García Brustenga: "Estamos haciendo gran parte de la Ley de Industria sin la ley"

El Secretario de Estado de Industria aborda en exclusiva con DEMÓCRATA los problemas de acceso a la red eléctrica, el futuro de los PERTE, el debate de "Made in Europe" y las oportunidades para atraer nuevas inversiones a España

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Jordi García Brustenga tras la entrevista a DEMÓCRATA |

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La semana pasada, Santander se convirtió en el punto de encuentro de la industria tecnológica española. La 40ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC reunió a representantes del Gobierno y del tejido empresarial para discutir sobre competitividad, inteligencia artificial, autonomía estratégica y el futuro industrial del país. En ese escenario, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, atendió en exclusiva a DEMÓCRATA para abordar algunos de los principales retos que afronta el sector.

Desde el futuro de la automoción española y la competencia de países con menores costes hasta el acceso a la red eléctrica, la continuidad de los PERTE o la protección de la producción europea. García Brustenga también abordó el bloqueo parlamentario de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una norma que el Gobierno mantiene entre sus prioridades para lo que queda de legislatura, y adelantó algunos de los pasos que Industria pretende dar mientras continúa su tramitación.

PREGUNTA - Estamos ante un momento de reorganización de las cadenas de suministros y de apuesta por la soberanía, ¿qué industrias serían interesantes traer de vuelta a España o poner por primera vez aquí?

RESPUESTA - Bueno, es un momento muy adecuado. Si jugáramos a las cartas, podemos decir que nos han tocado muy buenas en algunos sectores. Te diría el automóvil porque es lo que se ve mucho, pero también el farmacéutico, la perfumería y la química. O los bienes de equipo, las renovables y los sectores de defensa, del espacio, de chips... Se ve en los indicadores macroeconómicos, estamos creciendo por encima de Francia, de Alemania y de Europa, y de manera recurrente durante años. Hay voluntad de visibilizarnos como un motor de Europa, que ya no nos digan más que somos los pigs.

P- Mencionaba la palabra oportunidad, ¿cuál crees que son esos valores que hacen que España sea una apuesta segura a futuro?

R- Por ejemplo, la transición energética. Es una cuestión que se empezó con una voluntad casi específicamente de sostenibilidad ambiental, pero que hemos ido viendo que nos da autonomía estratégica y competitividad. La nueva economía, el nuevo producto y el nuevo proceso son verdes. Todo el trabajo que hemos hecho, a veces con esfuerzo y perdiendo a corto plazo oportunidades, ahora estamos viendo cómo fructifica.

O la transición digital. Estamos aquí en el 40º encuentro de AMETIC, donde el sector lleva años tirando fuerte. No solo tenemos buenas cartas, sino que somos muy adaptables, quizá porque llevamos años pensando cómo podemos reducir este gap con otras potencias. Del 5 al 8 de abril estaremos en la Hannover Messe demostrando este poderío, desde la humildad del que sabe que otra gente hace mejor algunas cosas, pero con el orgullo de que también no tenemos nada que envidiar.

P- España es una potencia mundial en fabricación de automóviles, pero la transición al vehículo eléctrico está modificando toda la cadena. ¿Está garantizado que España seguirá siendo uno de los grandes fabricantes dentro de diez años?

R- Totalmente. El Gobierno, el sector privado y las CCAA vieron claro que el coche del futuro será verde. Y mientras otros países lo han frenado, nosotros hemos ido todos juntos en esta dirección. Esto nos ha llevado a la siguiente realidad: los cinco grandes grupos de fabricación de coches han dado el paso al vehículo eléctrico o conectado. Los cinco están invirtiendo en sus fábricas para fabricar nuevos modelos y España está siendo una referencia dentro de sus grupos internacionales.

Además, han entrado cinco de los fabricantes chinos más importantes, que son los que tienen la tecnología más avanzada, y junto con españoles y europeos están haciendo estas transformaciones. Por lo tanto, tenemos los cinco grupos transformados, más cinco chinos y la recuperación de dos marcas españolas que estaban ahí latentes, Ebro y Santana.

Ahora estamos 'en obras', en las fábricas, pero en los próximos años veremos cómo aumentamos la fabricación y quizá hasta nos ponemos como primeros productores en Europa.

