QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso revisará una reforma legal impulsada por Junts y acordada con el Gobierno, que requerirá que las empresas con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios de interés general, proporcionen atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del país, sin importar su ubicación.
La sesión, que se celebrará a puerta cerrada, tiene como objetivo organizar y comenzar a incorporar las 234 enmiendas presentadas. Fuentes parlamentarias indicaron a Europa Press que la reunión se ha fijado para el martes, 23 de septiembre, una semana después de que se cancelara una sesión anterior y Junts anunciara la medida, causando descontento en el sector empresarial y críticas de partidos como el PP y Vox.
CONSUMO DICE QUE LA INTENCIÓN NO ES ESA
Tras el anuncio de Junts, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, aclaró que la medida sigue en negociación y explicó que la intención del Gobierno es que las empresas aseguren la atención en catalán, gallego o euskera donde estas lenguas sean cooficiales, aunque operen en todo el territorio nacional. Esta normativa afectará únicamente a grandes corporaciones y no a pequeños comercios.
Las enmiendas de Junts incluyen la obligación de responder en la lengua en la que el cliente haya realizado la consulta y la necesidad de adaptar las comunicaciones escritas a esta misma lengua. Además, el proyecto de ley busca que los clientes puedan ser atendidos por personas en lugar de máquinas y que no esperen más de 3 minutos para ser atendidos en una reclamación.
La reforma también propone medidas contra el spam telefónico y las reseñas falsas, así como normas para evitar precios engañosos en la venta online de entradas o billetes, incluyendo desde el principio los gastos de gestión en el precio anunciado. La ponencia decidirá la redacción final del texto y lo enviará a comisión para su discusión en sesión pública antes de su aprobación en el Pleno y su envío al Senado.
