El Gobierno lleva a votación la próxima semana la Ley de Lobbies

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un organismo estatal independiente creado por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La propia ley fija su finalidad: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las normas de buen gobierno. A partir de ahí, detalla un conjunto de competencias y funciones que pueden agruparse en tres grandes bloques.

1. Funciones generales de supervisión y promoción

La Ley 19/2013 configura al CTBG como órgano de supervisión y control de la aplicación de la ley en el ámbito de la Administración General del Estado y de las entidades vinculadas o dependientes, así como, mediante convenios, en las comunidades autónomas que se adhieran.

Entre sus funciones generales destacan:

• Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y buen gobierno previstas en la ley.
• Asesorar a las administraciones y sujetos obligados en materia de transparencia, derecho de acceso y buen gobierno.
• Evaluar la aplicación de la ley, elaborando anualmente una memoria sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso, que se remite a las Cortes Generales.
• Promover directrices, guías y buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
• Impulsar actividades de formación y sensibilización para mejorar el conocimiento y la cultura de la transparencia en el sector público.
• Colaborar con otros órganos de naturaleza análoga, en especial los de ámbito autonómico, fomentando la coordinación y homogeneidad de criterios.

2. Competencias en transparencia y derecho de acceso

2.1. Publicidad activa y Portal de Transparencia

En relación con la transparencia en sentido estricto (publicidad activa), la ley atribuye al CTBG funciones de control sobre el cumplimiento de las obligaciones de difusión de información por parte de la Administración General del Estado:

• Controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en la ley por la Administración General del Estado.
• Dictar resoluciones, en los procedimientos previstos reglamentariamente, estableciendo las medidas necesarias para corregir el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y para impulsar, en su caso, actuaciones disciplinarias.

2.2. Garantía del derecho de acceso

En materia de derecho de acceso a la información pública, el CTBG asume un papel central de garantía cuasi jurisdiccional:

• Conocer y resolver las reclamaciones que se interpongan frente a resoluciones (expresas o presuntas) en materia de acceso a la información dictadas por los sujetos obligados estatales. Esa reclamación es potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
• Publicar sus resoluciones en materia de acceso, una vez notificadas a los interesados y con los datos personales debidamente disociados.
• Adoptar criterios de interpretación uniforme sobre las obligaciones de transparencia y acceso, a través de resoluciones y pronunciamientos que orientan la aplicación de la ley.
• Responder consultas facultativas de los órganos encargados de tramitar solicitudes de acceso, ayudando a resolver dudas interpretativas sobre límites, protección de datos, etc.
• Comunicar al Defensor del Pueblo las resoluciones dictadas en materia de acceso, reforzando así el control externo y la tutela de derechos.

3. Competencias en materia de buen gobierno

En relación con las normas de buen gobierno que la Ley 19/2013 establece para miembros del Gobierno y altos cargos, el CTBG no es el órgano sancionador, pero sí tiene funciones relevantes de impulso y garantía:

• Velar por la observancia de las disposiciones de buen gobierno, integrando esta dimensión en su función general de supervisión.
• Instar el inicio de procedimientos sancionadores cuando aprecie posibles infracciones del título de buen gobierno. El órgano competente para sancionar deberá motivar si decide no incoar el procedimiento.
• Incorporar el análisis del cumplimiento del buen gobierno en sus informes y memorias, enlazándolo con la responsabilidad y la gestión adecuada de los recursos públicos.

4. Otras funciones orgánicas y de desarrollo

La ley prevé además competencias relacionadas con su propio funcionamiento institucional, que completan el cuadro de funciones:

• Informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la Ley 19/2013 o que estén relacionados con su objeto.
• Proponer y aprobar su anteproyecto de presupuesto, dentro de los límites de la normativa presupuestaria general.
• Participar en la elaboración de su propio estatuto organizativo, que debe aprobarse por real decreto y concreta su estructura interna, funcionamiento y medios.

En conjunto, el CTBG combina funciones de órgano de control (resolución de reclamaciones y vigilancia del cumplimiento), de órgano de garantía de derechos (derecho de acceso) y de órgano de promoción e interpretación (recomendaciones, criterios, formación y asesoramiento) en los tres ámbitos que articula la Ley 19/2013: transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En el ordenamiento español, la regulación de los grupos de interés se ha desarrollado sobre todo a nivel autonómico, tomando como referencia modelos como Cataluña y la Comunitat Valenciana. Aunque el diseño de un registro estatal general se encuentra en proceso de configuración, la normativa vigente muestra un patrón bastante homogéneo de requisitos para inscribirse en los registros de grupos de interés.