El programa Auto 2030 ha sido importante y este verano ha salido el Auto+, que es la ayuda para la compra de vehículo eléctrico, y está yendo muy bien. Lleva un mes y está siendo importante porque la demanda tira de la oferta. Si el inversor ve que el mercado local compra vehículo eléctrico, se anima a seguir invirtiendo en ese sentido. Por lo tanto, si hacemos bien el trabajo en los próximos dos o tres años, puede ser un sector que también sea referencia para el resto de sectores industriales.

P- España compite con países como Marruecos o India, donde los costes salariales son más bajos, no solo por la producción, sino por diseño, I+D+i... ¿Qué se puede hacer para evitar que esas actividades salgan de España? ¿Hacen falta más incentivos o también algún tipo de penalización?

La cuestión es cómo producimos en Europa y en España, cómo seguimos teniendo el empleo y la capacidad de hacer coches o lo que sea, vacunas, fertilizantes o acero, sin perder competitividad. La competitividad la ganamos en un trabajo de economía abierta y global, que nos ha ido muy bien a todos los países. Por lo tanto, se trata de mantener relaciones con otras zonas del mundo, algunas más competitivas a nivel de costes y, a veces, no solo eso, sino también mejores en calidad tecnológica, y a la vez mantener esta salvaguarda de la industria española y europea.

Estamos trabajando en Europa en la primera ley de política industrial europea para regular la industria bajo el paraguas de la Industrial Acceleration Act. Ahí estamos definiendo un concepto que es el "Made in Europe", y que es una manera de proteger lo que se hace aquí. Nadie podrá recibir una ayuda o acceder a una compra pública si no está hecho en Europa.

¿Qué significa Europa? Estamos viendo cómo hacerlo flexible para mantener estas cadenas globales y, a la vez, retener lo máximo que se pueda de producción en Europa y España. No es fácil porque queremos seguir siendo abiertos, pero por otro lado, no ser los únicos tontos que no cerramos un poco.

P- ¿Está preparada nuestra red para todas las inversiones que se han ido anunciando en los últimos meses, y los proyectos que hay de cara a los próximos años?

R- Está claro que la energía pasa a ser más y más crítica como factor de competitividad. Se ha hecho un buen trabajo en la generación de energías renovables, y la crisis de Irán nos ha demostrado que estamos más preparados, pero eso no significa que el acceso esté garantizado y que sea un precio que sea competitivo. Los últimos reales decretos van en esta línea, como el Irán, y lo que vaya viniendo ahora, techos de inversión, de planificación de la red de transporte, también.

Si tardamos demasiado en dar acceso eléctrico, la inversión se va a otro país

Y por otro lado, nosotros como industria tenemos un capítulo aparte que es el sector electrointensivo, las grandes industrias básicas de acero, aluminio, cerámica, cemento, química... Son los grandes consumidores y cuestan más de descarbonizar. Hay mucha inversión hecha ya con el PERTE de descarbonización, pero hay que terminar este cambio, es nuestro capítulo pendiente.

P- ¿Y le consta si hay inversiones industriales que estén ahora mismo esperando por falta de capacidad eléctrica?

R- Sí, somos conscientes. En todo el territorio español no hay una comunidad autónoma que no tenga algún proyecto nuevo o de mejora que requiera un aumento de capacidad. Pero esto no es una cosa que se pueda conseguir de un día para otro. Hay que planificarlo y hay que ser más ágiles a la hora de dar acceso por parte de otro ministerio.

Esto también se junta con una pequeña burbuja especulativa de algunos que, siempre que hay un cambio de sector, se incorporan a ver si pueden hacer negocio. Hay que discernir entre el proyecto real, industrial, por ejemplo, un centro de datos, y uno que está comprando para poder vender más caro el acceso.

Por un lado, está ese trabajo y, por otro, la agilidad para que no se pierda esa inversión, porque si tardamos un poco demasiado se va a otro país. Por lo tanto, en eso estamos y, aunque no sea nuestro ministerio, estamos muy presentes en las decisiones de acceso y de precio.

Jordi García Brustenga atendiendo a DEMÓCRATA
Jordi García Brustenga atendiendo a DEMÓCRATA -

P- La semana pasada concluyó el plazo de ejecución de los fondos europeos Next Generation, ¿qué balance hace el Gobierno de los PERTE industriales y cómo se mantendrá el impulso inversor ahora?

