El PP someterá a debate y votación este martes en el Pleno del Congreso una propuesta de reforma legislativa para que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y no el Ejecutivo, quien asuma la competencia de designar a los magistrados que representen a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en otras cortes y organismos jurisdiccionales internacionales.
En su proposición de ley, el PP subraya que este año concluye el mandato de la actual magistrada española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui. Para cubrir esa vacante, el Ministerio de Justicia ha elaborado una terna de aspirantes y la decisión final recaerá en un comité de selección dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores e integrado por altos cargos del Gobierno.
Todo ello sucede mientras el Consejo de Europa se dispone a discutir una propuesta de resolución en la que se destaca “la importancia de que los órganos colegiados de selección estén compuestos por personas ajenas a la estructura del Gobierno”, una condición que, según denuncia el PP, no se cumple en el actual comité de selección dominado por el Ejecutivo.
Ante este contexto, el PP plantea modificar el sistema de designación de los candidatos españoles a estas instancias internacionales, de forma que deje de ser el Gobierno quien elija a los jueces y que dicha responsabilidad recaiga en el propio Poder Judicial a través del CGPJ, “evitando así la interferencia del Poder Ejecutivo, garantizando la necesaria e irrenunciable independencia tanto del órgano que hace la propuesta como de los propios candidatos, que de este modo queda blindada”.
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La iniciativa, difundida por Europa Press, persigue cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la incorporación de un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 560, donde se recogen las funciones del Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, la propuesta pretende atribuir al CGPJ la facultad de seleccionar “los candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal General de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de representantes ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y ante el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos así como al Tribunal Penal Internacional (TPI), Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Tribunal u órgano de naturaleza jurisdiccional o similar, cuyas decisiones sean de obligado cumplimiento en España”.
Además, el texto establece que el procedimiento de elección por parte del CGPJ deberá ajustarse a los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad ya previstos en la normativa vigente, con el objetivo de reforzar la independencia judicial y la confianza en el sistema de nombramientos internacionales.