El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha instado al Gobierno a que estudie la posibilidad de prohibir los programas de espionaje para teléfonos móviles del tipo Pegasus, o bien a que limite su utilización a supuestos muy excepcionales y siempre bajo supervisión judicial.
Lo ha hecho mediante una batería de preguntas registradas en el Congreso dirigidas al Ejecutivo, subrayando que España ha padecido de forma directa las consecuencias del uso de este tipo de 'spyware', tal y como evidenció la investigación de la Audiencia Nacional, que constató que el terminal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los de las ministras Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) fueron infectados con Pegasus.
Asimismo, ha recordado que este software se empleó para entrar en los teléfonos de más de 60 personas vinculadas al independentismo catalán, entre ellas cargos políticos y activistas, aunque posteriormente se supo que 18 de ellas estuvieron sometidas a seguimiento por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con autorización judicial.
Pisarello ha remarcado que el Parlamento Europeo reclamó de forma expresa a España una investigación “completa, justa y efectiva” sobre este asunto y que se incluyeran restricciones muy severas a tecnologías como Pegasus, que deberían tener “carácter excepcional” y quedar sometidas a controles judiciales reales y eficaces.
“Resulta necesario conocer la posición del Gobierno acerca de la compatibilidad de estas tecnologías con nuestro sistema de derechos fundamentales y sobre la conveniencia de prohibir o restringir severamente su adquisición y utilización en España”, ha señalado Pisarello, que quiere despejar la postura del Ejecutivo.
En esta línea, ha preguntado al Gobierno si considera que este tipo de herramientas de espionaje pueden comprometer la propia seguridad nacional y si, teniendo en cuenta que el móvil del presidente y de varios ministros fue infectado con Pegasus, se plantea vetar su “adquisición comercialización, contratación” y uso en territorio español.
PRESERVAR LAS COMUNICACIONES ABOGADO-CLIENTE
Si el Ejecutivo descarta la prohibición total, Pisarello cuestiona si prevé acotar el uso de estos programas a criterios estrictos de excepcionalidad y proporcionalidad, a la vista de que se ha constatado la utilización de Pegasus sin autorización judicial.
“¿Considera el Gobierno compatible con las garantías del derecho de defensa la utilización de programas de espionaje altamente intrusivos contra abogados por razón de su actividad profesional? ¿Considera necesario establecer garantías específicas que impidan el acceso a comunicaciones protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente?”, plantea Pisarello, reclamando salvaguardas adicionales para estas comunicaciones protegidas.