El grupo parlamentario de Junts intenta activar una votación en el Pleno del Congreso con el objetivo de exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales.
Esta iniciativa figura en una enmienda registrada este martes por la formación independentista como añadido a la moción que el PP someterá a votación este jueves, centrada en la "debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición".
“Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”, es el texto de la enmienda.
Para que la propuesta de Junts llegue efectivamente a votarse, es imprescindible que el PP acepte incorporar esta enmienda a su propio texto, de forma que se sumaría al resto de puntos ya planteados por el Grupo Popular.
Sin embargo, poco después de conocerse la iniciativa de Junts, los populares, a través de su portavoz parlamentaria, ha anunciado haber registrado una autoenmienda en el mismo sentido y con idéntico fin: la conclusión de la legislatura: “Insta al Gobierno de España a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político”, es el texto registrado este martes.
Valor político de la iniciativa
El debate de la moción del PP y de la enmienda de Junts se desarrollará esta misma tarde. De prosperar la iniciativa de Junts y la autoenmienda del PP la votación se registrará el jueves. Su resultado no será vinculante pero sí que la iniciativa tiene valor político.
Si llegara a votarse, cada grupo parlamentario tendrá que retratarse públicamente sobre un adelanto electoral. Es fácil prever que tanto PP y Vox votarían a favor de la misma, mientras que PSOE y Sumar se pronunciarían en contra. El foco quedaría entonces en el sentido del voto de formaciones como PNV, ERC, Bildu, BNG, Coalición Canaria y otros socios habituales del Gobierno.
La relevancia de la maniobra de Junts y la autoenmienda del PP radica en que permitiría medir si existe o no una mayoría parlamentaria favorable al adelanto electoral.
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Moncloa descarta un adelanto electoral pese a la iniciativa de Junts en el Congreso
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Moncloa descarta el adelanto electoral
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha afirmado que el Gobierno respeta pero no comparte la iniciativa presentada por Junts de instar al presidente Sánchez a convocar elecciones generales.
Así, el Ejecutivo central no contempla en absoluto adelantar las elecciones generales, incluso si prosperara en el Congreso de los Diputados la propuesta registrada por Junts, según han señalado este martes fuentes del Gobierno. En la Moncloa sostienen que el paso dado por la formación que lidera en el Congreso Míriam Nogueras no se interpreta como una amenaza directa, sino como una toma de postura política.
En este contexto, las fuentes recalcan que la facultad de disolver las Cortes y fijar la fecha de las elecciones corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y remarcan que no habrá adelanto electoral aunque salga adelante la iniciativa de Junts. Al mismo tiempo, insisten en que desde el PSOE existe "voluntad de diálogo" pero consideran que los independentistas catalanes no están por la labor.
En este sentido es también como se ha pronunciado el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López: "Esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del Gobierno y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan".
🔴Patxi López (@patxilopez), sobre las enmiendas de Junts y PP para instar al Gobierno a convocar elecciones anticipadas: "Esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del Gobierno y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan"
— demócrata (@democrata_info) June 16, 2026
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Antecedente: la cuestión de confianza vetada por la Mesa
Hace aproximadamente año y medio, la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, ya rechazó a trámite una iniciativa de Junts que pretendía instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Lo hizo pese a que los letrados no veían impedimentos para su admisión, argumentando que se trata de una atribución exclusiva del presidente del Gobierno y no del Poder Legislativo.
La moción del PP carga contra la gestión de Sánchez
La iniciativa del PP ya recoge la “necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación a sus actividades y las del PSOE” y por los que se investiga a los dos secretarios de Organización nombrados por Sánchez --Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos-- y a “numerosos altos cargos”.
Críticas al bloqueo de la legislatura y a la falta de control
Los ‘populares’ reclaman además que el Congreso inste al Ejecutivo a “depurar responsabilidades” por la supuesta trama financiada por el PSOE para “entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar” de Sánchez, en la que figuran como imputados Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del partido, Cerdán y la gerente del PSOE Ana María Fuentes.
El texto también afea al Gobierno no haber impulsado en lo que va de legislatura “ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si conserva la confianza de la Cámara”: la tramitación de la ley de Presupuestos Generales del Estado y la celebración del Debate sobre el estado de la Nación.
Finalmente, la moción denuncia el “bloqueo político” de una legislatura que afronta su cuarto año sin haber aprobado una sola ley presupuestaria y con “el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses” de todas las legislaturas del actual periodo democrático.