El Pleno del Congreso de los Diputados abordará este jueves el debate de las dos enmiendas a la totalidad registradas por PP y Vox contra el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, una iniciativa llamada a reemplazar la normativa vigente desde 2007 y que el sector reclama desde hace años para adecuar el marco legal a la transformación que ha vivido la industria audiovisual.
El proyecto llega ahora a la Cámara Baja tras una tramitación prolongada, iniciada en la pasada legislatura y paralizada durante años por las dificultades parlamentarias. La propuesta ha logrado “sobrevivir” al adelanto electoral de 2023, al relevo en la titularidad del Ministerio de Cultura y a sucesivos bloqueos en las Cortes.
La renovación de la Ley del Cine figura entre las principales exigencias de la industria cinematográfica y audiovisual en los últimos tiempos, sobre todo después de la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que provocó un fuerte rechazo en parte del sector por la definición de productor independiente y el reparto de las obligaciones de financiación.
La reforma también ha sido una de las promesas reiteradas del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que desde el inicio de la legislatura ha defendido la urgencia de actualizar una ley que considera obsoleta para dar respuesta a la realidad del audiovisual contemporáneo.
El titular de Cultura aseguró el pasado año que la nueva Ley del Cine estaría aprobada antes de 2025, algo que finalmente no ha ocurrido. “Tengo el convencimiento de que este año vamos a tener ley del cine. Lo puedo decir, creo que las conversaciones con el conjunto de grupos avanzan bien. Estoy convencido de que así será”, afirmó en una entrevista en “RNE”, recogida por Europa Press, hace más de un año y medio.
En diversas comparecencias públicas y entrevistas, el ministro ha reiterado que la ley es “imprescindible” para un sector cuya cadena de valor ha cambiado de forma radical desde 2007, con la irrupción de las plataformas y el auge de las series, apenas contempladas en la regulación actual. De hecho, el origen del texto se remonta a la etapa de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura.
Ya en 2021, el entonces ministro Iceta presentó la reforma como uno de los grandes compromisos de la legislatura y marcó inicialmente finales de 2022 como fecha objetivo para su aprobación.
Ese mismo año, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto, que introdujo por primera vez el término “cultura audiovisual” en el título de la ley y equiparó películas y series a efectos de acceso a determinadas ayudas públicas.
Posteriormente, el proyecto fue remitido a las Cortes a finales de 2022, pero su tramitación quedó interrumpida tras la disolución de las Cámaras por la convocatoria anticipada de elecciones generales en mayo de 2023, cuando la norma ya había iniciado su recorrido en el Parlamento.
Con el arranque de la nueva legislatura, el Ministerio de Cultura recuperó el texto, aunque su avance volvió a verse condicionado por la compleja aritmética parlamentaria.
En los últimos meses, Urtasun ha admitido en varias ocasiones las dificultades para sacar adelante la ley, aunque ha insistido en su confianza en alcanzar un entendimiento con los distintos grupos. En las semanas más recientes, el ministro ha incrementado la presión sobre el Partido Popular para que retire su enmienda a la totalidad y permita que continúe la tramitación.
El proyecto refuerza las ayudas y garantías para las películas rodadas en lenguas cooficiales y fija por ley la obligación de reservar el 35% de las subvenciones a la producción para proyectos encabezados por mujeres.
Asimismo, reduce del 25% al 20% la cuota mínima anual de pantalla en salas para cine español y europeo, e incorpora como novedad al cine latinoamericano y a las obras dirigidas por mujeres, que computarán el doble a efectos de cumplir dicho porcentaje.
Además, el texto obliga a las empresas a respetar la cuota de empleo para personas con discapacidad cuando sea de aplicación y excluye de las ayudas a las películas producidas por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, las financiadas íntegramente por administraciones públicas, el contenido publicitario o de propaganda política, así como las obras calificadas como X.
El debate de este jueves será clave para que el Congreso decida si tumba las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox y permite que el proyecto continúe su tramitación, o si, por el contrario, la ley vuelve a quedar encallada, prolongando un proceso legislativo iniciado hace ya cinco años y que el propio sector considera prioritario para adaptar la normativa española a la realidad actual del audiovisual.