El Gobierno y la ONCE repartirán gratis dos millones de gafas para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solo puede poner en marcha una campaña de salud pública como la distribución gratuita de gafas si existe una doble base: una habilitación jurídica suficiente (ley o norma reglamentaria del Gobierno) y una cobertura presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sobre esa base, las Cortes ejercen control político y presupuestario mediante distintos instrumentos parlamentarios. Que haga falta una ley formal o baste con reglamentos dependerá de si se crean derechos nuevos, prestaciones estructurales o modificaciones relevantes del sistema sanitario y de gasto.

1. Habilitación jurídica de la campaña

1.1. ¿Ley, decreto ley o reglamento?

Para una campaña puntual de distribución gratuita de un bien (por ejemplo, gafas) suele ser suficiente con la potestad reglamentaria del Gobierno, siempre que:

• La ley sanitaria, de cohesión del sistema o de salud pública ya permita ese tipo de programas o prestaciones.
• La campaña se configure como programa temporal y no como un derecho subjetivo permanente para toda la ciudadanía.

En ese escenario, el Gobierno puede aprobar:

• Real decreto del Consejo de Ministros que establezca el programa, sus beneficiarios, coordinación con las CCAA, etc.
• Orden ministerial del propio Ministerio de Ciencia (si la ley y el real decreto de desarrollo le delegan esa capacidad) para regular detalles técnicos de ejecución.

Sería necesario acudir a una ley formal (proyecto de ley tramitado en Cortes) cuando la medida:

• Crea un nuevo derecho prestacional de carácter general y estable.
• Introduce obligaciones relevantes para los ciudadanos o para otros poderes públicos que la legislación vigente no preveía.
• Modifica leyes sanitarias, de cartera de servicios o de financiación del sistema.

1.2. Uso del real decreto-ley

El real decreto-ley es una norma con rango de ley que puede dictar el Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Según la información disponible, entra en vigor de forma inmediata pero debe convalidarse en 30 días por el Congreso. Solo tendría encaje si la campaña de salud pública responde a una situación de urgencia (por ejemplo, una crisis sanitaria repentina) que exija una actuación inmediata y con rango de ley. No puede utilizarse para todo: está limitado por la Constitución y sometido al control posterior del Congreso.

2. Cobertura y control presupuestario

2.1. Inclusión en los Presupuestos Generales del Estado

La distribución gratuita de un bien implica gasto. Ese gasto debe estar autorizado en los PGE, bien como:

• Una partida específica de programas de salud pública o de I+D sanitaria gestionada por el Ministerio de Ciencia.
• Una modificación presupuestaria aprobada conforme a la Ley General Presupuestaria (créditos extraordinarios, suplementos, transferencias de crédito, etc.).

El Parlamento participa en la aprobación de los PGE —mediante el proyecto de ley de Presupuestos— y puede condicionar, concretar o incluso limitar determinadas líneas de gasto a través de enmiendas y disposiciones adicionales.

2.2. Controles sobre la ejecución del gasto

Una vez aprobados los PGE, el control parlamentario se ejerce sobre:

• La ejecución de los créditos presupuestarios (grado de ejecución, cambios de destino, ampliaciones).
• Las cuentas y memorias que el Gobierno rinde periódicamente.
• La fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuyos informes son vistos en las Cortes.

3. Control político parlamentario de la campaña

3.1. Instrumentos ordinarios de control

Los diputados y senadores pueden controlar antes, durante y después de la campaña activando diversas herramientas. Entre las que se describen en la información disponible destacan:

• Preguntas orales o escritas al Gobierno sobre la oportunidad, diseño, coste y resultados de la campaña.
• Interpelaciones al ministro competente, que dan lugar a debates sobre la política seguida en materia de salud pública o innovación sanitaria.
• Mociones subsiguientes a las interpelaciones, en las que el Pleno insta al Gobierno a modificar, ampliar o suprimir la campaña.
• Comparecencias del ministro de Ciencia o de altos cargos ante las comisiones parlamentarias para explicar la medida.
• Solicitudes de información y documentación sobre pliegos, convenios, evaluaciones de impacto o datos de beneficiarios.
• Comisiones de investigación, si la campaña generara controversia relevante (sobre costes, contratos, eficacia, etc.).

