Sánchez pone deberes a sus socios para el nuevo curso: aprobar los Presupuestos de 2027

A fecha de hoy, 7 de septiembre de 2026, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 no se encuentran aún en fase de tramitación parlamentaria en sentido estricto: el Gobierno no ha registrado todavía el Proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Lo que se ha tramitado y votado en las Cortes es el marco fiscal previo (objetivos de estabilidad y senda de déficit), que ha sido rechazado.

1. Situación formal en las Cortes Generales

En la base de datos parlamentaria aparece, vinculado a los PGE 2027, el “Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2027‑2029 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2027”, tramitado con los identificadores:

• 430/000009 (proceso process_ini_581496) en el Congreso.
• 430/000010 (proceso process_ini_586721) en el Congreso.

Para ambos expedientes, el cronograma parlamentario indica que:

• Se celebraron debates en Pleno en el Congreso el 14 y el 23 de julio de 2026.
• Posteriormente se publicó el “texto de rechazo” en el Boletín del Congreso.
• El estado final de los dos acuerdos es que la iniciativa ha sido rechazada.

Es decir, el Congreso ha rechazado en dos ocasiones la senda de déficit y los objetivos de estabilidad que debían servir de base a los PGE 2027. Estos expedientes se consideran ya concluidos, por lo que no están “en tramitación” en este momento.

En cambio, no figura registrado ningún “Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027” con número de expediente propio (del tipo 121/… o similar). Por tanto:

• En el Congreso no se ha abierto todavía plazo de enmiendas al Proyecto de Presupuestos.
• No hay fase de ponencia ni de comisión sobre un texto presupuestario.
• No se ha producido debate de totalidad del Proyecto de Ley de PGE 2027.
• En el Senado tampoco se tramita ningún proyecto de PGE 2027, porque aún no ha llegado desde el Congreso.

2. Qué sí se ha hecho: fase preparatoria en el Gobierno

En el ámbito del Ejecutivo sí se han dado varios pasos previos al envío del Proyecto de Ley:

• Publicación en el BOE de la orden ministerial de elaboración de los Presupuestos de 2027, que marca el inicio formal de los trabajos internos del presupuesto.
• Aprobación en el Consejo de Ministros del techo de gasto para 2027 (límite de gasto no financiero), descrito en la prensa como una cifra “récord” de 226.032 millones de euros.
• Aprobación y remisión a las Cortes de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública 2027‑2029, cuyo contenido se recoge en los acuerdos tramitados como 430/000009 y 430/000010.

De acuerdo con las noticias de Demócrata, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Hacienda han reiterado la intención de presentar el Proyecto de Ley de PGE 2027 tras el verano de 2026 y tratar de que quede aprobado antes de que finalice el año. Sin embargo, hasta la fecha de referencia no consta el registro del proyecto en la Cámara Baja.

3. Conclusión sobre la “fase” actual

Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, los PGE 2027 se encuentran todavía en:

• Fase pre‑parlamentaria: trabajo interno en el Gobierno, con el techo de gasto ya fijado y la senda de déficit rechazada por el Congreso en dos votaciones sucesivas (14 y 23 de julio de 2026).
• Sin apertura del procedimiento legislativo presupuestario propiamente dicho, porque el Proyecto de Ley de Presupuestos aún no se ha remitido a las Cortes Generales.

Por tanto, no puede hablarse hoy de una fase concreta de tramitación parlamentaria (totalidad, enmiendas, comisión, Pleno o Senado) de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, ya que el proyecto todavía no ha iniciado su recorrido formal en las Cámaras. Lo único que ha llegado al Parlamento y ha concluido son los expedientes relativos al marco fiscal previo (objetivos de estabilidad y senda de déficit), cuya última actuación registrada es la publicación de los acuerdos de rechazo el 23 y el 30 de julio de 2026.

En el sistema constitucional español, el presidente del Gobierno tiene un papel central en la elaboración y negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero combina competencias formalmente previstas en las normas con funciones principalmente políticas y de liderazgo que no están detalladas artículo por artículo. Puede decirse que su influencia se proyecta en tres grandes planos: dirección del Gobierno en la fase de elaboración, protagonismo en la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros y liderazgo en la negociación parlamentaria y en la vinculación entre Presupuestos y estabilidad política.

1. Competencias jurídicas y marco normativo

Desde el punto de vista jurídico, el punto de partida está en la Constitución. Esta atribuye al Gobierno la competencia para elaborar el proyecto de ley de Presupuestos y remitirlo a las Cortes Generales dentro de un plazo determinado. El presidente, como jefe del Gobierno y responsable de su acción global, asume la dirección política de ese proceso.

