La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una segunda fase. La mayoría de los adultos que cruzaron desde Marruecos ha regresado al país vecino, pero casi 1.100 niños y adolescentes permanecen bajo la atención de los servicios de protección de la ciudad autónoma, muchos de ellos después de haber llegado solos, a nado y sin más pertenencias que la ropa que llevaban puesta.
Antes del 1 de julio, Ceuta atendía a unos 180 menores migrantes no acompañados. El último recuento eleva esa cifra hasta 1.098, un incremento que ha obligado a improvisar alojamientos en naves industriales, ampliar los recursos existentes y habilitar dos colegios para acoger de urgencia a más de un centenar de niñas.
El Tarajal, convertido en un gran recurso de emergencia
El polígono de El Tarajal, próximo a la frontera con Marruecos, se ha convertido en uno de los principales puntos de atención. Allí se ha reabierto una nave gestionada por la Fundación SAMU, entidad que ya participaba en el sistema de protección de menores de Ceuta y que había cerrado ese recurso semanas antes, cuando la presión había disminuido.
La llegada masiva obligó a poner nuevamente en funcionamiento las instalaciones a contrarreloj. Durante las primeras horas, algunos menores llegaron a dormir junto a la entrada de una de las naves mientras se organizaban las plazas, la entrega de ropa, la alimentación y su posterior distribución entre los distintos espacios disponibles.
Aunque organizaciones sociales gestionen los centros y asuman la atención diaria, la tutela corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los equipos de educadores, trabajadores sociales y personal sanitario deben cubrir las necesidades básicas, pero también identificar a cada menor, conocer sus circunstancias familiares y detectar posibles situaciones de especial vulnerabilidad.
La imagen sobre el terreno es todavía más grave que la que reflejan las cifras oficiales. Un reportaje de El Mundo describe a cientos de menores hacinados en las aceras y alrededor de las antiguas naves del polígono de El Tarajal, muchos descalzos, sucios, con heridas en las piernas o todavía vestidos con los trajes de neopreno utilizados para cruzar la frontera. Bajo temperaturas superiores a los 35 grados, duermen sobre cartones, palés, escombros y muebles abandonados, mientras tratan de protegerse del sol con mantas y esperan durante horas la llegada de agua o comida.
El periódico relata además la presencia de niños de apenas siete, ocho o nueve años que habrían cruzado acompañados por sus padres, pero que ahora permanecen solos, sin saber si sus familiares siguen en Marruecos, lograron entrar en Ceuta o se encuentran desaparecidos.
Más de cien niñas alojadas en dos colegios
La emergencia ha afectado especialmente a las niñas y a los menores de menor edad. Ceuta ha habilitado los colegios públicos Príncipe Felipe y Reina Sofía para alojar provisionalmente a más de un centenar de niñas que permanecían sin un recurso adecuado.
Hasta este martes habían sido acogidas 114 niñas, muchas de ellas de entre 11 y 14 años. La apertura de los colegios se coordinó con los ministerios de Juventud e Infancia y de Educación, además de la Fiscalía, ante la imposibilidad de atenderlas en los centros ordinarios.
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La utilización de colegios y naves industriales muestra el carácter provisional del dispositivo. Las autoridades ceutíes trabajan en la preparación de dos instalaciones de mayor tamaño para reagrupar a los menores y mejorar sus condiciones, mientras continúan buscando a quienes todavía puedan permanecer en las calles.
Un sistema dimensionado para 29 plazas
La capacidad ordinaria asignada oficialmente a Ceuta para menores extranjeros no acompañados es de 29 plazas. El lunes, cuando el balance era todavía de 862 acogidos, la ocupación ya alcanzaba el 2.872%. La actualización hasta los 1.098 menores agrava aún más una situación que las autoridades locales consideran imposible de sostener únicamente con recursos propios.
La presión no se limita al alojamiento. Cada menor necesita una primera valoración, asistencia médica, ropa, alimentación, acompañamiento psicológico y una entrevista individual. En los casos en los que existen dudas sobre la edad, la Fiscalía debe intervenir y autorizar las pruebas correspondientes.
También resulta necesario comprobar si tienen familiares en España o en otro país europeo, documentar su identidad y determinar cuál es el recurso de protección más adecuado. La acumulación de expedientes ha obligado a la Fiscalía de Ceuta a solicitar refuerzos de fiscales y funcionarios.
Los traslados a la Península, pendientes
Ceuta ha reclamado nuevamente la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas. El mecanismo aprobado en 2025 permite declarar una contingencia migratoria extraordinaria cuando un territorio supera tres veces su capacidad ordinaria y activar traslados basados en criterios de solidaridad entre comunidades.
El procedimiento, sin embargo, no es automático ni colectivo. Cada menor debe ser inscrito en el registro correspondiente, entrevistado y escuchado durante el expediente. También interviene el Ministerio Fiscal y debe valorarse el interés superior del niño antes de resolver su traslado. La normativa establece un plazo máximo de quince días desde la inscripción para completar la reubicación, siempre que se cumplan todos los trámites previstos.
Durante los primeros días posteriores a la avalancha no se habían realizado traslados extraordinarios a la Península. La Ciudad prevé solicitarlos, pero mientras se tramitan, la atención inmediata continúa recayendo sobre unos recursos locales completamente desbordados.