3.2. Iniciativas no legislativas

Además, las Cámaras pueden aprobar proposiciones no de ley, mociones o resoluciones que:

• Instan al Gobierno a poner en marcha una campaña de este tipo.
• O bien le piden su revisión, paralización o sustitución por otras políticas.

Estas iniciativas no crean directamente la campaña ni la suprimen, pero tienen un fuerte valor político y orientador.

4. ¿Cuándo hace falta ley y cuándo basta el reglamento?

En síntesis, para una campaña concreta de distribución gratuita de gafas, limitada en el tiempo y apoyada en leyes sanitarias ya vigentes, suele bastar la potestad reglamentaria del Gobierno (real decreto y, en su caso, orden ministerial), más la correspondiente habilitación presupuestaria en los PGE. En cambio, si lo que se pretende es configurar un derecho universal y estable a esa prestación, o rediseñar estructuras básicas del sistema de salud o de financiación, sería necesario tramitar y aprobar una ley formal mediante el procedimiento parlamentario ordinario de proyectos de ley.

Las competencias específicas del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades se determinan principalmente en el real decreto de estructura del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en las órdenes de delegación de competencias dictadas por ese propio departamento. De la información disponible se desprende que la norma clave es el Real Decreto 472/2024, de 7 de mayo, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio, complementado por la Orden CNU/670/2024, de 25 de junio, sobre delegación de competencias. A partir de este marco, puede afirmarse que el secretario de Estado asume la dirección político‑administrativa de las políticas de ciencia, innovación y universidades, la coordinación con otros niveles de gobierno y la firma de numerosos actos de gestión y convocatoria de ayudas. No obstante, el articulado concreto que detalla una a una estas funciones no aparece en las fuentes accesibles, por lo que solo puede ofrecerse una síntesis general.

Marco normativo básico

El marco principal que regula las competencias del secretario de Estado es:

• Real Decreto 472/2024, de 7 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. No se dispone del texto completo, pero sí de su corrección de errores, donde se confirma la adscripción de la Agencia Estatal “Agencia Espacial Española” al ministerio a través de la Secretaría General de Innovación, dentro de la estructura configurada por este real decreto.
• Orden CNU/670/2024, de 25 de junio, sobre delegación de competencias, dictada por el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que especifica qué actos concretos se delegan en la persona titular de la Secretaría de Estado y en otros órganos dependientes ([enlace]).

Además, la Secretaría de Estado aparece como órgano responsable de publicar acuerdos de órganos de coordinación en materia científica y universitaria, como muestran las resoluciones por las que se difunden los reglamentos de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación ([enlace], [enlace]).

Contenido material de las competencias (síntesis general)

A partir de este tipo de reales decretos de estructura y órdenes de delegación, las competencias del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades pueden agruparse, en términos generales, en varios bloques:

