Listado de los alcaldes rebeldes del PSOE: Ferraz, en jaque al PSOE por las concentraciones de Ceuta

No existe un “procedimiento parlamentario” específico para que un partido, como el PSOE, cambie su posición sobre un tema concreto (por ejemplo, las concentraciones de apoyo a Ceuta). Lo que sí hay es una combinación de decisiones internas del partido y mecanismos ordinarios del funcionamiento de los grupos parlamentarios que hacen visible y efectiva ese cambio en Congreso y Senado.

En primer lugar, la posición política oficial de un partido se fija en sus órganos internos:

• El Congreso Federal y las conferencias sectoriales marcan las grandes líneas de la posición del PSOE en política territorial, migratoria, exterior, etc.
• La Comisión Ejecutiva Federal y, en su caso, las ejecutivas autonómicas o provinciales, concretan cómo se aplica esa línea a debates coyunturales (como unas concentraciones de apoyo a Ceuta).
• Los portavoces (en el Congreso, Senado y cámaras autonómicas) reciben orientaciones políticas de esos órganos y las trasladan al día a día parlamentario.

El cambio de posición suele formalizarse primero dentro del propio partido: reunión de la Ejecutiva, fijación de una nueva línea, redacción de argumentarios internos y comunicación de las instrucciones a los grupos parlamentarios. No es un acto regulado por el Reglamento del Congreso, sino por los estatutos del partido y por su práctica política.

Una vez decidida la nueva posición, su traslado a los grupos parlamentarios se articula de forma básicamente interna:

• La Ejecutiva se coordina con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y con la dirección del grupo (portavoces adjuntos, coordinadores de área, portavoces en comisiones).
• Se difunden instrucciones de voto y argumentos para intervenciones en plenos y comisiones, normalmente mediante circulares internas, reuniones de grupo y de portavoces.
• Si el asunto afecta también a otros niveles (Senado, parlamentos autonómicos), suele haber una coordinación entre direcciones de grupo y ejecutivas territoriales para unificar el mensaje.

Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, el cambio de posición se hace visible a través de instrumentos ordinarios:

• Votaciones: el Grupo Socialista puede votar de manera distinta a como lo hacía antes en proposiciones no de ley, mociones, declaraciones institucionales o iniciativas legislativas relacionadas con Ceuta o con las concentraciones de apoyo. El resultado de la votación y el sentido del voto del grupo quedan registrados oficialmente.
• Registro de iniciativas: el grupo puede presentar nuevas proposiciones no de ley, mociones, preguntas o solicitudes de comparecencia cuya redacción refleje la nueva posición (apoyo, matización o rechazo a determinadas concentraciones o a cómo se abordan institucionalmente).
• Enmiendas: si hay en tramitación textos relacionados (por ejemplo, resoluciones sobre política migratoria o sobre integridad territorial), el PSOE puede presentar enmiendas que recojan el nuevo enfoque.
• Intervenciones en pleno y comisiones: los portavoces socialistas fijan la nueva línea en sus discursos, que quedan recogidos en el Diario de Sesiones y son, de facto, la expresión oficial de la posición del grupo.

En cuanto a la disciplina de voto, el Reglamento del Congreso no entra en cómo se organiza internamente cada grupo. Son los estatutos del partido y el reglamento interno del grupo quienes regulan que los diputados deben ajustarse a las decisiones colectivas, salvo supuestos excepcionales (escenarios de voto libre o “en conciencia” que la propia dirección puede permitir o anunciar).

Por tanto, para que el PSOE cambie oficialmente su posición sobre las concentraciones de apoyo a Ceuta se seguiría, en la práctica, esta secuencia:

• Decisión política en los órganos internos (Ejecutiva, eventualmente Congreso Federal o comités).
• Comunicación de la nueva línea a los grupos parlamentarios y fijación de instrucciones de voto y de mensaje.
• Materialización en el Parlamento mediante:
  • nuevas iniciativas (PNL, mociones, preguntas, etc.),
  • enmiendas a textos ya en tramitación,
  • cambios en el sentido del voto respecto a iniciativas similares anteriores,
  • y discursos de portavoces que expliciten el cambio.

No se requiere, pues, un procedimiento extraordinario en la Cámara, sino el uso coordinado de los mecanismos parlamentarios ordinarios, respaldados por decisiones internas del partido, para que el cambio de posición adquiera carácter oficial y quede documentado en los registros y diarios de sesiones.

La dirección federal del PSOE, a través de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y de los órganos federales de garantías y listas, tiene competencias amplias sobre los alcaldes y concejales socialistas, pero siempre en el plano orgánico y disciplinario, no institucional: puede afectar a su militancia, a sus responsabilidades internas y a sus futuras candidaturas, pero no les puede destituir directamente de la Alcaldía, que depende de la legalidad municipal.

