Las reclamaciones planteadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por ciudadanos que no están conformes con la contestación recibida, o con la ausencia de respuesta de la Administración a sus peticiones de información, han aumentado un 60% en los seis primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Casi el 70% de estos recursos se interpusieron frente a la negativa de ministerios y organismos estatales a facilitar los datos requeridos.
Según ha comunicado este jueves el propio consejo, la autoridad independiente encargada de supervisar la transparencia en el ámbito estatal registró en la primera mitad de 2026 un total de 1.758 reclamaciones. De ellas, 1.211, lo que supone el 68,8%, se dirigieron contra ministerios y entidades públicas de la Administración General del Estado.
El resto de los expedientes, 547 en total, se presentaron frente a administraciones, organismos y entidades de carácter autonómico y local de aquellas comunidades que han delegado en el consejo la competencia en transparencia mediante el correspondiente convenio de colaboración.
Fuerte aumento continuado de reclamaciones
Este repunte consolida la tendencia de crecimiento en el número de expedientes de ciudadanos que acuden al consejo para que se garantice su derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con la Memoria de Actividad de la institución, en 2025 se tramitaron 2.767 reclamaciones, un 40% más que en el ejercicio previo.
Desde el organismo advierten, sin embargo, de que mientras las reclamaciones siguen en ascenso, el Consejo de Transparencia continúa operando con la misma plantilla y los mismos medios desde 2023, último año con Presupuestos Generales del Estado aprobados. Actualmente cuenta con alrededor de treinta empleados y un presupuesto de 3,38 millones de euros.
Para la presidenta del consejo, Concepción Campos Acuña, el aumento sostenido de reclamaciones refleja la consolidación de la cultura de transparencia entre la ciudadanía, pero también pone de relieve una “realidad ineludible”: que la “función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales”.
Más carga de trabajo y expedientes complejos
En este escenario, Campos incide en la necesidad de reforzar los recursos disponibles con el fin de asumir el volumen creciente de expedientes y “garantizar el derecho de acceso en plazo y con calidad”. Subraya, además, que “la complejidad material de los expedientes también va en aumento” debido a la aparición de nuevas demandas de información pública asociadas al desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial y a su uso cada vez más extendido por parte de la Administración.
Junto a la resolución de reclamaciones para asegurar el derecho de acceso a la información pública, el consejo desempeña otras tareas relevantes: supervisa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de entidades públicas y privadas, elabora criterios interpretativos y recomendaciones para facilitar la aplicación de la normativa, atiende consultas de los sujetos obligados e impulsa y participa en actividades de formación y sensibilización dirigidas a empleados públicos, entre otras funciones.