R- Como decía, estamos 'en obras'. Si vas por las industrias españolas, verás que están invirtiendo, acabando proyectos y empezando los que van vía Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES). Y cuando estás en obras, pues hay más molestias que beneficios, pero en unos años veremos los frutos de eso. Veremos cómo ha aumentado la capacidad productiva industrial, los productos y también el PIB industrial. Ahora mismo se puede decir lo que se ha hecho, pero no el resultado.

Paralelamente, con los PERTE ha habido un aprendizaje. Al principio era un modelo muy colectivo, difícil de gestionar y justificar. Ahora es más individual y también se ha reducido la burocracia para que sea ágil. Tenemos un instrumento perfeccionado.

Por otro lado, el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), con 3.000 millones, y el PERTE de Descarbonización Industrial, con más de 1.000 millones, han sido quizá los dos de mayor éxito y visibilidad. Queremos que, con presupuesto nacional y ojalá también con más presupuesto europeo, se puedan continuar en aquellos sectores que necesiten esta transformación.

P- Otro de los pilares que está marcando este Congreso de AMETIC es el proceso de digitalización del tejido industrial, ¿cree que existe el riesgo de crear una industria tecnológica muy avanzada mientras una parte importante de las pymes se queda atrás?

R- No me preocupa tanto la adopción de la IA, sino cómo cambias el modelo de negocio. Esto necesita un acompañamiento y estamos de acuerdo con el sector privado, con CEOE y Cepyme. Nos situamos en un 17,5% de empresas industriales que utilizan IA, cuando a nivel global la utilizan el 21% de las pymes. Por lo tanto, hay un gap de acompañamiento.

Pretendemos seguir con instrumentos como las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), los European Digital Innovation Hubs (EDIH) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), para acompañar en esta transformación real del modelo de negocio con la IA.

Sabemos que es un Congreso muy díficil y que no está todo en mis manos o en las del ministro

P - ¿En qué punto está la Ley de Industria y Autonomía Estratégica?

Está en proceso de aprobación por parte del Congreso. La norma abarca dos grandes hitos: la inversión que acompaña a los fondos privados, en parte gracias a los fondos europeos que, aunque no están acabados, han permitido hacer un gran recorrido, y por otro lado, la institucionalización de esta política industrial. La ley actual es de 1992, hay que actualizarla, poner el tablero de juego nuevo, con instrumentos como los PERTE. Hay muchas cosas que ya estamos haciendo, pero sin tenerlas institucionalizadas. Pretendemos que acabe la legislatura con la aprobación de la ley.

Sabemos que es un Congreso muy díficil y que no está todo en mis manos o en las del ministro, es verdad, pero que no sea por nosotros que no lo consigamos. No entiendo cómo algo que es de país y en lo que hay acuerdo no se apruebe. Estamos abiertos a negociar en todos los sentidos para que sea cómodo para la mayoría.

P- ¿Y qué es ahora mismo lo que la frena?

Yo creo que más que el texto, que estamos abiertos a discutirlo, es el contexto político que hay. Estamos a la búsqueda de una ventana de oportunidad que haga que el sentido común sea el que mande en la decisión y en el voto para la aprobación de una ley tan transversal y tan infraestructural.

P- La Ley de Lobbies también estaba bloqueada y se ha aprobado vía real decreto-ley, ¿se plantean esta posibilidad como última bala antes de que acabe la legislatura?

Podría ser, pero un real decreto ley, al final, también hay que convalidarlo. Yo creo que esto es suficientemente importante y tiene peso de regulación básica del Estado, como para cambiarlo de ley a real decreto ley. Tiene que ser una ley. Es nuestro sentir, hay que ser valiente y aprobarlo en forma de ley.

P- ¿Y al margen de esta ley están trabajando en alguna regulación quizá más sectorial que sí que pueda ir viendo la luz?

R - Pues estamos trabajando en la mejora del Estatuto de Electrointensivos. Ha salido ya la convocatoria y el año que viene saldrá mejorada, ampliando los sectores a los que afecta. Y en el tema de la compensación de CO2 de costes indirectos también ha habido cambios regulatorios. Estamos regulando la creación de pequeños órganos que están previstos en la ley, como es la mejora del foro de alto nivel de la industria o el grupo interministerial de política industrial, necesario para trabajar temas como la energía, el talento, la digitalización...

En la regulación se puede ir avanzando más rápidamente con reales decretos u órganos ministeriales. Pero la ley sería el puntal que institucionalizaría y haría más formal todo.

