El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado una consulta pública este viernes para revisar el servicio universal de telecomunicaciones en España, con el fin de implementar normativas que obliguen a las operadoras a proporcionar un “abono social” destinado a usuarios con ingresos reducidos o “necesidades sociales especiales” en servicios de telefonía fija e internet de banda ancha.
Este servicio universal asegura que todos los ciudadanos puedan acceder a internet y a servicios telefónicos fijos en cualquier ubicación, ofreciendo precios accesibles y una calidad garantizada. Sin embargo, la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 ha introducido cambios que requieren una adaptación normativa acorde con los avances tecnológicos y las dinámicas del mercado.
Como parte de estas actualizaciones, se establece que las compañías de telecomunicaciones deben ofrecer tarifas especiales para aquellos con menores recursos o con necesidades específicas. “Entre estas opciones o paquetes de tarifas deberán figurar un abono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, un abono social para servicios de acceso a una internet de banda ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y un abono social que incluya de manera empaquetada ambos servicios”, resalta el documento de la consulta pública, abierta hasta el próximo 3 de diciembre.
El Gobierno espera obtener retroalimentación de operadores, ciudadanos y partes interesadas sobre la necesidad de establecer este “abono social” para telefonía e internet fijos, o un paquete combinado de ambos. “La concreción de estas novedades y otras adicionales introducidas en el concepto del servicio universal de telecomunicaciones y su adaptación a las circunstancias de la realidad marcadas por la evolución social, económica y tecnológica y las condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones deben implicar un desarrollo normativo del concepto de servicio universal de telecomunicaciones”, concluye el documento.
Actualmente, Telefónica, con una participación estatal del 10%, es la encargada de ofrecer este servicio universal de telecomunicaciones, designación que el Gobierno le otorgó directamente para los años 2025 y 2026, después de que la convocatoria quedara desierta, repitiendo la situación del año anterior.