Elma Saiz y Mónica García comparecerán en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es la titular de un departamento clave del Gobierno de España, responsable de las políticas de protección social contributiva y no contributiva, así como de la gestión de los flujos migratorios y de las políticas de inclusión. Sus competencias se definen con carácter general en los reales decretos sobre estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y, de forma específica, en el real decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (como el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, y las normas que lo han ido modificando).

1. Papel dentro del Gobierno y del Consejo de Ministros

• Es miembro del Consejo de Ministros, con voz y voto en la adopción de las decisiones colegiadas del Gobierno (aprobación de proyectos de ley, reales decretos-ley, reales decretos, acuerdos, etc.).
• Como el resto de ministros y ministras, responde políticamente ante el Congreso de los Diputados, pudiendo ser interpelada, sometida a preguntas, comparecencias y mociones.
• Dirige y coordina la actuación de todo el departamento ministerial, ejerciendo la jefatura superior del personal y de los servicios del ministerio y de los organismos que tiene adscritos.
• Eleva al Consejo de Ministros las propuestas normativas y de política pública en su ámbito material, y participa en las deliberaciones sobre otras materias que afectan al conjunto del Gobierno (presupuestos, reformas estructurales, etc.).

2. Ámbitos materiales de competencia

Según los decretos de estructura orgánica de los departamentos ministeriales y los específicos de su Ministerio, a la persona titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se le adscriben, en términos generales, los siguientes grandes bloques competenciales:

• Seguridad Social y pensiones: diseño y dirección de la política del sistema de Seguridad Social (régimen general y regímenes especiales), incluyendo pensiones contributivas, prestaciones económicas, incapacidad temporal y permanente, viudedad, orfandad, jubilación, así como la relación con las entidades gestoras y servicios comunes.
• Protección social no contributiva e inclusión: impulso y coordinación de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y otros programas de apoyo a hogares vulnerables, así como políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza y la exclusión.
• Migraciones: ordenación y gestión de las políticas migratorias laborales y de residencia (en coordinación con Interior y Asuntos Exteriores), atención a la inmigración y la emigración española en el exterior, y diseño del sistema de acogida en materia de protección internacional y refugio.
• Relaciones y acuerdos internacionales en su ámbito (por ejemplo, acuerdos sobre flujos migratorios laborales, cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones, coordinación con instituciones de la UE en materia de Seguridad Social y movilidad de trabajadores).

3. Tipos de normas y decisiones que propone o firma

En el marco definido por la legislación básica del Gobierno, la ministra ejerce, entre otras, las siguientes funciones normativas y de gestión:

• Proponer al Consejo de Ministros proyectos de ley y reales decretos-ley en materia de Seguridad Social, pensiones, migraciones y políticas de inclusión.
• Elevar para su aprobación reales decretos que desarrollan leyes o regulan aspectos específicos (por ejemplo, revalorización anual de pensiones, reglamentos de acogida, órganos consultivos como el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital).
• Dictar órdenes ministeriales y resoluciones en el ámbito de su competencia, regulando aspectos organizativos internos, gestión de créditos, subvenciones, órganos colegiados, sedes electrónicas, etc.
• Aprobar o proponer la aprobación de planes, estrategias y programas en los ámbitos de inclusión social, integración de personas migrantes, o modernización de la gestión de la Seguridad Social.

4. Organismos y estructura bajo su responsabilidad

Los reales decretos de estructura orgánica atribuyen al Ministerio diversas Secretarías de Estado, Secretarías Generales, Direcciones Generales y organismos (como las entidades gestoras de la Seguridad Social) que ejecutan las políticas diseñadas por la ministra. Sobre todos ellos ejerce funciones de dirección, coordinación y alta inspección, fijando objetivos, asignando recursos y evaluando resultados.

5. Relaciones con otros ministerios

• Coordina con el Ministerio de Trabajo las políticas de empleo y cotizaciones sociales.
• Con el Ministerio del Interior, las materias relativas al control de fronteras y la dimensión securitaria de la inmigración.
• Con Asuntos Exteriores, la gestión consular de españoles en el exterior y acuerdos migratorios bilaterales.
• Con Hacienda, la financiación de pensiones y prestaciones y la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social.

En síntesis, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es la responsable política máxima del sistema de Seguridad Social, de las políticas de inclusión y del diseño y gestión de las migraciones en España, dentro del marco colegiado del Gobierno y bajo el control político del Parlamento.

La solicitud de comparecencia de un ministro en el Congreso de los Diputados se regula fundamentalmente en el Reglamento del Congreso, especialmente en los artículos 202 y 203, y, en lo relativo a comisiones de investigación, en el artículo 52 (en conexión con el artículo 76.2 de la Constitución). A partir de esos preceptos pueden distinguirse los requisitos según el tipo de comparecencia y el órgano ante el que se produce.

1. Tipos básicos de comparecencia de ministros

• Comparecencia en comisión a petición propia o de la comisión (art. 202 RCD).
• Comparecencia ante el Pleno o comisión para informar sobre un asunto determinado, a petición propia o a iniciativa de la Cámara (art. 203 RCD).
• Comparecencias en comisiones de investigación, con reglas específicas sobre citación y urgencia (art. 52 RCD, en relación con el art. 76.2 CE).