La transformación industrial y la valorización de la política industrial están en proceso y hay que terminarlas

P - ¿Y hay algún aspecto urgente que se esté viendo afectado por la parálisis de esta ley?

Bueno, de hecho, estamos haciendo gran parte de la ley sin la ley. Se ha creado un Comité de Inversiones Estratégicas, que lleva la Oficina de Asuntos Económicos y que saldrá ahora en otoño, y que estaba previsto en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

Hay cosas que vamos avanzando, como el Registro Estatal de Entidades Interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (RECAPI) y el Grupo de Trabajo de Autonomía Estratégica. También estamos con la Asociación Española de Normalización (UNE) en un grupo de trabajo para crear una norma que estandarice la contribución de las empresas críticas a la autonomía estratégica. Si se aprobara la ley, partiría ya de muchas cosas empezadas, y esto también es una ventaja.

P- Para acabar, arrancamos curso político. ¿Cómo lo afronta? ¿Qué prioridades o cuál es la agenda de la Secretaría?

R- Lo principal es que esto no se ha acabado. La transformación industrial y la valorización de la política industrial están en proceso y hay que terminarlas. Hay proyecto para cuatro o cinco años más dentro de la estrategia de seis que estamos diseñando. Esto es un camino, y por otro lado, está el foco sobre él. 

El Comité de Inversiones Estratégicas saldrá ahora en otoño

Este curso seguramente tendremos ruido, tanto a nivel nacional como europeo y mundial. Pero nosotros lo que queremos es foco, con quien quiera seguirnos. Sabemos de CCAA y de municipios que están queriendo avanzar en sus proyectos de inversión o en su competitividad sectorial. También de grupos de empresas, patronales y sindicatos... El ruido no lo podemos controlar, pero sí dónde ponemos foco. 

En detalle

Nos citamos con el Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en la "casita" de Red.es. No es la de Bad Bunny, pero durante días ha sido el centro de atención en el Palacio de la Magdalena. Por el cuartelito oficial de la prensa han pasado durante tres jornadas altos cargos del Gobierno y perfiles muy destacados del sector privado. 

Concluida la entrevista, a Brustenga le esperaba una nube de medios de comunicación que aguardaban bajo el sol de Santander. El inestable clima del Cantábrico dio un respiro y el 40º Congreso de AMETIC transcurrió sin lluvias. Un hito poco habitual en las cuatro décadas que llevan marcando el inicio del nuevo curso.

 

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¿En qué estado parlamentario se encuentra actualmente la Ley de Industria y Autonomía Estratégica y cuáles son los próximos pasos para su aprobación?

La denominada Ley de Industria y Autonomía Estratégica está actualmente en el Congreso de los Diputados, en una fase temprana del trámite parlamentario: el proyecto sigue en la fase de enmiendas al articulado en Comisión, con el plazo de presentación de enmiendas repetidamente prorrogado hasta el 9 de septiembre de 2026. No ha habido aún votaciones ni en Comisión ni en Pleno, ni ha pasado al Senado.

En términos técnicos, la iniciativa identificada es el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, con número de expediente parlamentario 121/000043, remitido por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Serie A, núm. 43-1) el 20 de diciembre de 2024. La Mesa del Congreso acordó encomendarselo, con competencia legislativa plena, a la Comisión de Industria y Turismo, abriendo inicialmente un plazo de enmiendas de quince días hábiles, que concluía el 11 de febrero de 2025.

Desde entonces, según la tramitación registrada, ese plazo de enmiendas:

  • Se ha ido prorrogando de forma sucesiva, acumulando 59 ampliaciones del plazo.
  • La última prórroga extiende el plazo para presentar enmiendas hasta el 9 de septiembre de 2026.
  • En paralelo, se han celebrado al menos dos debates en la Comisión de Industria y Turismo (febrero y marzo de 2025), ambos sin votaciones, es decir, sin que se haya aprobado todavía un informe de ponencia ni un dictamen.
  • La base de datos de votaciones parlamentarias refleja 0 votaciones asociadas al expediente 121/000043, lo que confirma que ni la Comisión (con competencia legislativa plena) ni el Pleno del Congreso han sometido el texto a votación.

Esta situación se ha descrito reiteradamente en la prensa —incluido el periódico Demócrata— como un bloqueo o “enquistamiento” del proyecto: el plazo de enmiendas permanece abierto desde febrero de 2025 y se prorroga de forma sistemática, lo que impide que el proyecto avance a las fases deliberativas y de votación.