La Ley del Gobierno y las normas orgánicas sobre la organización de la Administración concretan que el presidente:

• Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, lo que incluye fijar orientaciones generales de política económica y presupuestaria.
• Preside el Consejo de Ministros que aprueba el proyecto de ley de PGE antes de su remisión a las Cortes.
• Ordena la remisión del proyecto a las Cámaras y, en la práctica, acostumbra a encabezar su presentación política, aunque las exposiciones técnicas recaigan en el titular de Hacienda.

Formalmente, el texto presupuestario es un proyecto de ley del Gobierno, aprobado colegiadamente por el Consejo de Ministros. No existe un “poder presupuestario exclusivo” del presidente, pero su posición jerárquica y de dirección le permite condicionar fuertemente el contenido del proyecto.

2. Relación con el Ministerio de Hacienda y coordinación interna

En la fase de elaboración, la competencia técnico‑material se concentra en el Ministerio de Hacienda (y su Secretaría de Estado de Presupuestos), que establece techos de gasto, emite directrices, coordina propuestas de los distintos ministerios y arma el anteproyecto.

El presidente incide en esta fase de varias maneras:

• Marca las prioridades políticas globales (por ejemplo, énfasis en gasto social, inversión en transición ecológica, reducción del déficit, etc.), que Hacienda debe traducir en cifras.
• Interviene en la resolución de conflictos entre ministerios cuando las demandas de gasto son incompatibles entre sí o con los objetivos de estabilidad.
• Puede impulsar decisiones estratégicas como el reparto del margen fiscal entre distintos ámbitos, la configuración de grandes programas estrella o la respuesta a compromisos europeos.

Todo esto no suele aparecer detallado en las leyes, pero forma parte de la función de coordinación interministerial inherente a la presidencia del Gobierno.

3. Negociación con las Cortes Generales

Una vez registrado el proyecto de PGE en el Congreso, se abre la fase parlamentaria, donde la Cámara tiene amplios poderes de enmienda y aprobación. Jurídicamente, quien defiende el proyecto ante las Cortes es el Gobierno en su conjunto, normalmente a través del ministro de Hacienda y otros ministros sectoriales.

Sin embargo, el presidente desempeña un papel político clave:

• Lidera la estrategia de negociación con los grupos parlamentarios, tanto aliados como potenciales socios, para asegurar las mayorías necesarias.
• Puede implicarse directamente en reuniones bilaterales con partidos clave, gobiernos autonómicos o formaciones territoriales cuya posición sea decisiva.
• Interviene en los debates plenarios de mayor relevancia para fijar el marco político general de las cuentas públicas y reforzar el mensaje del Ejecutivo.

Estas funciones negociales no están recogidas de forma pormenorizada en los reglamentos parlamentarios, pero derivan del hecho de que el presidente encarna la responsabilidad global del Gobierno ante las Cortes.

4. Presupuestos, estabilidad del Gobierno y cuestiones de confianza

La aprobación de los Presupuestos se asocia habitualmente a la supervivencia del Gobierno. Aunque la Constitución no establece automáticamente que el rechazo de los PGE implique la caída del Ejecutivo, el presidente puede:

• Decidir vincular políticamente los Presupuestos a la continuidad del Gobierno, presentándolos como prueba de confianza en su proyecto.
• Plantear una cuestión de confianza en torno a su programa o a una declaración de política general que incluya los contenidos presupuestarios, utilizando los mecanismos previstos en la Constitución y en el reglamento del Congreso.
• Valorar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones si la ausencia de Presupuestos viables bloquea la acción del Gobierno.

En este terreno, las competencias están parcialmente tasadas (por ejemplo, en la regulación de la cuestión de confianza y de la disolución), pero el grado en que el presidente decide emplearlas y el modo de presentar políticamente el vínculo entre PGE y estabilidad son opciones de liderazgo político, no obligaciones jurídicas estrictas.

En suma, el presidente del Gobierno no redacta técnicamente el Presupuesto ni negocia cada enmienda, pero dirige la orientación general, arbitra los equilibrios internos del Ejecutivo, lidera la estrategia de negociación con las Cortes y puede convertir la aprobación de los Presupuestos en el eje de la estabilidad gubernamental.

Ángel Víctor Torres Pérez es un dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es líder en Canarias y en cuyo seno ha desarrollado toda su carrera política. Desde noviembre de 2023 es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en el Gobierno de España, tras una trayectoria que combina cargos locales, autonómicos y estatales.

