El Pleno del Congreso afronta este miércoles el debate de una proposición no de ley del PP que cuestiona el uso reiterado de las prórrogas del plazo de enmiendas acordadas por la Mesa de la Cámara para frenar la tramitación de iniciativas legislativas de la oposición, una dinámica consolidada que ha sido censurada por el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente.
Con esta iniciativa, los populares quieren poner en el foco a la Mesa presidida por Francina Armengol, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, a la que acusan de “bloquear con prórrogas reiteradas de enmiendas” sus propuestas legislativas. Para apuntalar su denuncia, invocan el fallo del TC que, por unanimidad, estimó un recurso de amparo contra acuerdos de la Mesa de la anterior legislatura que llegaron a extender en más de 70 ocasiones el plazo para registrar enmiendas a una proposición de ley.
La proposición no de ley para la defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos, a la que ha tenido acceso Europa Press, persigue que el Congreso reafirme su compromiso con la protección del derecho constitucional de la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos, ya sea de forma directa o mediante representantes elegidos libremente en comicios periódicos por sufragio universal.
Asimismo, el texto proclama la voluntad de preservar este derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, asegurando que la función legislativa del Congreso “se ejerza con normalidad” y en coherencia con la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional, que advierte sobre las prórrogas de enmiendas indefinidas que terminan por paralizar la aprobación de leyes.
El TC dice que se "dificulta y obstruye" la labor parlamentaria
El pasado 14 de abril, el Tribunal Constitucional estimó por unanimidad un recurso de amparo del PP contra varios acuerdos de la Mesa del Congreso de la pasada legislatura. En su resolución, el tribunal subrayó que, cuando el plazo para presentar enmiendas se amplía de forma “automática y reiterada” y sin motivación específica, la decisión de la Mesa no contribuye a que los diputados ejerzan su labor parlamentaria con mayores garantías.
Al contrario, el Constitucional concluyó que esa forma de proceder “dificulta y obstruye” la actividad parlamentaria, ya que impide que el procedimiento legislativo avance con normalidad y se ejecute la voluntad expresada por el Pleno de la Cámara.
El PP argumenta que este escenario, que el TC ha declarado como una “vulneración” del derecho fundamental de participación política, “viene a ser la tónica habitual de esta legislatura”. A su juicio, el desarrollo ordinario de la función legislativa se frustra cuando la Mesa desnaturaliza la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de enmiendas, concebida originalmente para ordenar y racionalizar el trabajo parlamentario.
Denuncian que dicha facultad se aplica “de manera mecánica y sistemática” para congelar determinadas fases del procedimiento, prolongando sine die los plazos de enmiendas tanto de proposiciones de ley aprobadas por el Pleno del Senado como de las tomadas en consideración por el Congreso a iniciativa de la oposición “o de aquellas otras que, por razones de oportunidad política, se impide que avancen”.