A partir de este punto procedimental, y siempre que la tramitación se reactive, los próximos pasos formales necesarios para su aprobación serían, en síntesis, los siguientes:

1. Cierre del plazo de enmiendas y trabajo en Comisión
  • Cierre del plazo de enmiendas en la Comisión de Industria y Turismo. Mientras el plazo siga abierto, no puede arrancar la fase de ponencia de forma ordinaria.
  • Designación de la ponencia, encargada de estudiar el texto del Gobierno junto con las enmiendas de los grupos parlamentarios.
  • Elaboración del informe de la ponencia, que incorporará o rechazará enmiendas, y su posterior elevación a la Comisión.
  • Aprobación del dictamen por la Comisión de Industria y Turismo. Dado que la Comisión tiene competencia legislativa plena, en principio podría aprobar el texto definitivo sin necesidad de que pase por el Pleno, salvo que se acuerde la avocación.
2. Eventual avocación al Pleno del Congreso

Aunque el encargo inicial es con competencia legislativa plena, los grupos parlamentarios pueden solicitar la avocación al Pleno. Si el Pleno del Congreso acordara avocar el proyecto, se produciría un:

  • Debate y votación del texto (y de las enmiendas que se mantengan vivas) en el Pleno del Congreso.
  • La aprobación en Pleno requeriría las mayorías ordinarias previstas para las leyes ordinarias.
3. Trámite en el Senado

Tanto si la aprobación se produce en Comisión con competencia legislativa plena como si se produce en Pleno, el siguiente bloque de pasos es la remisión del texto al Senado:

  • Recepción y calificación del proyecto por la Mesa del Senado.
  • Plazo de enmiendas y tramitación en la comisión correspondiente del Senado.
  • Posibles enmiendas parciales o un veto al conjunto del texto.
  • Votación en el Pleno del Senado, que puede:
    • Aprobar el proyecto sin cambios (en cuyo caso el texto quedaría listo para su promulgación), o
    • Aprobar enmiendas o un veto, que obligarían a un nuevo pronunciamiento del Congreso.
4. Aprobación definitiva y publicación

Si el Senado no introduce cambios, o si el Congreso levanta el eventual veto o decide sobre las enmiendas del Senado, el texto quedaría listo para su fase final:

  • Aprobación definitiva por las Cortes Generales (tras resolver en su caso las discrepancias entre Cámaras).
  • Promulgación por el Rey.
  • Publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual la Ley de Industria y Autonomía Estratégica entraría en vigor en la forma y plazos que determine su disposición final.

En la fecha de referencia de tu pregunta, todo el recorrido descrito desde el cierre del plazo de enmiendas hacia adelante aún no ha comenzado: la ley continúa formalmente en el Congreso, en fase de enmiendas al articulado, con el texto base publicado pero sin dictamen, sin votaciones y sin remisión al Senado.

¿Cuáles son las competencias y funciones del secretario de Estado de Industria según la legislación española?

El secretario de Estado de Industria es el alto cargo que, bajo la autoridad del ministro de Industria (actualmente Ministerio de Industria y Turismo), dirige la política industrial del Gobierno y el conjunto de órganos que dependen de la Secretaría de Estado. Su posición y funciones se detallan en los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y del propio ministerio competente en materia de industria.

1. Papel institucional general

Desde el punto de vista jurídico-administrativo, el secretario de Estado es:

  • Máximo responsable político-administrativo del área de industria dentro del ministerio, inmediatamente por debajo del ministro.
  • Órgano directivo superior que ejerce la jefatura sobre las direcciones generales y unidades que se adscriben a la Secretaría de Estado (por ejemplo, las direcciones generales de industria, de la pequeña y mediana empresa, de apoyo a la competitividad industrial, etc., según la estructura vigente en cada momento).
  • Responsable de la planificación estratégica del área: fija prioridades, aprueba planes y programas y supervisa su ejecución.
  • Representante ordinario del ministerio en su ámbito material ante otros ministerios, comunidades autónomas, instituciones europeas y organismos internacionales relacionados con la industria.
2. Funciones de dirección y coordinación

Las normas de estructura orgánica atribuyen al secretario de Estado de Industria un conjunto de competencias de dirección interna, entre las que destacan:

