El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que su partido tenía “razón” al reclamar “más garantías” y denunciar una falta de “control” en el procedimiento previsto en la Ley de Memoria Histórica para conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados políticos, después de que la Junta Electoral Central haya exigido que se motive “suficientemente” en qué provincia se inscribe a estos nuevos electores.
“No se puede alterar el censo sin motivación suficiente, sin verificación suficiente y sin vigilancia suficiente”, ha subrayado el líder del PP durante el acto de presentación del candidato de su formación a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez. “Teníamos razón al poner en cuestión la decencia de Sánchez”, ha remachado.
En su intervención, Feijóo ha recalcado que lo verdaderamente irresponsable “no es dudar de la las intenciones” del jefe del Ejecutivo, sino “no hacerlo tras todo” lo que, a su juicio, ha sido “capaz de hacer”. En esta línea, ha incidido en que el PP va a “seguir cumpliendo” con su “deber” para garantizar que “haya garantías” y “controles suficientes” en este proceso.
El dirigente gallego ha apuntado que su formación continuará reclamando “rigor” en el “cumplimiento de la ley” antes de conceder un pasaporte a cualquier ciudadano, ya que, ha dicho, “es el título más importante que puede dar España a cualquier persona en el mundo”.
La JEC reclama motivar la inscripción en el censo
La Junta Electoral Central ha decidido pedir a la Oficina del Censo Electoral que elabore una instrucción sobre la aplicación de la conocida como ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. Además, adelanta que la fijación del municipio electoral en el que se inscriba cada beneficiario de esta previsión de la Ley de Memoria Democrática deberá estar “suficientemente motivada” cuando no coincida con su último domicilio en España.
Con esta resolución, el órgano arbitral responde a las distintas peticiones recibidas en las últimas semanas, en las que se advertía sobre la forma en que se está aplicando esta vía de acceso a la nacionalidad, vigente desde finales de 2022.
“La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral”, señala el acuerdo de la JEC, recogido por Europa Press.