendientes cuestiones relevantes, entre las que señalan la necesidad de otorgar un estatus jurídico específico a las víctimas directas e indirectas de las desapariciones.