El Congreso derogó este miércoles la esperada Ley de Lobbies. El Gobierno aprobó la norma vía decreto-ley en agosto y tres semanas después cayó en la Cámara Baja por falta de votos.
La ley fue rechazada por los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. El PNV y Podemos se abstuvieron. Apoyaron la convalidación el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís y BNG.
La votación tumba el registro estatal al que debían inscribirse todo grupo de interés que buscara un contacto con altos cargos de la Administración General del Estado y las obligaciones de información y auditoría previstas para estas entidades.
La norma llegó a su debate sin apoyos suficientes, pese al apoyo explícito de la patronal del sector APRI. No así la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, que hicieron sendos llamamientos a derogarla al verse incluidos. La patronal hizo un primer movimiento al 'congelar' cualquier relación con el Gobierno hasta que la norma fuese derogada. El Gobierno no logró remontar la situación, pese a tratar de aclarar que el diálogo social quedaba fuera del alcance de la norma.
La discusión afectó al propio Ejecutivo. Sumar llegó a acordar el voto en contra hasta que el ministro de Trasformación Digital, Óscar López, prometió en el Pleno aclarar cualquier tipo de duda en un nuevo decreto-ley. El voto positivo de Sumar, en todo caso, no bastó: la ley estaba ya sentenciada por el rechazo de PP, Vox y Junts.
El Gobierno tampoco logró convencer al PNV, que optó por la abstención e invitó al Ejecutivo a presentar un nuevo decreto-ley “con menos ambición y más realismo”. Y, a ser posible, negociado previamente.
No gusta el ‘café para todos’
Los de Carles Puigdemont adelantaron la semana pasada que no votarían la norma, al no encontrar en ella sus enmiendas. Principalmente, la distinción entre actividad profesionalizada y la influencia que pudieran ejercer pymes y organizaciones sociales.
Su diputado Josep Pâgès afeó al ministro López que su ley “es la ley que quieren los grandes lobbies y las grandes empresas del Ibex”, al entender que, a mismas exigencias, las entidades con más recursos partirían desde una situación privilegiada.
Esta equiparación fue un ángulo duramente criticado por los socios del Gobierno. ERC, Bildu y BNG cargaron por la ausencia de una excepcionalidad para los sindicatos. Sin embargo, respaldaron la norma al valorar positivamente los avances que prevé.
Hay consenso en regular
Paradójicamente, el único consenso evidenciado en el debate fue el de la necesidad de contar con una regulación de los grupos de interés y la actividad de influencia.
Ese fue el punto de partida de la diputada ‘popular’ Edurne Uriarte, que subrayó el apoyo del PP a aprobar una ley. Pero no las formas, a través de un decreto-ley al margen del trabajo parlamentario que ya discutía cambios en el proyecto remitido al Congreso.
Estos trabajos permanecían atascados en fase de ponencia sin ninguna novedad desde noviembre de 2025. El PP invitó al Gobierno a reactivar los trabajos y acometer los cambios que hicieran falta.
Respecto al contenido, fuentes ‘populares’ reconocen que la norma derogada contenía buena parte de sus propuestas. Suya era, por ejemplo, la propuesta de que el Consejo de Transparencia supervisara el registro, al menos temporalmente, a la espera de una autoridad independiente.
También cuestiones como la huella legislativa, la responsabilidad de los altos cargos, la trazabilidad o la delimitación del personal susceptible a la influencia.
Fondos europeos en vilo
La urgencia y la vía escogida del decreto-ley es explicada por parte de Transformación Digital en que la norma es una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación.
La derogación conlleva la pérdida de fondos, que en un primer momento se cifró en unos 1.500 millones de euros. Sin embargo, desde Moncloa rebajan el coste en el entorno de los 800 millones, al ser esta reforma parte de un 'pack' más amplio.
Estas fuentes aseguraron que, aunque el Gobierno quisiera reactivar la ponencia y aprobar la norma tramitada en el Congreso, los fondos se perderían igualmente ya que no llegaría a tiempo.
¿Qué queda derogado?
La derogación tumba el registro estatal, al que estaban obligados a darse de alta todo grupo de interés antes de cualquier contacto con un alto cargo o directivo de la Administración General del Estado.
Los grupos de interés, además, estaban obligados a identificar si una persona a su cargo había ocupado cargo o empleo público en los últimos cinco años, y contar con un sistema que permitiera la trazabilidad de sus reuniones y comunicaciones con la Administración.
La norma contemplaba un código de conducta específico y un régimen sancionador con multas de hasta 40.000 euros y la prohibición de ejercer en la actividad durante un período máximo de cinco años.