La comisión del Congreso constituida en febrero de 2024 para esclarecer los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017 celebra este martes una nueva sesión con el objetivo de consensuar y someter a votación su dictamen definitivo, tras una labor de investigación que se ha prolongado durante dos años y medio.
Hace unas semanas, los distintos grupos parlamentarios registraron sus borradores de conclusiones, que son los textos que se votarán ahora. Si alguno de ellos logra el respaldo suficiente, se convertirá en dictamen y será remitido al Pleno de la Cámara para su validación final.
Junts y ERC reclaman que el Congreso reconozca “negligencias” del Estado en la prevención de los ataques, un planteamiento que rechazan PSOE, PP y Vox, de acuerdo con las propuestas de conclusiones a las que ha accedido Europa Press.
En el caso de Junts, el grupo atribuye “una parte de la responsabilidad” de los atentados a “una negligencia o temeridad de los servicios secretos” por haber ocultado los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll (Girona) señalado como cerebro de la célula.
Junts cuestiona el juicio y el papel del CNI
Según el texto de Junts, esos contactos se habrían mantenido ocultos “por una decisión política”, recordando que los atentados se produjeron pocas semanas antes del referéndum del 1 de octubre y que se priorizaron los “intereses políticos y partidistas” del Ejecutivo del PP “por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder”.
La formación independentista asume la versión defendida en su día por el comisario José Manuel Villarejo, según la cual al CNI “se le fue de las manos” su relación con el imán de Ripoll. En este marco, señala tanto a la cúpula del Ministerio del Interior dirigido entonces por el ‘popular’ José Ignacio Zoido como a la responsable política de los servicios de inteligencia, la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, y extiende sus reproches al actual Gobierno de coalición por considerar que no se ha procedido a desclasificar toda la documentación relevante.
Junts llega incluso a poner en duda que el imán de Ripoll falleciera en la explosión previa de Alcanar (Tarragona) y sostiene que la causa judicial no despejó todos los “interrogantes esenciales” sobre el “origen, la preparación y las posibles responsabilidades de los hechos”. Por ello, reclama que la Fiscalía promueva nuevas diligencias judiciales.
Sumar, por su parte, propone en sus conclusiones que la Fiscalía General del Estado estudie la apertura de diligencias preprocesales de investigación “como mecanismo excepcional de satisfacción del derecho a la verdad”. El grupo plurinacional aboga además por “impulsar la elaboración de un relato público, oficial, institucional y riguroso” sobre los atentados “como condición para el cierre emocional colectivo, la dignificación las víctimas y la prevención de narrativas conspirativas”.
ERC habla de “fallo institucional grave”
ERC sostiene que el Estado “falló en la prevención” y alude a una “posible negligencia en la gestión de la información” que CNI y Mossos disponían sobre Es Satty, aunque sin llegar tan lejos como Junts. “Sin afirmar que los servicios del Estado conocieran previamente la preparación concreta de los atentados, la comisión considera que existen indicios para apreciar una actuación presuntamente negligente”, recoge su texto.
Esquerra subraya que “la falta de transmisión de información a los Mossos d'Esquadra antes de los hechos constituye un elemento central de posible negligencia institucional y evidencia un fallo en los estándares de coordinación, lealtad institucional y prevención que deben regir la actuación de los poderes públicos ante amenazas terroristas”, y califica ese “fallo institucional grave” como motivo para depurar responsabilidades políticas y acometer reformas estructurales que eviten la repetición de un escenario similar.
Junts, ERC y Sumar coinciden también en reclamar la desclasificación íntegra de la documentación relativa a los atentados, una petición que no comparten ni el PSOE ni el PP.
Coordinación antiterrorista y papel de los cuerpos de seguridad
En términos generales, todas las formaciones que han registrado conclusiones resaltan la necesidad de reforzar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de inteligencia en materia antiterrorista, así como mejorar el uso compartido de bases de datos. El PSOE, sin embargo, incide en que en los últimos años ya se han producido avances en esta línea que deben profundizarse.
Los socialistas ponen en valor la “responsabilidad” y “eficacia” de la actuación de los Mossos y defienden que la relación entre los distintos cuerpos policiales y el CNI “se siga sustentando bajo el principio de lealtad mutua”. Además, apuestan por “formalizar los canales internacionales de alerta sobre personas o entornos de riesgo” y reforzar la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Fuerzas de Seguridad para detectar procesos de radicalización dentro de las prisiones.
Sumar subraya igualmente que el nivel de coordinación actual entre las fuerzas de seguridad es muy superior al de 2017, “lo que evidencia que las mejoras eran posibles y necesarias”, y solicita seguir avanzando en esa dirección.
En el apartado dedicado a las víctimas, el PSOE reconoce que la coexistencia de fuentes de información judiciales, sanitarias y policiales ha provocado “dificultades prácticas” para identificarlas de forma exhaustiva. Por ello, propone “mejorar los sistemas de coordinación y registro” y reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo para incluir una “definición más amplia, inclusiva y material de víctima del terrorismo, ampliando su reconocimiento, asistencia y protección”.
El PP, por otro lado, admite que la radicalización de los autores y la planificación del atentado frustrado por la explosión de la vivienda de Alcanar, “como ocurre en muchos casos en los que se actúa con células pequeñas y aisladas, fue inadvertida por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en materia de crimen organizado y terrorismo”, incluidos el CNI y el CITCO. No obstante, remarca que “en ningún caso se puede pretender que fue un acto de negligencia”.
Los populares quieren dejar claro que el imán de Ripoll “no era confidente ni colaborador” del CNI, la Policía o la Guardia Civil y que el CNI “no tuvo la más mínima responsabilidad” en los atentados, como tampoco “la tuvieron los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil”.
El PP también busca que conste “el uso partidista de la información” por parte del entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, quien negó que los Mossos hubieran recibido la alerta emitida en mayo de 2017 por la CIA sobre un posible atentado en Las Ramblas, pese a que posteriormente se acreditó que sí se había trasladado.
Discrepancias sobre la utilidad de la comisión
Los populares recalcan asimismo que, pese al nivel 4 de alerta antiterrorista y a que la Policía había planteado para las Navidades de 2017 la instalación de elementos físicos de protección en zonas muy concurridas, esa medida no se aplicó en Barcelona.
Vox, en una línea similar al PP, recuerda que la comisión parlamentaria se constituyó a instancias de Junts y ERC y concluye que sus trabajos no han aportado novedades ni han permitido acreditar “ninguna de las graves sospechas que justificaron su impulso”.
“Por el contrario, sus trabajos han servido para confirmar la solidez de las investigaciones policiales y judiciales desarrolladas en su momento y para evidenciar la falta de fundamento de muchas de las acusaciones que durante años se han vertido desde determinados ámbitos políticos”, sostiene el documento registrado por Vox.