  • Dirigir y coordinar la actuación de todas las direcciones generales y unidades dependientes, asegurando la coherencia con las líneas marcadas por el ministro y por el Gobierno.
  • Distribuir objetivos y recursos entre los distintos órganos del departamento en materia de industria, así como hacer el seguimiento de su cumplimiento.
  • Impulsar la modernización administrativa en su ámbito (digitalización de procedimientos, administración electrónica, mejora regulatoria) conforme a las directrices generales del ministerio.
  • Elevar propuestas al ministro sobre organización interna, creación o modificación de órganos, y sobre programas de actuación sectoriales.
3. Competencias en política industrial y PyME

En el plano material, la Secretaría de Estado de Industria se concibe como el núcleo del diseño y aplicación de la política industrial del país. Entre sus funciones típicas, las normas orgánicas prevén:

  • Elaborar y proponer al ministro la política industrial general, los planes de reindustrialización y las estrategias de apoyo a la competitividad de la industria manufacturera.
  • Diseñar y gestionar programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa (PyME) industrial, incluidos instrumentos de financiación, subvenciones e instrumentos de asesoramiento y capacitación.
  • Promover la innovación y la digitalización industrial, en coordinación con otros departamentos competentes en transformación digital, ciencia y tecnología.
  • Impulsar la sostenibilidad y la descarbonización de la industria, en coordinación con los órganos responsables de energía y transición ecológica, mediante programas específicos, líneas de ayuda y marcos de regulación técnica.
4. Gestión de fondos, ayudas y organismos dependientes

Otra gran vertiente competencial tiene que ver con los recursos económicos y los entes vinculados:

  • Proponer y ejecutar el presupuesto de los programas de gasto industrial, así como la distribución de créditos entre líneas de ayuda, convocatorias y proyectos estratégicos.
  • Aprobar o elevar para su aprobación bases reguladoras y convocatorias de subvenciones y ayudas públicas para la industria, la reindustrialización, la eficiencia energética industrial o la digitalización de PyMEs.
  • Ejercer la tutela y coordinación sobre organismos públicos y entidades adscritas al área industrial (agencias, centros tecnológicos u otros entes que el real decreto orgánico asigne a la Secretaría de Estado), fijando objetivos y supervisando su cumplimiento.
  • Responder de la correcta gestión de fondos nacionales y europeos relacionados con la política industrial, especialmente aquellos vinculados a planes de recuperación o programas comunitarios.
5. Relaciones internacionales y con la Unión Europea

Las normas de estructura suelen atribuir también al secretario de Estado de Industria un papel relevante en el exterior:

  • Coordinar la posición española en los foros de la Unión Europea y en organizaciones internacionales relativos a política industrial, competitividad, estándares industriales y política de PyMEs.
  • Participar en negociaciones de iniciativas, programas y marcos regulatorios europeos que afecten a la industria española, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros departamentos.
  • Impulsar la proyección exterior de la industria española a través de acciones de cooperación industrial, participación en programas internacionales y colaboración con organismos multilaterales.
6. Funciones normativas y de representación política

Finalmente, como alto cargo del Gobierno en materia de industria, el secretario de Estado ejerce funciones relevantes en el ámbito normativo y político:

  • Dirigir la preparación técnica de proyectos de ley, reales decretos y órdenes ministeriales sobre regulación industrial, seguridad industrial, metrología, normalización técnica y otros ámbitos afines.
  • Informar y someter a consulta propuestas normativas y planes industriales ante comunidades autónomas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes económicos y sociales.
  • Representar al ministro de forma ordinaria en comisiones interministeriales, en órganos de cooperación con las comunidades autónomas y en comparecencias parlamentarias cuando así se le encomienda.

En conjunto, la legislación española configura al secretario de Estado de Industria como el responsable integral de diseñar, coordinar y ejecutar la política industrial del Gobierno, con un fuerte componente de gestión de programas y fondos, de diálogo con el tejido empresarial y de representación del Estado en el ámbito europeo e internacional.

¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos industriales para acceder a las ayudas asociadas al sello 'Made in Europe' en el marco de la política industrial europea?

El sello o preferencia “Made in Europe / Made in EU” no es todavía un programa de ayudas aislado con un reglamento cerrado, sino el eje de la nueva Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act, IAA) y del Pacto Industrial Limpio. En la práctica funciona como un criterio de acceso prioritario a contratación pública y esquemas de ayuda pública para determinados proyectos industriales.