2. ¿Quién puede solicitar la comparecencia?

a) Ante una comisión (art. 202)

• El propio miembro del Gobierno: puede pedir comparecer “a petición propia” ante la comisión competente para celebrar una sesión informativa.
• La comisión correspondiente: el artículo 202.1 establece que los miembros del Gobierno comparecerán “cuando así lo solicitare la Comisión correspondiente”. Es decir, es la comisión como órgano la que adopta el acuerdo de pedir la comparecencia; el Reglamento no fija aquí un umbral concreto de firmas dentro de la comisión, sino que remite a sus decisiones internas.

b) Ante el Pleno o ante una comisión (art. 203)

Aquí el Reglamento establece con claridad los sujetos que pueden iniciar el procedimiento y los umbrales:

• El propio Gobierno (miembro del Gobierno afectado): puede solicitar comparecer “a petición propia” ante el Pleno o una comisión para informar sobre un asunto determinado.
• La Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces: la comparecencia tiene lugar “por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces”.
• ¿Quién puede impulsar ese acuerdo? La “iniciativa para la adopción de tales acuerdos” corresponde:
  • A dos Grupos Parlamentarios, o
  • A la quinta parte de los miembros de la Cámara (si la comparecencia es ante el Pleno), o
  • A la quinta parte de los miembros de la Comisión

Por tanto, no basta un único diputado individual para obligar a la Mesa y a la Junta a acordar la comparecencia: se exige, como mínimo, el respaldo de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros del órgano correspondiente.

c) En comisiones de investigación (art. 52)

• El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, puede crear una comisión de investigación.
• Estas comisiones pueden “requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída”. Es decir, la propia comisión, como órgano, decide las comparecencias en su plan de trabajo.

3. Requisitos formales mínimos y tramitación

• Solicitud escrita y motivada (por práctica parlamentaria y por la naturaleza de los acuerdos): debe identificarse el ministro que se solicita que comparezca y el asunto determinado sobre el que ha de informar (art. 203.1).
• Calificación y admisión: el acuerdo que provoca la comparecencia es adoptado por:
  • La comisión competente (art. 202.1), o
  • La Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces (art. 203.1), a partir de la iniciativa de dos grupos o de la quinta parte de los miembros.
• Convocatoria y fijación del orden del día: una vez admitida, la Presidencia y la comisión o el Pleno incorporan la comparecencia al orden del día de la sesión correspondiente.

4. Umbrales de apoyo y comparecencias “urgentes”

• Umbral mínimo: para forzar una comparecencia ante Pleno o comisión via art. 203 es imprescindible:
  • Apoyo de dos Grupos Parlamentarios, o
  • Apoyo de, al menos, la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la comisión.
• Urgencia en comisiones de investigación (art. 52.2):
  • Regla general: la notificación del requerimiento para comparecer debe hacerse con 15 días de antelación.
  • En caso de “circunstancias de urgente necesidad” se puede reducir el plazo, que en ningún caso será inferior a 3 días.

En resumen, el marco legal combina el derecho del Gobierno a comparecer a petición propia con la posibilidad de que la Cámara, a través de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de sus miembros, obligue a un ministro a dar explicaciones ante el Pleno o ante las comisiones, siempre mediante acuerdos formales de los órganos del Congreso (Mesa, Junta de Portavoces y comisiones competentes).

En las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta, el Partido Popular (PP) fue la fuerza que obtuvo la mayoría de escaños. Ningún otro partido alcanzó un número de diputados tan elevado, por lo que el PP se situó como primera fuerza de la cámara ceutí.

La ciudad autónoma de Ceuta cuenta con una Asamblea que ejerce funciones equivalentes a las de un parlamento autonómico, aunque su estatus jurídico sea específico. En ese marco institucional, las elecciones a la Asamblea determinan tanto quién ocupa la presidencia de la Ciudad como la correlación de fuerzas entre los distintos partidos representados. Los resultados más recientes consolidaron al PP como eje central de la política ceutí.

A partir de las informaciones disponibles sobre la composición actual de la Asamblea, se desprende que el PP dispone de nueve diputados, lo que lo convierte en el grupo con mayor representación. Al mismo tiempo, se menciona la presencia de Vox con cuatro escaños, así como de otras formaciones como el PSOE y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), además de la fuerza local Ceuta Ya!. Sin embargo, ninguna de estas formaciones alcanza por sí sola un número de diputados comparable al del Partido Popular.

Este equilibrio de fuerzas tiene implicaciones importantes para la gobernabilidad de la ciudad. En el debate político reciente se ha hablado de la existencia de una “mayoría absoluta alternativa” posible si se sumasen los nueve diputados del PP y los cuatro de Vox, lo que subraya hasta qué punto el PP es el actor imprescindible para cualquier mayoría estable. Esa aritmética confirma que el PP no solo es el partido con más escaños, sino también el socio inevitable en cualquier combinación de gobierno que aspire a una mayoría amplia.

La condición del PP como primera fuerza se enmarca en una trayectoria de dominio prolongado en la política ceutí. La figura de Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad durante múltiples mandatos, está estrechamente vinculada a ese predominio popular. Aunque el número exacto de escaños de cada partido puede variar entre convocatorias, el patrón de fondo ha sido la centralidad del PP en la Asamblea, que le ha permitido liderar sucesivos ejecutivos locales.

Ahora bien, que el PP tenga la mayoría relativa de escaños no significa que gobierne sin condicionantes. El sistema de representación proporcional y el tamaño reducido de la cámara favorecen la entrada de varias fuerzas políticas y obligan, en la práctica, a tejer acuerdos parlamentarios o de gobierno. En el contexto actual, la relación del PP con Vox, con el PSOE y con las formaciones localistas se ha vuelto especialmente relevante, tanto por la necesidad de apoyos puntuales como por la presión para formalizar o romper pactos.

En suma, si la pregunta es estrictamente qué partido obtuvo la mayoría de escaños en las últimas elecciones autonómicas ceutíes, la respuesta es clara: el Partido Popular. Es la fuerza con más diputados en la Asamblea de Ceuta y ocupa el centro de la dinámica política local, condicionando cualquier posible mayoría tanto a la derecha como en eventuales acuerdos transversales.