El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que el Ejecutivo “vuelve, una vez más, a dar una respuesta ágil a los afectados por emergencias en Andalucía”, aludiendo a la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la declaración de Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil para los municipios dañados por el incendio forestal iniciado a comienzos de agosto en el término onubense de Niebla y para las localidades de la provincia de Granada perjudicadas por los terremotos registrados desde mediados de agosto.
“El Gobierno cumple con los vecinos de Niebla y de Granada y, al apoyo económico ya comprometido, se une ahora esta declaración, que abre la puerta a nuevas ayudas a particulares, empresas e instituciones a través de los distintos ministerios implicados”, ha señalado Fernández en un comunicado.
El delegado ha precisado que esta declaración se suma, en el caso de Granada, a los 100 millones de euros ya comprometidos mediante el Consorcio de Compensación de Seguros y a las ayudas que pueden pedirse al amparo del Real Decreto 307/2005, de vigencia permanente, que “regula las subvenciones y ayudas públicas para atender necesidades y gastos derivados de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica”.
Respecto a Niebla, ha recordado que la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya anunció en la propia localidad, incluso antes de darse por extinguido el fuego, “que el Gobierno de España financiará el 50% del coste de la reforestación del terreno afectado”, a lo que se añaden las ayudas que los residentes pueden tramitar con cargo al RD 307/2005”.
En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios dañados por 112 episodios adversos registrados en catorce comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026, lo que permite a los distintos departamentos ministeriales activar diversas líneas de apoyo para compensar los perjuicios sufridos por personas e instituciones.
Dentro del periodo contemplado en el acuerdo y entre las emergencias incluidas, sobresale la serie sísmica que golpeó a la provincia de Granada durante el mes de agosto, especialmente grave por su duración en el tiempo y por la inquietud generada entre la ciudadanía y las administraciones responsables.
El acuerdo incorpora igualmente los distintos incendios forestales producidos en las comunidades autónomas de Andalucía, en concreto en el municipio de Niebla; Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia.
Ayudas y apoyo complementario del Estado
Fernández ha remarcado que todos estos episodios han ocasionado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, lo que hace necesaria la intervención de la Administración General del Estado, basada en el principio de solidaridad entre territorios y como refuerzo a las actuaciones que, en el marco de sus competencias, ya desarrollan las administraciones autonómicas y locales.
Las ayudas en vigor, o las que se aprueben más adelante, se aplicarán a las zonas donde se hayan producido daños por los fenómenos descritos, aunque la efectividad de las medidas de apoyo y recuperación quedará condicionada a la acreditación de los perjuicios, conforme a los procedimientos y requisitos fijados en cada línea de ayuda.
Una vez que la Administración General del Estado disponga, junto con las administraciones autonómicas y municipales afectadas, de una evaluación más detallada de los daños, el acuerdo podrá ampliarse con nuevas medidas de recuperación, coordinación y respaldo destinadas a facilitar el retorno a la normalidad.
En concreto, cualquier persona o entidad que pueda justificar los daños sufridos en alguno de estos episodios puede solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas para compensar daños personales; materiales en viviendas y enseres; gastos de corporaciones locales; perjuicios en establecimientos industriales, comerciales y de servicios; así como para personas físicas o jurídicas que hayan aportado medios personales y/o materiales en la gestión de la emergencia.
Además, tras el acuerdo de este martes, Interior analizará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, para las bajas de vehículos siniestrados y para la expedición del DNI en casos de pérdida o destrucción.
Medidas de otros ministerios implicados
Según ha informado la Delegación del Gobierno, a partir de la aprobación del acuerdo el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán poner en marcha medidas como bonificaciones y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas de hasta el 50 por ciento a los proyectos impulsados por las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados.
Asimismo, todos los departamentos ministeriales, dentro de sus competencias, tendrán la posibilidad de declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras destinadas a reparar los daños ocasionados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios incluidos en el acuerdo.
Podrán considerarse obras, servicios o suministros de emergencia los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, las actuaciones de reposición de bienes dañados y las valoraciones de daños, con independencia de su cuantía.
Igualmente, se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.