1. Régimen disciplinario y sanciones a alcaldes y concejales

Los Estatutos Federales del PSOE atribuyen a la CEF la potestad de abrir expedientes disciplinarios y adoptar medidas cautelares frente a militantes que sean cargos públicos municipales. En el caso del secretario general de Torremolinos, la resolución de la Ejecutiva Federal:

• Acuerda abrir expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia tras una denuncia por acoso sexual, actuando a petición de la dirección provincial y en coordinación con la Fiscalía (noticia en Demócrata).
• Funda el expediente en el artículo 85.j de los Estatutos, que tipifica como falta grave la “mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE”.
• Y en el artículo 86.i, que define como falta muy grave una mala conducta cívica o ética “muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE y/o cuando contravengan nuestras resoluciones relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable”.

La resolución federal nombra instructor, fija las medidas cautelares y reconoce el derecho del expedientado a proponer pruebas y a recurrir ante la Comisión Federal de Ética y Garantías. Esto ilustra que la dirección federal:

• Puede suspender de militancia a alcaldes y concejales.
• Puede proponer su expulsión de la organización en casos graves (como en el expediente a José Luis Ábalos, donde la CEF formula una recomendación de expulsión: Demócrata).
• Puede actuar por incumplimiento de directrices de órganos superiores, como en Carboneras (hotel de El Algarrobico), donde la Ejecutiva Federal suspende de militancia a cinco ediles por votar en el pleno contra la posición oficial del partido, considerándolo doble falta muy grave al contravenir acuerdos del PSOE andaluz y dañar la imagen del partido (Demócrata).

2. Intervención en agrupaciones municipales y gestoras

Los Estatutos y el Reglamento Federal de Desarrollo permiten a la dirección federal intervenir agrupaciones y designar comisiones gestoras cuando se dan determinadas circunstancias:

• En el caso del PSOE de Madrid, tras la dimisión del secretario general Juan Lobato, la CEF inicia el proceso para constituir una gestora, y el propio partido explica que, de acuerdo con Estatutos y Reglamento Federal de Desarrollo, la creación de una gestora se produce de forma “automática” tras la dimisión de un secretario general elegido en primarias (nota del PSOE).
• En el ámbito municipal, federaciones como el PSOE de Andalucía remiten a Ferraz informes favorables para constituir gestoras en agrupaciones locales (como Torremolinos) y la decisión final corresponde a la dirección federal, que asume la potestad de reorganizar la dirección de la agrupación mientras se resuelve la crisis interna.

Además, en situaciones graves (por ejemplo, denuncias de acoso contra un alcalde o secretario local), las direcciones autonómicas coordinan con Ferraz la solicitud de actas y la intervención orgánica. En el caso del alcalde de Almussafes, el PSPV actúa “en coordinación con la dirección federal” y pide una gestora en la agrupación municipal (Demócrata).

3. Candidaturas y primarias municipales

Los Estatutos y su Reglamento de Desarrollo atribuyen a órganos federales un papel clave en la designación de candidatos municipales:

• Para las primarias autonómicas y municipales de 2027, la CEF aprueba el calendario general y puede fijar las fechas concretas de las votaciones (Demócrata).
• En los ayuntamientos donde el PSOE ostenta la Alcaldía, solo se convocan primarias si lo solicita más del 50 % de la militancia y con la autorización de la Comisión Federal de Listas. Es decir, el nivel federal controla cuándo se abre una disputa interna sobre la candidatura del alcalde en ejercicio.
• Las listas elaboradas por estructuras provinciales y autonómicas deben ser remitidas a la Comisión Federal de Listas, que, según el Reglamento de Desarrollo, puede “ratificarlas o modificarlas” previa consulta con las direcciones territoriales. En la práctica, esto permite a la dirección federal alterar u ordenar las candidaturas municipales.

4. Alcance y límites sobre los alcaldes

En síntesis, según Estatutos y reglamentos aplicados en los casos recientes:

• La dirección federal puede imponer disciplina de voto y sancionar a alcaldes y ediles que se aparten de las decisiones adoptadas por los órganos competentes del partido.
• Puede suspender de militancia, abrir expedientes y proponer expulsiones, con garantías de defensa y recursos internos.
• Puede intervenir agrupaciones municipales mediante gestoras y condicionar o vetar candidaturas a la Alcaldía a través de la Comisión Federal de Listas y del control sobre las primarias.
• No puede, sin embargo, revocar directamente el cargo institucional de alcalde, que solo puede perderse por los cauces previstos en la legislación local (moción de censura, dimisión, etc.). Lo que sí puede hacer es vaciar el respaldo político y orgánico del partido a ese alcalde.

A partir de la información disponible en la prensa y en las fuentes consultadas, no existe un recuento oficial y cerrado de los municipios gobernados por el PSOE que hayan apoyado públicamente iniciativas similares en crisis territoriales durante la actual legislatura. Sí puede afirmarse, con base en los casos identificados, que al menos una decena de ayuntamientos socialistas ha respaldado o impulsado declaraciones, concentraciones o actos institucionales de solidaridad en una crisis territorial reciente, especialmente la vinculada a Ceuta.