Origen político y militancia

Filólogo de formación, antes de dedicarse por completo a la política fue profesor de instituto en Arucas (Gran Canaria) hasta 1999. Su compromiso político se ha canalizado siempre a través del PSOE, y en particular del PSOE de Canarias, donde con el tiempo se convertiría en su figura de referencia.

En la estructura orgánica del partido, los datos de la base de stakeholders muestran que desde septiembre de 2017 ejerce como secretario general del PSOE Canarias, cargo que mantiene en la actualidad. Esta responsabilidad le ha situado como principal referente socialista en el archipiélago y le ha dado un papel decisivo en la conformación de mayorías y pactos de gobierno en la comunidad autónoma.

Etapa local: alcalde de Arucas

El salto a la política institucional de primer plano lo dio en el ámbito municipal. Según la información recopilada en la prensa generalista, fue alcalde de Arucas entre 2003 y 2007, al frente de un municipio de algo menos de 40.000 habitantes en el norte de Gran Canaria.

Desde esa alcaldía consolidó su perfil como gestor cercano y conocedor de la realidad canaria, lo que le permitió proyectarse más allá del ámbito local. Las crónicas señalan que, además de la alcaldía, pasó por el Congreso de los Diputados como diputado, aunque las fuentes consultadas no detallan con precisión los años concretos de esa etapa; en cualquier caso, se trata de una experiencia que complementa su trayectoria en el nivel estatal.

Proyección autonómica: presidente de Canarias

El gran salto de Torres se produce en el ámbito autonómico. A partir de 2019 lidera el llamado “Pacto de las Flores”, una mayoría de gobierno integrada por el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera, que rompe por primera vez la hegemonía nacionalista en el Ejecutivo regional. Las fuentes señalan que en 2019 se convirtió en el primer presidente no nacionalista de Canarias.

Su mandato al frente del Gobierno de Canarias estuvo marcado por una sucesión de crisis de enorme impacto para el archipiélago: la pandemia de la COVID‑19, grandes incendios forestales, la erupción volcánica de La Palma y la gestión de episodios de corrupción investigados judicialmente, como el llamado caso Mediador o la vertiente canaria del denominado caso Koldo, que afectó a contratos de mascarillas.

Pese a ello, como destacan crónicas periodísticas y balances posteriores, su gestión combinó respuestas a emergencias con políticas de reconstrucción e inversión, especialmente visibles en La Palma, donde ya como ministro ha seguido reivindicando el esfuerzo inversor del Estado para la recuperación económica y social de la isla tras la erupción.

En las elecciones autonómicas de 2023, el desplome de sus socios de coalición impidió reeditar la mayoría progresista. El acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular lo desplazó a la oposición, cerrando su etapa como presidente regional pero reforzando su perfil nacional dentro del PSOE.

Salto al Gobierno de España

Tras esa etapa autonómica, Torres da el salto definitivo al ámbito estatal. Según la base de stakeholders, desde el 27 de junio de 2023 figura como miembro de la Diputación Permanente del Congreso, lo que refleja su presencia en la política nacional. Y a partir del 21 de noviembre de 2023 pasa a ocupar la cartera de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde ese ministerio ha centrado su trabajo en dos grandes bloques:

• La política territorial, impulsando el diálogo con las comunidades autónomas, la convocatoria de comisiones bilaterales y la gestión de traspasos de competencias, que él mismo ha cifrado en más de medio centenar desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, con una reducción notable de la litigiosidad entre administraciones.
• La memoria democrática, con actuaciones como la constitución del Consejo de la Memoria Democrática, la entrega de declaraciones de reconocimiento y reparación a víctimas del franquismo —por ejemplo, a la familia de Salvador Puig Antich o a represaliados en la Comunidad Valenciana— y la promoción de lugares de memoria, como la casa natal de Rafael del Riego.

Situación reciente y proyección

Durante su etapa como ministro ha tenido también un papel relevante en la gestión migratoria, especialmente en lo relativo a los menores migrantes no acompañados en Canarias y su redistribución a la Península, así como en la coordinación con otras administraciones en materia de emergencias y reconstrucción.

En el plano personal, en 2025 hizo público que padece un cáncer operable y anunció un paréntesis temporal para su tratamiento, subrayando su voluntad de seguir en activo y continuar su labor política. Tras la operación, las informaciones recogen que la intervención fue exitosa y que se reincorporó a sus responsabilidades.

En síntesis, la trayectoria de Ángel Víctor Torres es la de un dirigente socialista que ha escalado desde la política municipal en Arucas hasta la presidencia de Canarias y el Consejo de Ministros, manteniendo un perfil muy ligado a la realidad canaria pero con creciente influencia en la política territorial y de memoria democrática del conjunto de España.