Los documentos desclasificados sobre la crisis de Ceuta abren una nueva pregunta sobre qué ocurrió con la información que llegó a la Delegación del Gobierno antes del 30 de julio. Las comunicaciones conocidas muestran que el CNI avisó el día anterior a la Delegación y a la Guardia Civil de un llamamiento en redes sociales para intentar entradas "por valla y mar" y advirtió del alcance que podía tener su difusión.
El aviso llegó, por tanto, antes de que se desencadenara la crisis, pero la documentación publicada no permite conocer todavía qué recorrido siguió después esa información ni qué decisiones se adoptaron a partir de ella. La cuestión pasa ahora por determinar qué debía hacer la Delegación una vez conocida la alerta, hasta dónde alcanzaban sus obligaciones y qué tipo de responsabilidad podría derivarse si se acreditara que no actuó o no trasladó la información por los cauces correspondientes.
Ley del Sector Público
La respuesta está en la propia estructura de la Administración del Estado. La Delegación del Gobierno no es una administración independiente del Ejecutivo central ni depende del Gobierno de Ceuta. Es el órgano que representa al Gobierno de España en el territorio y forma parte de la Administración General del Estado.
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en su territorio y dirigen y supervisan allí la Administración General del Estado. La misma norma fija una doble dependencia especialmente relevante para analizar lo ocurrido en Ceuta: orgánicamente dependen del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia.
En el caso de una alerta sobre una posible entrada por la frontera, la materia afectada es fundamentalmente la seguridad ciudadana y fronteriza, ámbito en el que entra directamente el Ministerio del Interior.
Interior, la referencia en materia de seguridad
La legislación atribuye a los delegados del Gobierno responsabilidades específicas en seguridad. La Ley 40/2015 establece que les corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La misma disposición determina que la jefatura de esas fuerzas en el territorio corresponde al delegado del Gobierno y precisa que ejercerá las competencias estatales en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana refuerza esa posición. La norma incluye expresamente a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla entre las autoridades estatales competentes en materia de seguridad ciudadana, junto al ministro del Interior y al secretario de Estado de Seguridad.
Interior, a su vez, tiene atribuidos el mando superior, la dirección y la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dentro de esa estructura, corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad coordinar el ejercicio de las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Es decir, en una situación relacionada con la seguridad de la frontera, Delegación e Interior forman parte de una misma cadena administrativa estatal.
¿Tenía que avisar directamente a Marlaska o a Moncloa?
La Ley 40/2015 no obliga a que cada aviso que recibe una Delegación del Gobierno sea trasladado personalmente al ministro del Interior o al presidente del Gobierno. Por tanto, la norma no permite concluir por sí sola que la Delegación de Ceuta incumpliera una obligación legal por no remitir directamente a Moncloa el mensaje que recibió del CNI.
Sí deja claro, sin embargo, que la Delegación forma parte de la cadena de dirección, coordinación e información del Estado. En concreto, el artículo 73.1.c atribuye a los delegados del Gobierno la función de "comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno" y las administraciones territoriales. Es decir, la Delegación actúa como uno de los canales de comunicación entre lo que sucede en el territorio y el Gobierno central.
Una alerta concreta
Según las comunicaciones conocidas, a las 13.52 horas del 29 de julio el servicio de inteligencia informó al Gabinete de la Delegación de que en redes sociales existía "un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h". Añadió que pretendía aprovecharse la Fiesta del Trono de Marruecos y señaló que los dos grupos desde los que se difundía sumaban 180.000 seguidores.
Un minuto después, el CNI trató también de contactar con la UCE-3 de la Guardia Civil. El mensaje fue igualmente explícito: disponía de información sobre "un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana". Más tarde consta una conversación telefónica con la Guardia Civil y, ya por la noche, una llamada de once minutos entre el CNI y la Delegación.
La documentación permite acreditar, por tanto, que la Delegación recibió antes del 30 de julio una alerta sobre una convocatoria concreta para el día siguiente. Lo que estas comunicaciones, por sí solas, no permiten establecer es qué recorrido tuvo posteriormente esa información dentro de la Administración.