A partir de la propuesta de la Comisión Europea del 4 de marzo de 2026 (nota en español, comunicado oficial), los proyectos que aspiren a beneficiarse de ayudas asociadas al enfoque “Made in Europe” deben, en esencia, cumplir cuatro grandes bloques de requisitos:

1. Encaje sectorial y tecnológico

La IAA fija primero un campo de juego: las preferencias “Made in EU” y de bajas emisiones se concentran en sectores estratégicos:

  • Industrias intensivas en energía: acero, cemento, aluminio (y, con posibilidad de extensión, otros químicos y metales básicos).
  • Cadena de valor del automóvil, con énfasis en el vehículo eléctrico y sus componentes.
  • Tecnologías net zero: baterías, energía solar fotovoltaica, eólica, bombas de calor y nuclear.

Por tanto, un proyecto debe:

  • Operar en alguno de estos sectores o en tecnologías de cero emisiones alineadas.
  • Contribuir de forma clara a aumentar la capacidad productiva europea en ese ámbito (nuevas plantas, ampliaciones, nuevas líneas de producción, etc.).
2. Origen europeo y valor añadido en la UE

El corazón del sello es que el proyecto genere valor en territorio europeo, no solo un ensamblaje final simbólico. La Comisión plantea:

  • Introducir requisitos específicos de “Hecho en la UE” en contratación pública y ayudas de Estado.
  • Vincular las ayudas a umbrales de contenido europeo (por ejemplo, parte del valor de los componentes de un vehículo eléctrico o de ciertos módulos de baterías y paneles solares).
  • Permitir que determinados países “de confianza”, con acuerdos de libre comercio o unión aduanera y obligaciones de apertura recíproca de mercados, se traten como equiparables al origen UE en algunos esquemas.

En la práctica, un proyecto que quiera beneficiarse de las preferencias “Made in Europe” debe demostrar:

  • Que localiza producción relevante en uno o varios Estados miembros (no solo un centro comercial o una filial ligera).
  • Que parte significativa del valor añadido, tecnología o propiedad intelectual se genera o se retiene en la UE.
  • Que sus cadenas de suministro contribuyen a la resiliencia europea (evitar dependencias extremas de un único tercer país).
3. Descarbonización y desempeño ambiental

El sello se vincula al Pacto Industrial Limpio: no basta con producir en Europa, hay que producir con bajas emisiones de carbono. Por eso la IAA:

  • Introduce preferencias combinadas: “Made in EU” + bajo carbono en licitaciones y sistemas de apoyo público.
  • Conecta con otros instrumentos de la UE (reglamento de ecodiseño, etiquetado energético, pasaporte digital de producto), que exigen información sobre huella de carbono y desempeño ambiental.

De cara a las ayudas, los proyectos industriales deben acreditar:

  • Que su tecnología o proceso supone una reducción medible de emisiones frente a la referencia sectorial.
  • Que son compatibles con la senda de neutralidad climática y con los criterios técnicos de ecodiseño y circularidad aplicables.
4. Condiciones para grandes inversiones de terceros países

Existe un capítulo específico para inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos cuando un solo tercer país acumula más del 40 % de la capacidad mundial de producción. Para acceder a los beneficios del marco europeo (incluida la prioridad “Made in Europe”), estos proyectos deben:

  • Crear empleo de calidad en la UE, con al menos un 50 % de plantilla europea.
  • Aportar transferencia de tecnología y conocimiento al ecosistema europeo, no solo capital.
  • Cumplir requisitos de contenido local en inversiones, compras y subcontratación.
  • Integrarse en las cadenas de suministro industriales europeas, reforzando su resiliencia.
5. Marco procedimental y ventanilla única

Además de los criterios sustantivos, la IAA exige que los Estados miembros instauren una ventanilla única digital para tramitar permisos de proyectos de fabricación. Para el promotor, esto implica:

  • Canalizar todo el expediente por vías digitales unificadas.
  • Atenerse a plazos y procedimientos simplificados, pensados para acelerar proyectos de descarbonización y manufactura limpia.

En suma, “Made in Europe” funciona como un filtro que dirige ayudas y contratación pública hacia proyectos que producen en Europa, generan valor añadido y empleo europeo, reducen emisiones y refuerzan la autonomía industrial. Los detalles finos (porcentajes concretos por sector, umbrales de contenido europeo, etc.) se están terminando de negociar en el Parlamento y el Consejo, pero el núcleo de requisitos ya está claro en la propuesta de Ley de Aceleración Industrial y en el Pacto Industrial Limpio.

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