Jubilados y mutualistas con derecho a pensión podrán acogerse a la pasarela al RETA

Respuesta directa

Con la información parlamentaria disponible no aparece ninguna iniciativa que pueda identificarse con seguridad como la “norma sobre la pasarela al RETA” aprobada en el Pleno del Congreso, por lo que no es posible detallar sus próximos pasos concretos (fechas, fase exacta, si ya está en el Senado, etc.). Sí se puede, sin embargo, explicar cuál es el itinerario habitual que sigue cualquier proyecto o proposición de ley tras ser aprobado por el Congreso y antes de su publicación en el BOE. En términos generales, tras el visto bueno del Pleno del Congreso la iniciativa pasa al Senado, donde puede recibir vetos o enmiendas; después vuelve al Congreso para la decisión final y, finalmente, se sanciona por el Rey y se publica. Sin la ficha oficial de tramitación de esa norma concreta, todo lo que puede hacerse es describir ese esquema general y no una cronología específica de la “pasarela al RETA”.

Situación actual: imposibilidad de identificar la norma concreta

En las bases documentales consultadas no figura ninguna iniciativa del Congreso de los Diputados cuyo título, descripción o expediente permita asociarla con claridad a una “pasarela al RETA” vinculada al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Tampoco aparece ninguna referencia a una norma con ese objeto que conste como aprobada en Pleno del Congreso y en tramitación posterior. Lo único que se localiza con la palabra “pasarela” es una iniciativa del Senado relativa a una infraestructura física (una pasarela peatonal sobre el río Salado en Cádiz), sin relación con el RETA.

Esto significa que no se dispone ni del número de expediente (del tipo 121/…, 122/…, 124/…), ni de la fecha de aprobación, ni de la fase en la que se encuentra actualmente, de modo que sería incorrecto asignarle un estado procesal concreto o inventar plazos. A falta de esa ficha oficial, sólo puede explicarse cuál es el recorrido ordinario que sigue cualquier ley entre la aprobación en el Congreso y su definitiva publicación.

Itinerario estándar tras la aprobación en el Congreso

Una vez que el Pleno del Congreso aprueba un proyecto o proposición de ley, el texto se considera aprobado por el Congreso y pasa al Senado. A partir de ese punto, los pasos típicos son los siguientes:

En primer lugar, se produce la remisión formal al Senado. El Congreso envía el texto aprobado, junto con el expediente, a la Cámara Alta. Esta remisión se publica en los boletines oficiales de ambas Cámaras y abre la fase de tramitación senatorial.

En segundo lugar, se abre en el Senado el plazo de presentación de enmiendas y, en su caso, de veto. Durante este periodo, los grupos senadores pueden: presentar enmiendas al articulado para modificar el texto, o proponer un veto al conjunto de la ley, es decir, un rechazo global. El plazo estándar es de varios días hábiles, aunque puede acortarse si la tramitación es urgente.

En tercer lugar, si hay enmiendas o veto, el texto pasa a la Comisión correspondiente del Senado, que puede designar una ponencia para elaborar un informe. Posteriormente la Comisión aprueba un dictamen que incorpora, modifica o rechaza las enmiendas presentadas. Ese dictamen se eleva al Pleno del Senado.

En cuarto lugar, el Pleno del Senado decide. Puede: aprobar el texto sin cambios (en cuyo caso queda definitivamente aprobado en los mismos términos en que lo envió el Congreso), aprobar enmiendas parciales al texto, o aprobar un veto (rechazo completo). Cada una de estas opciones determina un cauce distinto al regresar la norma al Congreso.

Retorno al Congreso, aprobación definitiva y BOE

Tras el pronunciamiento del Senado, el expediente vuelve al Congreso:

Si el Senado ha aprobado enmiendas, el Congreso debe decidir si las acepta o las rechaza. La decisión final la toma, como regla general, el Pleno del Congreso por mayoría simple. Si se aceptan algunas o todas las enmiendas, el texto definitivo de la ley se forma incorporando las que hayan prosperado; si se rechazan, prevalece el texto que originalmente salió del Congreso.

Si el Senado formula un veto, el Congreso puede: levantarlo por mayoría absoluta en una primera votación, o, si transcurre un plazo determinado, por mayoría simple en una segunda votación posterior. Si el Congreso no logra levantar el veto, la norma decae; si lo levanta, el texto queda aprobado en los términos que el propio Congreso confirme.