• Diseño y ejecución de la política gubernamental en materia de:
  • Investigación científica y técnica y política de I+D+i.
  • Innovación y transferencia de conocimiento al tejido productivo.
  • Universidades, estudios de grado y posgrado, y su coordinación general con las comunidades autónomas.
  Estas áreas se reflejan en la gran cantidad de normas de ayudas, subvenciones y programas estatales que tramita y firma el departamento y que suelen desplegarse bajo la órbita de la Secretaría de Estado (por ejemplo, órdenes de bases reguladoras de ayudas del Plan Estatal de Investigación o de programas tecnológicos específicos: [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace]).
• Dirección de los órganos directivos dependientes, de acuerdo con el Real Decreto 472/2024:
  • Secretarías generales (por ejemplo, la Secretaría General de Innovación, que a su vez canaliza la adscripción de la Agencia Espacial Española, según la referencia estatutaria de la Agencia Espacial y su corrección en la citada corrección de errores).
  • Direcciones generales y organismos públicos de investigación y agencias estatales del ámbito científico y universitario (CSIC, AEI, CDTI/ID, FECYT, ANECA, etc., tal y como se desprende de sus estatutos y resoluciones de delegación, como [enlace], [enlace], [enlace]).
• Coordinación interterritorial y con otros departamentos:
  • Impulso y seguimiento de los acuerdos del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y de la Conferencia General de Política Universitaria, cuyos reglamentos de organización y funcionamiento se publican por resolución de la Secretaría de Estado ([enlace], [enlace]).
  • Participación en programas compartidos con otros ministerios, como misiones conjuntas en salud de vanguardia ([enlace], [enlace]).
• Gestión de ayudas, premios y programas estatales, mediante:
  • Aprobación de bases reguladoras y convocatorias de ayudas a la I+D+i, infraestructuras científicas singulares, programas de talento, premios nacionales de investigación, etc. (por ejemplo, [enlace], [enlace], [enlace], [enlace]).
  • Supervisión de órganos anticorrupción y de control en el uso de fondos europeos, como el Comité Antifraude del ministerio ([enlace]).
• Impulso de la administración digital y seguridad de la información en el ámbito del ministerio, con normas específicas de sedes electrónicas y políticas de seguridad ([enlace], [enlace], [enlace]).

Límites de la información disponible

Las fuentes oficiales consultadas permiten identificar con claridad qué normas organizativas estructuran el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y apuntan el papel central de la Secretaría de Estado en la tramitación de ayudas, la coordinación interterritorial y la dirección de los organismos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, no se dispone en estas fuentes del texto completo del Real Decreto 472/2024, de 7 de mayo, ni de la Orden CNU/670/2024, de 25 de junio, por lo que no puede reproducirse literalmente la lista exhaustiva de competencias atribuida a la persona titular de la Secretaría de Estado. Cualquier análisis detallado de artículo por artículo exigiría acudir directamente al “Boletín Oficial del Estado” y revisar dichas normas en su integridad.

Las fuentes disponibles permiten identificar varias campañas recientes de prevención ocular y de promoción de la salud visual en las que la ONCE o su entorno colaboran con el Gobierno y con administraciones públicas, pero no aportan un histórico sistemático desde los años 90. Lo que sí se ve es un patrón: acuerdos puntuales para campañas masivas (como el eclipse), programas estructurales de apoyo a colectivos vulnerables y, más recientemente, líneas de investigación para prevenir la ceguera. No se dispone de información detallada en las fuentes consultadas sobre grandes campañas estatales conjuntas ONCE–Gobierno en las décadas de 1990 y 2000, más allá de la actividad asistencial y educativa ordinaria de la organización.

Campaña reciente más comparable: eclipse solar y protección ocular

El ejemplo más claro de campaña estatal de prevención ocular con protagonismo del Grupo Social ONCE es la iniciativa asociada al Trío de Eclipses 2026–2028. Según Europa Press, recogido por Infosalus en esta noticia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han lanzado la campaña “Una vista única. Cuídala”, con el reparto gratuito de dos millones de gafas certificadas para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 (1,7 millones distribuidas por la ONCE y 300.000 por la FECYT).

El objetivo explícito es prevenir riesgos oculares asociados a mirar al Sol sin protección. La FECYT aporta materiales didácticos accesibles para comprender el fenómeno de forma segura, mientras que la ONCE adapta recursos y difunde guías de observación segura. El Gobierno gallego ha enmarcado esta misma campaña en la presentación de “Unha vista única. Coídaa”, destacando el uso exclusivo de gafas homologadas para eclipses y un cupón conmemorativo, según la nota de prensa de la Xunta disponible en este enlace.

