Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara se pronuncie sobre si España debe reconsiderar su participación en la organización del Mundial de Fútbol de 2030 junto a Marruecos, a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta. La iniciativa plantea que el Gobierno estudie esta opción con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Ejecutivo de Portugal, tercer país que figura como coorganizador del torneo.
La propuesta, presentada por el grupo minoritario del Gobierno y firmada, entre otros, por el diputado de Izquierda Unida Nahuel González, retoma la idea que este ya lanzó en X de replantear la alianza con Marruecos para este campeonato. En el texto registrado, Sumar subraya que “El fútbol no puede servir para blanquearlo todo” y avisa de que, si la FIFA rechazase revisar el modelo actual, el Ejecutivo debería valorar alternativas y “actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos” que orientan la política exterior española.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, el grupo defiende la conveniencia de “realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2030, a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta”, así como de los “antecedentes señalados por el Parlamento Europeo y de los compromisos de derechos humanos asumidos por los países anfitriones”. Recuerda, en este sentido, que en su Resolución de 10 de junio de 202l sobre la crisis migratoria en Ceuta, el Parlamento Europeo censuró expresamente “el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de la migración, en particular de menores no acompañados, como mecanismo de presión política contra España.
Sumar pide también que el Gobierno traslade al Congreso las conclusiones de esa revisión y que, “con pleno derecho su autonomía”, se inste a la Federación Española de Fútbol a activar los cauces institucionales previstos por la FIFA para verificar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, que “compromete expresamente a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Mayor control y garantías de derechos humanos
El grupo plurinacional reclama, además, que la federación impulse una “evaluación independiente, pública y actualizada de riesgos para los derechos humanos” en los países anfitriones, y que se establezcan mecanismos de vigilancia continuada de esos compromisos durante toda la preparación del Mundial. Sumar quiere implicar al Congreso en todo este proceso y propone que el Ejecutivo remita en un plazo máximo de seis meses “un informe sobre las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, los instrumentos contractuales existentes, las alternativas al actual modelo de coorganización y las consecuencias de cada escenario”.
La formación exige igualmente que el Gobierno comparezca en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para detallar sus actuaciones en este ámbito, incluyendo la valoración del “impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo” y la definición de posibles medidas adicionales “si se acreditaran incumplimientos graves de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los países anfitriones”.
Otra de las peticiones incluidas es que el Ejecutivo promueva ante la FIFA una modificación de los procedimientos de adjudicación y supervisión de grandes competiciones, con el fin de introducir cláusulas “permanentes, independientes y exigibles de derechos humanos”, entre ellas la opción de retirar la sede cuando se produzcan vulneraciones graves.
Por último, el socio minoritario del Gobierno, que ya ha reclamado a la ONU que investigue la actuación de Marruecos en la última crisis migratoria en Ceuta, aprovecha esta iniciativa para solicitar que se impulse “en los ámbitos bilateral, europeo e internacional”, el “esclarecimiento independiente” de lo sucedido, la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas, la depuración de posibles responsabilidades y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.