1. Límites de la información disponible

Las fuentes revisadas son fundamentalmente noticias de prensa y comunicados institucionales (especialmente del periódico Demócrata y de órganos del propio PSOE). Ninguna de ellas ofrece un censo completo y sistematizado de:

• Todos los municipios gobernados por el PSOE en la legislatura actual.
• Cuáles de ellos han aprobado mociones, declaraciones o actos públicos sobre cada crisis territorial.

Por tanto, solo es posible trabajar con los casos explícitamente citados en las informaciones consultadas. Eso permite dar una cifra mínima (“al menos tantos municipios”) y ejemplos concretos, pero no una cifra exhaustiva ni definitiva.

2. Municipios del PSOE activos en la crisis de Ceuta

La crisis migratoria y de orden público en Ceuta ha generado una ola de concentraciones y actos de apoyo promovidos desde la FEMP y por plataformas ciudadanas, que han dividido posiciones dentro del PSOE. Aun cuando la dirección federal pidió a sus cargos que no acudieran a las concentraciones convocadas por la FEMP, varios ayuntamientos socialistas decidieron impulsar o apoyar iniciativas propias de solidaridad.

Entre los municipios gobernados por el PSOE que, según la cobertura de Demócrata y otras crónicas, han apoyado públicamente iniciativas de este tipo en la actual legislatura, figuran:

• Espartinas (Sevilla): ayuntamiento socialista que convoca concentración “por la paz social” y en “solidaridad con el pueblo ceutí”, en horario distinto al de la FEMP, como acto propio de apoyo a Ceuta.
• Moguer (Huelva): gobernado por el PSOE, convoca concentración el 2 de septiembre para “trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo ceutí”, coincidiendo con la hora marcada por la FEMP.
• Mérida (Badajoz): su alcalde socialista impulsa un acto institucional “Mérida con Ceuta. Ceuta no está sola”, aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales, con manifiesto consensuado.
• Almendralejo (Badajoz): también con alcaldía del PSOE, celebra concentración de apoyo a Ceuta en horario distinto al de la FEMP, según destaca el PP extremeño al criticar al partido socialista (Demócrata).
• Jaén: el ayuntamiento, gobernado por el PSOE, decide no sumarse formalmente a la convocatoria de la FEMP, pero emite un mensaje de respaldo a la ciudadanía y a las instituciones ceutíes, buscando una declaración institucional consensuada.
• Aznalcázar (Sevilla): gobierno local socialista que difunde un comunicado de respaldo a Ceuta, aclarando que no acudirá a “iniciativas que busquen la división o la crispación ciudadana” (Demócrata).
• Fuenteheridos (Huelva): ayuntamiento socialista que anuncia explícitamente su apoyo a la convocatoria de la FEMP en solidaridad con Ceuta.
• Aracena, Bonares y Santa Olalla del Cala (Huelva): municipios donde las alcaldías socialistas impulsan “acciones paralelas” —actos propios— para expresar solidaridad con la ciudad autónoma, en lugar de limitarse a la fórmula central de la FEMP.

Solo en el bloque andaluz recogido por Demócrata se identifican ya ocho municipios gobernados por el PSOE con iniciativas públicas de apoyo a Ceuta (Espartinas, Aznalcázar, Moguer, Fuenteheridos, Aracena, Bonares, Santa Olalla del Cala y, en distinta fórmula, Jaén), a los que se suman Mérida y Almendralejo en Extremadura. Esto permite hablar con seguridad de al menos una decena de ayuntamientos socialistas que han respaldado públicamente iniciativas de solidaridad en esta crisis territorial concreta.

3. Otras crisis territoriales en la legislatura

En cuanto a otras crisis territoriales (por ejemplo, debates sobre financiación autonómica, estatutos o tensiones competenciales), la información hallada se centra más en:

• Movimientos de los gobiernos autonómicos y de los grupos parlamentarios.
• La actuación de la FEMP o del Grupo Socialista en la FEMP en clave general.

Por ejemplo, la FEMP aprobó, a propuesta del PSOE, una declaración institucional en apoyo a los municipios afectados por la DANA en Valencia (PSOE). Sin embargo, ese texto se adopta en el ámbito de la federación y no desglosa cuántos ayuntamientos socialistas respaldan después declaraciones equivalentes en sus propios plenos.

4. Conclusión

Con los datos disponibles, es posible afirmar que:

• No existe un recuento público y completo de todos los municipios del PSOE que hayan apoyado iniciativas similares en las distintas crisis territoriales de la legislatura.
• En la crisis de Ceuta se documentan al menos una decena de municipios gobernados por el PSOE que han impulsado o respaldado concentraciones, comunicados o actos institucionales de apoyo.
• Es razonable suponer que la cifra real es mayor, pero no puede cuantificarse con precisión sin un censo sistemático de acuerdos municipales, que no figura en las fuentes consultadas.