Desde la óptica mediática, el periódico Demócrata resume esta operación en “Gafas gratis para ver el eclipse”, subrayando que se trata de una campaña coordinada Gobierno–Grupo Social ONCE con un claro enfoque de salud pública y seguridad visual.

Programas estructurales relacionados con prevención y atención visual

Investigación para prevenir la ceguera

Más allá de campañas puntuales, el campo de la prevención ocular se articula también a través de la investigación financiada. La recién creada Fundación ONCE Baja Visión ha iniciado su primer programa de subvenciones para investigación en prevención de la ceguera, con 200.000 euros y hasta 40.000 euros por proyecto, según explica Demócrata en este artículo. Las líneas incluyen biología molecular, genética, neuroplasticidad, epidemiología visual o inteligencia artificial para diagnóstico precoz. Aunque no es una “campaña” de comunicación, sí es una política de prevención en sentido amplio.

Atención temprana y educación

En el nivel autonómico, se han consolidado convenios ONCE–Gobiernos que tienen un fuerte componente preventivo (detección precoz y apoyo educativo). En Baleares, el Govern y la ONCE han renovado en 2026 un convenio para reforzar la atención temprana a niños de 0 a 6 años con ceguera o discapacidad visual grave, dando continuidad a la colaboración iniciada en 2019; el detalle figura en la nota oficial del Ejecutivo balear recogida en este enlace.

La Xunta de Galicia, por su parte, ha incrementado un 8% la colaboración con la ONCE para mejorar la atención educativa del alumnado con ceguera o deficiencia visual grave, incluyendo actividades de sensibilización en centros escolares sobre la realidad de las personas ciegas, según la nota institucional disponible en este enlace.

Colectivos vulnerables: personas migrantes con discapacidad visual

En 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la ONCE han presentado un programa específico para personas migrantes con discapacidad visual grave, centrado en garantizar acceso a prestaciones y apoyos. El Ministerio lo recoge en su web institucional (noticia ministerial) y La Moncloa lo resume en esta nota. Aunque se centra en inclusión social, tiene un componente de prevención secundaria (detectar necesidades visuales, canalizar a recursos sanitarios y rehabilitadores).

Políticas de salud visual del Gobierno sin protagonismo directo de la ONCE

En paralelo, el Gobierno ha lanzado iniciativas de gran impacto en salud ocular que no aparecen vinculadas directamente a la ONCE. Destaca el Plan VEO de ayudas de hasta 100 euros anuales para gafas y lentillas de menores de 16 años, regulado por Real Decreto y desarrollado con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. El programa se explica en varias notas oficiales de Sanidad y de Moncloa (discurso de la ministra García en el Día Mundial de la Visión y ampliación de financiación), así como en análisis de medios especializados como Infosalus, Gaceta Médica o Redacción Médica. Demócrata ha dedicado varias piezas explicativas a estas ayudas (anuncio en BOE, guía para solicitarlas, impacto en miopía infantil, balance político, ampliación de presupuesto y guía práctica), pero en ningún caso se menciona un papel directo de la ONCE en su diseño o ejecución.

Limitaciones del histórico

Las búsquedas en bases de datos oficiales y en el archivo de Demócrata no arrojan un inventario completo de “campañas de prevención ocular” conjuntas ONCE–Gobierno desde los años 90, ni referencias claras a grandes campañas estatales comparables a la del eclipse más allá de la actividad de sensibilización ordinaria, los convenios autonómicos o la financiación de investigación. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre campañas específicas de los años 90 y 2000 con esa configuración institucional.

Otros enlaces citados en las búsquedas, aunque no describen campañas ONCE–Gobierno, ayudan a contextualizar la creciente relevancia política de la salud visual (por ejemplo, las notas de Andalucía sobre colaboración con la ONCE y cupón del Día de Andalucía en [enlace], el programa de actividades de la Semana del Grupo Social ONCE en Oviedo en [enlace] o los artículos de Demócrata sobre equidad en salud visual en [enlace] y sobre el coste económico de las enfermedades visuales en [enlace]).