El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene sobre la mesa un proyecto de Real Decreto que obligaría a las comercializadoras a incorporar cuotas mínimas y crecientes de biometano en sus ventas de gas natural: desde el 0,5% en 2028 hasta el 6% en 2035, una senda con la que el Gobierno espera movilizar unos 10 TWh de gas renovable. Quedan fuera del cómputo la generación eléctrica, los territorios insulares y el transporte.
El texto, que además introduce mecanismos para facilitar la conexión de plantas a la red gasista y para combatir el fraude, completó su fase de audiencia pública el pasado 11 de junio y se encuentra ahora en análisis interno de alegaciones, a la espera de su paso por el Consejo de Ministros.
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Paralelamente, el Ejecutivo desarrolla el mandato del Real Decreto-ley 7/2026, conocido como escudo anticrisis y aprobado dentro del plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio, para crear un sello de excelencia social, territorial y ambiental que priorice los proyectos de biometano mejor valorados. La consulta previa sobre sus criterios se cerró el 10 de mayo, y un proyecto de Real Decreto para subvencionar a la Asociación Española de Normalización (UNE), encargada de fijar el estándar, permanece en audiencia pública hasta el 7 de agosto.
Frente a la labor del Gobierno, ni el Congreso ni el Senado tramitan actualmente una ley específica sobre biometano. La única iniciativa legislativa que guarda algo de relación es la proposición de ley que modifica el régimen de comercio de derechos de emisión (impulsado por el PSOE y Sumar), y afecta solo indirectamente al sector.
Las autonomías, divididas entre el freno y el impulso
El foco autonómico más intenso está en Navarra, donde el Parlamento foral ha respaldado una moratoria a nuevas plantas de biogás y biometano, ante las dudas sobre la disponibilidad de residuos ganaderos y los recursos contra proyectos concretos, y ha exigido al Gobierno foral un plan integral con criterios territoriales y ambientales. El Ejecutivo navarro defiende ahora prolongar esa moratoria hasta finales de 2028 mientras prepara un marco regulador propio, todavía sin texto definido.
En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional elabora un Plan Regional del Biometano que aspira a levantar la moratoria a macrogranjas, apoyado en un potencial estimado de 8,1 TWh anuales. Andalucía debate en su Parlamento una proposición no de ley sobre ordenación territorial de las plantas de biogás y biometano, en paralelo al trabajo de la Alianza Andaluza del Biogás. Galicia, por su parte, ha fijado en su Agenda Energética el objetivo de que el 20% del consumo de gas proceda de fuentes renovables en 2030, aunque sin una norma específica de biometano en tramitación.
El sector, representado por asociaciones como Sedigás, AEBIG o APPA Renovables, coincide en reclamar reglas claras y estables y una tramitación más ágil para aprovechar un potencial que sitúa a España entre los países con mayor capacidad de producción de biometano de Europa.