El Congreso de los Diputados celebró el pasado 23 de julio el último Pleno del periodo de sesiones antes del parón de verano. La actividad parlamentaria no se retomará hasta septiembre, salvo que se convoquen sesiones extraordinarias, un escenario que en principio no está previsto. La Cámara Baja deja tras de sí una legislatura marcada por la lentitud en la tramitación: de las 394 iniciativas legislativas registradas desde agosto de 2023, 196 continúan en trámitación.
De las 126 iniciativas que sí han llegado a someterse a votación, únicamente 55 han logrado salir adelante, la mayoría de ellas procedentes del propio Gobierno. Según el mismo recuento, solo 20 proyectos de ley y 7 proposiciones habrían conseguido reunir una mayoría suficiente en la Cámara, entre los que figuran la Ley de Movilidad Sostenible y la proposición para regular la publicidad y la contratación de los pisos turísticos. El resto de las normas aprobadas en la legislatura corresponden a reales decretos-ley, que no requieren tramitación parlamentaria previa y solo deben ser convalidados por el Pleno en un plazo máximo de 30 días.
Un semestre de decretos – ley más que de leyes
En lo que va de 2026, el Congreso ha dado luz verde a 15 iniciativas de origen gubernamental, de las cuales 14 han sido convalidaciones de reales decretos-ley y solo una, el proyecto de Ley de Economía Social impulsado por el Ministerio de Trabajo, ha completado su tramitación como ley. Entre los decretos - ley convalidados en estos meses se encuentran medidas de muy diverso signo: ayudas a las víctimas de accidentes ferroviarios, la revalorización de las pensiones, apoyos a los afectados por las inundaciones en Andalucía y Extremadura, el refuerzo de la financiación del sistema de dependencia y varias disposiciones vinculadas a los efectos económicos de la guerra de Irán.
A estas iniciativas se suman tres proposiciones de ley impulsadas por el Grupo Socialista que ya han completado todo su recorrido: el acceso al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas, el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para reconocer a Formentera como circunscripción propia en las elecciones al Senado. En el cómputo total de la legislatura, el Ejecutivo ha logrado sacar adelante 74 decretos - ley o leyes ya publicados, además de cuatro reformas del Reglamento del Congreso y dos reformas de la Constitución, muy por debajo de las 215 iniciativas con rango de ley aprobadas en la legislatura anterior.
Las normas que aguardan su turno
Entre los expedientes que quedan pendientes para el próximo curso político destaca la ley que concedería la nacionalidad española a las personas de origen saharaui, que deberá debatirse en el Pleno en septiembre. También aguardan su aprobación definitiva en el Senado la norma que castigaría con penas de cárcel las terapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+ y la que reconocería como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Otras reformas de calado, como la actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana o los cambios en el acceso a la carrera judicial, continúan a la espera de que las ponencias correspondientes cierren sus trabajos.
El bloqueo de buena parte de la agenda legislativa se explica, en gran medida, por la fragilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno. Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, se ha alineado en varias ocasiones con PP y Vox para tumbar iniciativas relevantes del Ejecutivo, entre ellas los objetivos de estabilidad presupuestaria —rechazados en los dos plenos extraordinarios de julio—, el decreto - ley de prórroga de los alquileres y el paquete de medidas conocido como escudo social. El Ejecutivo, por su parte, defiende que ha ganado el 86% de las votaciones celebradas en la Cámara Baja desde el inicio de la legislatura, incluyendo enmiendas y proposiciones no de ley.
Con el cierre del periodo de sesiones, el destino de buena parte de estas iniciativas queda en suspenso hasta septiembre, cuando el Congreso deberá retomar una agenda legislativa que arrastra un volumen de expedientes pendientes muy superior al de anteriores legislaturas.
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