Una vez que el Congreso adopta la aprobación definitiva del texto (superada la fase del Senado, con o sin cambios), la ley pasa a la fase final de sanción y promulgación. El Rey sanciona la ley y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley entra en vigor en la fecha que establezca su disposición final (normalmente a los 20 días de su publicación, salvo previsión distinta).

Qué faltaría saber para concretar los pasos de la “pasarela al RETA”

Para explicar con precisión en qué punto está, y cuáles son exactamente los próximos pasos de la norma específica sobre la “pasarela al RETA”, sería imprescindible conocer su número de expediente parlamentario o, al menos, el título oficial completo tal como figura en el Boletín del Congreso. Con ese dato podría verificarse si ya ha sido remitida al Senado, si está abierto o cerrado el plazo de enmiendas, si hay veto o enmiendas aprobadas y en qué momento se prevé la aprobación definitiva y la publicación en el BOE.

Mientras esa identificación no sea posible en la documentación disponible, sólo puede afirmarse lo anterior: tras su aprobación por el Pleno del Congreso, la norma deberá pasar por el circuito ordinario de Senado → eventual regreso al Congreso → sanción y publicación, con las variantes de enmiendas o veto que resulten de la actuación de la Cámara Alta.

Respuesta sintética

El Senado actúa como cámara de segunda lectura en casi todas las leyes que afectan al sistema público de pensiones y a los mutualistas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS, mutualidades de previsión social, etc.), con capacidad para enmendar el texto o formular un veto, pero de carácter siempre suspensivo. En las leyes ordinarias y orgánicas sobre Seguridad Social o mutualismo administrativo puede introducir enmiendas o vetar el conjunto, aunque el Congreso puede imponerse finalmente. En las leyes de Presupuestos Generales del Estado, donde suelen ir muchas disposiciones sobre pensiones, su margen temporal y material es aún más reducido. En los decretos‑leyes que regulan pensiones, el Senado no interviene en la convalidación y sólo entra en juego si el Congreso decide tramitarlos después como proyectos de ley, de nuevo con un poder de revisión limitado.

a) Leyes ordinarias y orgánicas sobre pensiones y mutualistas

Las reformas estructurales del sistema de pensiones y de los regímenes mutualistas se tramitan normalmente como leyes ordinarias, y sólo en casos que afecten a derechos fundamentales o a materias reservadas se utilizaría una ley orgánica. En ambos casos se aplica el esquema general de bicameralismo imperfecto de la Constitución.

El procedimiento se estructura así:

Primero, el Congreso de los Diputados aprueba un texto (proyecto o proposición de ley). A continuación, la ley se remite al Senado, que dispone de un plazo para examinarla. Durante esta fase, el Senado puede:

– Aprobar el texto sin cambios, con lo que la ley queda lista para su promulgación.
– Aprobar enmiendas (modificaciones parciales del articulado).
– Acordar un veto o rechazo total de la ley, que tiene naturaleza suspensiva.

El margen real del Senado está acotado por la capacidad del Congreso para resolver discrepancias. Si el Senado introduce enmiendas, el texto vuelve al Congreso, que puede aceptarlas o rechazarlas. Si el Senado formula un veto, el Congreso puede levantarlo mediante:

– Una mayoría absoluta en una nueva votación sobre el conjunto del proyecto.
– O una mayoría simple si han transcurrido más de dos meses desde que el Senado vetó el texto.

En la práctica, esto significa que, incluso en reformas de gran calado en pensiones o mutualidades de previsión social, el Senado sólo puede retrasar la aprobación y proponer cambios; la decisión final corresponde al Congreso.

b) Presupuestos Generales del Estado y reformas del sistema de Seguridad Social

Una parte muy relevante de las decisiones sobre pensiones (revalorizaciones anuales, complementos, aportaciones del Estado a la Seguridad Social y a mutualidades administrativas) se incluye habitualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En este tipo de ley, el Senado ve más limitado su margen de actuación. Aunque la información disponible indica que actúa igualmente como cámara de revisión, el tiempo y el alcance de sus intervenciones están muy acotados por el propio diseño constitucional de la ley de Presupuestos y la necesidad de su entrada en vigor al inicio del ejercicio. El Senado puede examinar el proyecto, formular enmiendas y, en su caso, un rechazo, pero sólo puede retrasar la aprobación en un periodo breve

Cuando la reforma del sistema de Seguridad Social o de los regímenes mutualistas se articula mediante una ley específica (no presupuestaria), vuelve a aplicarse el esquema del apartado anterior: potestad de enmienda y veto suspensivo por parte del Senado, con decisión final del Congreso.