1. Quién puede y debe inscribirse

Las leyes autonómicas consultadas (Ley 19/2014 de Cataluña y su desarrollo por el Decreto-ley 1/2017, y la Ley 25/2018 de la Comunitat Valenciana y su desarrollo por el Decreto 172/2021) coinciden en que:

• Son grupos de interés las personas físicas y las organizaciones, plataformas o redes (con o sin personalidad jurídica) que realizan actividades susceptibles de influir en la elaboración o aplicación de políticas públicas, normas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en interés propio, de terceros o incluso en defensa de un interés general organizado.
• Esta actividad de influencia incluye contactos con cargos públicos, personal empleado público, diputados o responsables políticos, así como aportaciones en consultas públicas que busquen influir en el contenido de decisiones públicas.

La inscripción suele ser obligatoria para todos los sujetos que encajen en esa definición cuando quieran interactuar con la Administración o las instituciones incluidas en el ámbito de la ley (administración autonómica, sector público instrumental, parlamento autonómico, etc.).

2. Sujetos excluidos o con régimen específico

Las normas distinguen también quién no está obligado a inscribirse, aunque pueda seguir teniendo relevancia pública:

• Organizaciones intergubernamentales y organismos vinculados a ellas, cuando actúan en el marco de sus funciones públicas.
• Corporaciones de derecho público (colegios profesionales, cámaras, etc.) cuando ejercen funciones públicas, aunque sí pueden ser grupos de interés cuando realizan otras funciones de representación o presión.
• Partidos políticos y sindicatos en el ejercicio de sus funciones constitucionales, sin perjuicio de que entidades creadas o financiadas por ellos puedan ser considerados grupos de interés.
• En el caso valenciano, se precisa que no se consideran grupos de interés las personas físicas que actúan en asuntos propios que no impliquen intereses económicos significativos por su dimensión o relevancia.

Estos criterios delimitan quién tiene la carga legal de inscribirse y quién se mueve en otro régimen jurídico.

3. Requisitos formales de inscripción

Los decretos de desarrollo (por ejemplo, el Decreto 172/2021 del Consell, que desarrolla la Ley 25/2018) detallan el contenido mínimo de la solicitud de inscripción en el registro autonómico correspondiente:

• Identificación del grupo de interés: denominación, naturaleza jurídica, NIF o identificador equivalente, domicilio, datos de contacto y, en su caso, ámbito territorial de actuación.
• Identificación de representantes: datos de las personas físicas que actúan en nombre del grupo (empleados, consultores externos, despachos profesionales, etc.), con sus datos de contacto.
• Descripción de la actividad de influencia: sectores, materias o políticas públicas sobre las que se pretende influir, y tipo de actividades (reuniones, participación en consultas, elaboración de propuestas, etc.).
• Categoría y áreas de interés: los registros suelen clasificar a los grupos de interés en categorías (empresariales, ONG, despachos profesionales, think tanks, etc.) y por áreas temáticas, que deben declararse en el momento de la inscripción.

El registro es, en general, electrónico, público, gratuito, abierto e independiente. La información debe ser accesible a través de los portales de transparencia de la administración correspondiente.

4. Compromisos y obligaciones asociadas

Además de aportar la información básica, la inscripción conlleva obligaciones materiales:

• Adhesión a un código de conducta: la normativa autonómica exige aceptar un código ético mínimo de obligado cumplimiento, que regula la forma en que los grupos de interés pueden relacionarse con autoridades y empleados públicos (prohibición de ofrecer ventajas indebidas, deber de identificarse como grupo de interés, veracidad en la información aportada, etc.).
• Veracidad y actualización de los datos: los grupos de interés deben mantener actualizada la información del registro (cambios en representantes, estructura, áreas de interés, etc.) y pueden ser objeto de verificaciones y controles por parte del órgano responsable del registro.
• Registro de actividades: algunos marcos, como el valenciano, prevén un registro de actividades donde los grupos de interés deben anotar sus principales actuaciones de influencia, que pueden luego integrar la “huella” o pisada normativa de los procesos legislativos o reglamentarios.

5. Ámbito estatal y convergencia de principios

A nivel estatal, la información recabada muestra la existencia de registros sectoriales específicos (por ejemplo, en autoridades reguladoras) y ficheros de datos personales denominados “Registro de grupos de interés” en determinados organismos. Los principios que inspiran estos instrumentos coinciden con los de los ejemplos autonómicos: transparencia, publicidad de los actores que influyen en las políticas públicas, inscripción previa para poder mantener contactos de influencia y aceptación de reglas éticas y de control.

En la práctica, para evaluar los requisitos concretos aplicables a un grupo de interés, resulta imprescindible identificar el ámbito territorial e institucional (Generalitat, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Administración General del Estado u otra) y acudir a la regulación específica de su registro de grupos de interés, que desarrolla los elementos comunes descritos: definición del grupo de interés, sujetos excluidos, datos obligatorios, aceptación del código de conducta, actualización y régimen de control y sanciones.