QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La formación política Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para debatir en el Pleno. El objetivo de esta iniciativa es urgir al Gobierno a llevar a cabo una regularización «de manera extraordinaria a todas las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, trata o explotación sexual» en territorio español.
En el marco de esta proposición, a la que ha accedido Europa Press, la formación morada exige la creación de todos los mecanismos, planes y protocolos necesarios para que la acreditación de las víctimas de explotación sexual sea efectiva, conforme a lo estipulado en la legislación vigente.
Adicionalmente, Podemos reclama la realización de estudios e informes que proporcionen «un verdadero mapa» del estado de las mujeres en situaciones de prostitución, trata y explotación sexual en España, destacando la necesidad de que estos datos estén «debidamente desagregados» y se preste «especial atención» a su situación administrativa.
En la justificación de la proposición, Podemos señala que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual «constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra la dignidad y la libertad». Además, subraya la conexión inseparable entre la prostitución y esta forma de trata.
La formación morada también recuerda la existencia de diversos planes para enfrentar esta problemática, aunque todavía no se cuenta con una legislación específica que aborde la trata y la explotación sexual. «Esta situación dificulta que se conozca realmente la magnitud del problema pues no existen datos fiables sobre las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o son víctimas de trata o explotación sexual», afirman.
Destacan que la «falta de consenso» en el tema de la prostitución conduce a una «inacción» en las políticas públicas. No obstante, recalcan la importancia del I Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres en estos contextos, aprobado por la exministra de Igualdad, Irene Montero, que ha permitido a organizaciones como Médicos del Mundo continuar su labor y obtener datos sobre los retos principales que enfrentan estas mujeres, especialmente en situaciones administrativas irregulares, donde sus derechos como ciudadanas no están completamente garantizados.
Finalmente, denuncian que muchas de estas mujeres, al encontrarse en situación irregular, a menudo tienen «miedo» de acercarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quedando «desamparadas por un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones de proteger a estas víctimas».
