QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El debate migratorio vuelve a estar sobre la mesa. Este lunes, el Gobierno empieza a cumplir la medida cautelar del Supremo por la que le instaba a hacerse cargo de más de mil menores migrantes que se encuentran en Canarias. Y en la última semana, Vox ha agitado el avispero con mociones como la de Jumilla para prohibir actividades religiosas que «rozaba lo inconstitucional», en palabras de Germán R. Teruel Lozano, profesor titular de Derecho Constitucional.
En este contexto, resulta pertinente recordar que hubo un tiempo, no muy lejano, en que la ILP (ya proposición de ley) de regularización extraordinaria de migrantes parecía cuestión de semanas, si no de días. A finales de mayo el PSOE remitió a los grupos parlamentarios un borrador con una propuesta, a la que tuvo acceso Demócrata. Los contactos y negociaciones se aceleraron y estaba previsto convocar ponencia con vistas a pulir el informe y aprobarlo pronto, pero de la noche a la mañana, todo quedó paralizado. ¿Hasta cuándo?
Fuentes del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar anticipan a Demócrata que exigirán a su socio de Gobierno retomar las conversaciones en septiembre y hacer de la regularización de migrantes una de las prioridades de arranque de curso.
Si bien no se incluyó entre las 22 medidas del documento que Sumar remitió al PSOE para revitalizar la legislatura tras el terremoto Cerdán, las mismas fuentes aseguran que se les ha trasladado la urgencia de “ponerlo en marcha ya” para que “salga al principio del siguiente periodo de sesiones”.
¿En qué punto está y qué se propone?
La Proposición de Ley para una regularización extraordinaria, cuya génesis es la ILP impulsada por Regularización Ya, superó la toma en consideración en abril del año pasado.
Permaneció inactiva hasta mayo de 2025, cuando los socialistas remitieron a los grupos un borrador con una propuesta que, entre otras cosas, pretendía subsanar algunos errores del Real Decreto sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado el pasado mes de noviembre y que entró en vigor el 20 de mayo.
El PSOE planteó a los grupos parlamentarios introducir una Disposición transitoria primera en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para regular que, en el plazo máximo de seis meses, el Gobierno apruebe un Real Decreto que plasme el procedimiento y los requisitos para la obtención de una nueva autorización por circunstancias excepcionales única, que habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional, para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024 y que cumplan dichos requisitos.
Según fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata, esta propuesta no abre grandes debates o plantea modificaciones profundas. Únicamente compromete al Gobierno a elaborar un nuevo Reglamento para, entre otras cosas, solventar algunas situaciones devenidas de la última actualización, que ha entrado en vigor este martes 20 de mayo.
Si bien el último Reglamento aprobado (vía Real Decreto) mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia, existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad.
Por ello, el Ejecutivo propone establecer un “régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo” regulando una nueva autorización por circunstancias excepcionales única para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024, y siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que se establecerán por Real Decreto.
Para aterrizarlo, dado que la proposición de ley se encuentra en fase de ponencia, el Ejecutivo aspira a transaccionar. Sumar estaría a favor, pero no da por cerrada la negociación, entre otras cosas, porque ya pactaron una enmienda parcial conjunta que moldeaba la iniciativa. Ahora, esa enmienda conjunta está sujeta a negociación, al igual que la potencial enmienda transaccional.
Otras enmiendas
La ponencia tiene otras enmiendas sobre las que discutir en busca de consenso. Se habla de tres bloques. El primero, sobre la “fecha de corte”, que el Ejecutivo pretende cerrarla en el 31 de diciembre de 2024.
El segundo bloque está relacionado con las demandas de Partido Popular y PNV de vincular la regularización con un arraigo laboral (contrato de trabajo).
Por último, Junts presiona para que le sean transferidas las competencias migratorias. En este sentido, cabe recordar que PSOE y Junts ya pactaron una proposición de ley para delegar las competencias migratorias a Catalunya que está pendiente de ser elevada al Pleno para su toma en consideración.
